Por Rebeca Henríquez
Presidente de Fundación Derechos Humanos Global
Las crecientes tasas de violencia, maltrato y suicidio en la República Dominicana son un reflejo alarmante de problemas sociales, económicos y psicológicos profundamente arraigados.
A la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades alimentan la desesperanza se le suma la persistencia de patrones culturales violentos y machistas que perpetúan ciclos de abuso.
Además, enfrentamos una crisis de salud mental largamente desatendida, con escasa accesibilidad a atención psicológica y soporte comunitario, lo que deja a miles de ciudadanos en situación de extrema vulnerabilidad.
Resulta particularmente inaceptable que, en el año escolar 2025–2026, niños y niñas vean vulnerados sus derechos fundamentales por la simple ausencia de maestros. Esa realidad exhibe una falla estructural en la atención a la educación y al bienestar infantil —fallas que no se corrigen con campañas publicitarias ni con titulares, sino con políticas reales y efectivas.
Instituciones como CONANI y CONAPE, encargadas de proteger a los más vulnerables, frecuentemente dan la impresión de priorizar la imagen sobre la acción concreta.
Por todo lo anterior, hacemos un llamado enérgico al presidente Luis Abinader: es imprescindible una evaluación rigurosa del desempeño de las autoridades y representantes responsables de educación, salud pública y protección social. El país demanda medidas claras, recursos bien dirigidos y mecanismos de rendición de cuentas que garanticen la protección de los más débiles.
Proponemos, como acciones urgentes y concretas, al menos las siguientes prioridades:
- Evaluación independiente y pública del desempeño de las entidades responsables (educación, salud mental, protección infantil y de personas mayores).
- Plan de emergencia para asegurar la cobertura docente en las escuelas: contratación temporal, redistribución eficiente de recursos y supervisión de cumplimiento.
- Fortalecimiento inmediato de los servicios de salud mental: integración en atención primaria y programas escolares de prevención y apoyo psicosocial.
- Reforzamiento de los mecanismos de supervisión y transparencia de CONANI, CONAPE y otras instituciones, con participación de la sociedad civil.
- Priorización presupuestaria y seguimiento público de resultados, no de slogans.
La protección de la infancia, de las personas mayores y de las personas con discapacidad no puede esperar.
Exigimos a la Presidencia un compromiso real, medible y verificable: menos anuncios, más acciones.
El Estado tiene la obligación constitucional y moral de garantizar derechos; el país necesita respuestas concretas hoy, no promesas para mañana.
