Tras presión popular, el caso SENASA por fin comienza su ruta

Buenos días…

La presión popular –y aquí incluimos oposición, oficialistas y ciudadanos comunes– obligó al Ministerio Público a moverse.

El exdirector de SENASA, Santiago Hazim, terminó esposado y bajo investigación, junto a su sobrino Rafael Martínez Hazim, el empresario Eduardo Read y otros turpenes,  vinculados al escándalo. ¡Ave María Purísima! Ojalá no sea un show.

Todo en un caso que, según denuncias públicas, supera los RD$100,000 millones, cifra que el propio gobierno negó al inicio… hasta que la Fuerza del Pueblo destapó la olla y ya no quedó más remedio que admitir que algo grave sí había.

Pero, presidente Abinader, hay un punto que la historia no olvidará: usted modificó la permanencia en un cargo, sin tener facultad constitucional para ello, violentando la ley orgánica de la Policía Nacional para sostener en el puesto a un funcionario señalado en auditorías que usted mismo recibió.

Auditorías, presidente, que, según denuncias públicas, terminaron archivadas o engavetadas. Si eso no es complicidad por omisión… entonces que nos desmienta la propia Milagros Ortiz Bosch, quien dijo haber remitido más de 276 casos de corrupción, desde su oficina y que son casos de su gobierno.

Es una vergüenza monumental anunciar “auditorías históricas”, recibirlas… y luego ascender, ratificar y extender funciones al señalado como responsable en una de ellas. Presidente, eso no pasa ni en una república bananera sin dueño.

Y ahora aparecen otros rumores, muy delicados: tres superasistentes del director de la Policía, Ramón Guzmán Peralta, supuestamente haciendo “ofertas” para adelantar ascensos de febrero. Si esto es falso, que se investigue y se aclare. Si es cierto, es gravísimo. En cualquier país serio, esos tres estuvieran en Najayo… y su jefe, en La Victoria.

Pero eso no es todo. Nos informaron que se están moviendo algunas ventas de incentivos, las cuales están siendo mercadeadas como si se tratara de pan de agua en un colmado. Esto es gravísimo y debe investigarse, porque la pava podría estar poniendo huevos antes de dejar el nido.Una de esas fuentes, incluso, afirmó que uno de esos poderosos asistentes, cuando le hablan sobre denuncias públicas responde: “no le hagan caso a las denuncias porque el presidente coge hasta la ley… (y ya ustedes sabe el reto)  y tiene compromisos políticos con el director”.

Presidente, esa frase es dinamita. Esto afecta su imagen, ya herida, la de su gobierno y la de su partido, que anda en capilla ardiente.

La soga vuelve a romperse por el lado más débil. Tras semanas de denuncias y protestas, el Ministerio Público “independiente” dispuso el arresto de empleados del Instituto Leonardo Da Vinci por el caso de la niña Stephora Anne-Mircie Joseph, de 11 años, catalogado como “homicidio involuntario”. La niña, de origen haitiano, según múltiples testimonios, sufría discriminación, agresiones y burlas racistas dentro del centro, sin que autoridades escolares intervinieran. Ese caso cruzó fronteras; Hasta Haití exige justicia. Es un escándalo internacional y una vergüenza nacional.

El país está en un punto de ebullición. Entre violencia, abusos policiales, criminalidad galopante y corrupción administrativa, la gente está echando chispa. De ahí el impacto de la marcha convocada por la Fuerza del Pueblo, que puso nervioso al gobierno. Y por coincidencia –o por estrategia– justo después, el Ministerio Público desempolvó el caso SENASA.

Todo mientras el país debate solicitudes de extradición, denuncias contra narcopolíticos y el polémico acuerdo que entrega la seguridad de los aeropuertos a Estados Unidos.

Y como ¡Cógelo, Picante! no es hipócrita, seguimos reconociendo a Donald Trump por su guerra frontal contra el crimen organizado y los narcopolíticos.

En Estados Unidos hay expedientes, delaciones, listas, grabaciones y testimonios públicos.

Están ahí, no los inventamos nosotros. Que lo desmientan los organismos federales: la DEA, el FBI, la Guardia Nacional. Recuerden, hasta Mickey López, en La Vega, habló. Otros también. Y cuando esa lista salga… ay, papá.

El PRM, su presidente José Ignacio Paliza y quienes dirigieron campañas tienen que explicar lo que está en expedientes formales en Estados Unidos. No es un invento dominicano…  son documentos judiciales allá.

La verdad es que Estados Unidos debería condecorar al comunicador e investigador Ángel Martínez, porque fue él quien destapó muchos de esos casos que hoy mantienen en vilo a medio país.

Pero, irónicamente, el único castigado por revelar entramados criminales y señalar a presuntos responsables… fue él mismo. Hoy anda con su libertad reducida, con un grillete encima, acusado precisamente por decir lo que muchos no querían que se dijera. La verdad lo premió y el sistema lo castigó.

A Ángel Martínez le pasó lo mismo que al coronel auditor de la Policía, Valero Liriano Frías, un oficial que se engrandeció realizando seis auditorías ordenadas –y anunciadas con fanfarria– por el presidente Abinader en la rendición de cuentas. Pero cuando ese coronel expuso desfalcos y anomalías dentro de la institución, la “condecoración” que recibió fue su retiro fulminante, en una decisión que, según expertos en la materia, viola la ley policial.

¿Y quién autorizó semejante arbitrariedad? ¿Quién le dio la estocada a su propia reforma policial? El mismo que anunció al país, con voz de héroe cívico, que por primera vez se hacían auditorías internas en la Policía Nacional: Luis Abinader.

Porque una cosa es anunciar reformas… Y otra muy distinta es sostenerlas cuando comienzan a tocar intereses.

Y ahora, el caso del oficial retirado, que fue torturado en Invivienda. Este caso puede hacer volar por los aires la narrativa de “reforma policial”.

El oficial retirado Roberto Carlos Contreras, entregado a la DICRIM por la Comisión de Derechos Humanos y su abogada (bajo la promesa de garantizar su integridad física), fue recibido –según relata la parte denunciante– con la frase: “Pa’ qué te entregaste… te estábamos buscando para matarte.”

¿Por qué ese temor? Dos razones que circulan públicamente:

• Se publicó un “SE BUSCA”, algo que en República Dominicana equivale casi a una sentencia de muerte extrajudicial.

• Un agente de la DICRIM le advirtió que se entregara con urgencia «Porque te quieren matar”.

Apenas la comisión de los derechos humanos dio la espalda, comenzó el “fiestón”: golpes, tortura, agresiones visibles en su rostro… Y ahora impiden que alguien se le acerque con celulares.

Eso, Presidente, es lo que está matando la confianza en su reforma: sangre, abusos, excesos, corrupción, ejecuciones, desapariciones y tortura.

+¿El delito por el que acusan a ése oficial retirado? Una denuncia privada por un supuesto robo de RD$300,000 hecha por su ex pareja. Que ni siquiera lo menciona. Y aun así, el hombre fue tratado como si fuese peligroso para la humanidad. Algo huele raro. Muy raro.

Ojo presidente: hay gatos entre macutos. Y este caso puede ser la gota que rebose su reforma policial.

Como aquí ya todo el mundo decidió que los motociclistas son una “plaga”, andan con o sin documentos, con o sin cascos, y aun así la DIGESETT se ha convertido en experta en una sola cosa: incautar motores como si fueran botín de guerra.

Lo que pasó en San José de Las Matas no es un hecho aislado; esto se está poniendo peligroso. Ese organismo, que debería organizar el tránsito, parece más una oficina de recaudación forzosa o, un peaje ambulante disfrazado de autoridad. ¡Una vergüenza nacional!

¡Y al cierre!
La presencia de la embajadora de Estados Unidos, Lean Francis Campos, ha reactivado la lucha anticorrupción que aquí estaba en pausa… y ya tiene temblando a los narcopolíticos y con los nervios de punta a más de un funcionario “poderoso”.

Si la diplomática quiere ver otro capítulo del desastre institucional, solo tiene que echar una miradita hacia la Policía Nacional: ahí el desorden es de colección, y las denuncias de corrupción no caminan… corren a sus anchas.