En enero podrían producirse protestas de consecuencias impredecibles

La inteligencia del presidente de la República, Luis Abinader, no se puede subestimar, pues durante cinco años ha sido exitoso en el manejo de los temas de la agenda nacional, excluyéndolos cuando perjudican, mediante la creación de nuevas noticias que resultan favorables a su imagen pública, para que se le perciba como un hombre bueno, honesto y transparente.

Es decir, ha sabido tumbar noticias con otras noticias.

Fue precisamente lo que ocurrió cuando dio instrucciones precisas para que el caso SeNaSa sea llevado a las últimas consecuencias y ser percibido como el único jefe de Estado que, en muchos años, ha sancionado desde el poder la corrupción pública de sus servidores.

Esa decisión tuvo un efecto positivo en la opinión pública nacional en principio, aunque muchos no se daban cuenta de que se procuraba evadir la incómoda posición en que lo había colocado el desacato de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional a la sentencia TC-125-25; el discurso de su protegido José Ignacio Paliza sobre el auge de narcotraficantes en el PRM y, finalmente, la violación del Art. 3 de la Constitución de la República, respecto a la soberanía nacional, al presidente autorizar a Estados Unidos el uso de los aeropuertos de San Isidro y José Francisco Peña Gómez, en un supuesto plan contra el narcotráfico en el Caribe, que, como se sabe, el asunto no anda por ahí.

Sin embargo, Luis Abinader, que negó en La Semanal (¡Búsquenlo en YouTube y Google!) el denunciado déficit de SeNaSa, pese a ser el hombre mejor informado del país, lo que hizo fue destapar una caja de Pandora con el pedido de investigación de ese caso al Ministerio Público, pues sale a la luz una avalancha de irregularidades de consecuencias negativas imprevistas, que estuvieron ocultas durante cinco años de forma inexplicable, porque para evitar robo al erario están organismos como la Cámara de Cuentas, Contraloría General de la República, Compras y Contrataciones, Tesorería Nacional, Superintendencia de Bancos, Dirección de Ética, entre otros. Nunca hubo hallazgos irregulares o nadie se atrevió a decir nada.

El hecho es que, en pleno diciembre, con todo y las fiestas navideñas, en las redes sociales y otros medios tradicionales solo se habla del escándalo SeNaSa, un caso que luce indetenible, sobre el cual ya hay unas ocho personas apresadas de manera preventiva en una primera fase, porque desde la propia Procuraduría General de la República se ha anunciado complejidad, continuidad de la investigación y más implicados. Inicialmente se ha hablado de un faltante de 15 mil millones de pesos, pero fuentes crediticias aseguran que esa cifra se multiplicaría.

Hasta el momento, el imputado que carga con la mayor responsabilidad es el doctor Santiago Hazim, antiguo director de SeNaSa, designado en el cargo desde el período de transición del 2020, por haber dirigido el grupo del sector externo OLA, que se dice hizo un gran aporte, inclusive económico, al hoy presidente de la República.

Pero ha salido a relucir el nombre de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, a quien vinculan con una ARS de su familia, venta de vacunas donadas por China y otro expediente sobre jeringuillas. La vicepresidenta Peña es jefa de gabinetes de Salud, Educación, Energía e Inversión, designada por el presidente Abinader.

En los últimos dos procesos eleccionarios, la empresaria Peña ha sido la compañera de boleta de Luis Abinader, producto de la negociación política con un poderoso grupo económico de Santiago que encabeza Manuel Estrella, dueño de Acero Estrella y otras tantas empresas.

(Los miembros de ese grupo económico todos son suplidores y contratistas de obras del Estado).

El panorama se complica, pues el pastor Carlos Peña, quien fue candidato presidencial en mayo de 2024 por el Partido Generación de Servidores, sometió recientemente a 38 funcionarios públicos, a los que acusa de corrupción. Ya antes había pedido ante la Junta Central Electoral despojar de personería jurídica al PRM por sus comprobados vínculos con el narcotráfico.

De igual manera, el comentarista televisivo Julio Hazim asegura que la campaña electoral del PRM del 2020 fue sustentada económicamente por el narcotráfico y la del 2024 por SeNaSa, sin que el Gobierno se haya referido a la grave acusación.

También el economista Juan Ariel Jiménez, del Comité Político del PLD, dice tener pruebas de agujero en el Banco Agrícola y en el seguro del Banco de Reservas. Al reputado economista se suman entidades que demandan auditorías a los órganos estatales que dirigen Tony Peña Guaba y Gloria Reyes. De modo adicional, se denuncia que Paíno Henríquez, ministro de Medio Ambiente, ha concedido permisos medioambientales en exceso y en tiempo récord, en violación a la ley.

Los actos de corrupción pública, sobre todo el de SeNaSa, han constituido el detonante del disgusto de sectores de la población ante el costo de los productos de la canasta familiar, la inseguridad ciudadana, el tema haitiano y el deterioro de la oferta del servicio eléctrico, los cuales se han unido a la falta de inversiones y a una cadena interminable de empréstitos internacionales que, a cierto plazo, podrían afectar la soberanía nacional.

Al momento de escribir este trabajo, ninguno de los denominados presidenciables del PRM se ha referido al escándalo de corrupción pública de SeNaSa, como si no estuviera pasando nada en la República Dominicana, lo que revela falta de empatía con la población, por un lado, pero, por otro, ese silencio podría estar motivado en la comisión de posibles irregularidades de algunos de ellos en las instituciones que dirigen.

Es una actitud que contrasta con la que exhibe la dirección media y la militancia del PRM, la cual es de condena a la corrupción, abogando inclusive para que se lleven a las últimas consecuencias todos los casos que involucran entramados mafiosos en el Estado dominicano.

Un importante dirigente del PRM adujo recientemente que no participaría en ninguna eventual protesta contra el gobierno de Luis Abinader, a quien contribuyó en dos ocasiones a llevar al poder, pero que tampoco enfrentaría a los que con derecho lo hagan, citando los artículos 8 y 49 de la Constitución, que implícitamente permiten que la población se manifieste de forma pacífica. “Paliza, Celso, Ito, Robertico y Valdez Albizu que cojan fusiles y defiendan su gobierno, para que no pierdan sus privilegios”, terminó diciendo.

El problema de las protestas, cuando los ánimos están fuera de control, es que pueden terminar alterando el orden público y ocasionando daños a propiedades públicas y privadas, como en efecto ocurrió con las pobladas de los días 23, 24 y 25 de abril de 1984, cuando el gobierno de Salvador Jorge Blanco firmó acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y se dispararon los precios de bienes y servicios.

En esa ocasión, las autoridades perdieron el control de las protestas violentas y apelaron al uso de la fuerza militar, dejando una mancha histórica contra la imagen del extinto Jorge Blanco, que administraba un país quebrado, sin recursos siquiera para pagar los intereses de la deuda externa, y no tuvo otra alternativa que suscribir un convenio desventajoso. No se descarta que esas pobladas fueran producto de la planificación política de sectores opositores interesados en atentar contra el orden institucional, pero que mucha gente inocente e indignada por las recetas del FMI se dejó utilizar.

Esa observación se trae a colación porque ha trascendido que el mes de enero de 2026 podría ser muy caliente en materia de protestas. Podría haber razones sobradas para protestar, pero siempre en el marco de la ley.