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¡Conflicto! Odebrecht exige US$700 millones de más por Punta Catalina

SANTO DOMINGO, R.D.- Una vez más, la empresa brasileña Odebrecht, cuya expulsión del país está siendo solicitada por diferentes sectores nacionales, incluyendo Marcha Verde, es protagonista de un nuevo escándalo, en esta ocasión estaría presionando al Gobierno, a través de la CDEEE, para que le pague 700 millones de dólares por ‘costos extras’ en la construcción de las plantas de carbón de Punta Catalina.
La CDEEE, de acuerdo a una información publicada en su edición de este jueves por el matutino Listín Diario, se niega a asumir los sobrecostos de la obra.
Esta situación ha degenerado en un conflicto entre la empresa estatal y la Odebrecht, lo que atrasaría por unos dos años la finalización de los trabajos de construcción de las platas de Punta Catalina, en Baní, obras cumbres del gobierno del presidente Danilo Medina.
El consorcio Odebrecht admitió haber pagado sobornos a funcionarios y legisladores por unos 92 millones de dólares, para conseguir todas obras del Estado, incluyendo las propias plantas de Punta Catalina, según se consta en el expediente depositado por la Procuraduría General de la República para solicitar medida de coerción en contra de los alegados sobornados por dicha empresa extranjera.
La CDEEE, según las fuentes del referido diario, se niega a asumir los supuestos sobrecostos, alegando que deben ser asumidos por la propia Odebrecht.
De acuerdo con la información, que parece haber sido suministrada por funcionarios importantes de la misma CDEEE, el recha que está haciendo el consorcio Tecnimont-Odebrecht Estrella, contratista de Punta Catalina, planteó una nueva fecha para entregar las dos unidades generadoras.
La entrega sería en febrero y mayo del 2019, dos años después del tiempo previsto para la entrada en operación de la planta, fecha que ha sido anunciada en diversas ocasiones por el presidente Medina.
Los reclamos
La Odebrecht reclama a la CDEEE unos 49.2 millones de dólares por concepto de seguros, garantías, gastos legales y costos financieros como consecuencia, según alega, de un déficit en el flujo de caja y facturas pendientes de pago.
La CDEEE alega que estas facturas fueron presentadas “mucho tiempo antes de que los trabajos fuesen completados”.
Se dijo que el hecho de que la corporación haya aceptado la realización de pagos parciales por hitos en el proceso, no completados, no le otorga derechos al contratista a registrar como deuda pendiente el monto de estos “hitos”.
La Odebrecht también reclama 165.8 millones de dólares por el aumento de la altura del nivel del muelle, en el puerto de Punta Catalina, la modificación del puente de acceso y la plataforma de descarga, que habrían ocasionado sobrecostos generados por “condiciones oceanográficas imprevistas encontradas durante la fase de ejecución”.
Sobre este monto, la CDEEE Al le recuerda a la Odebrecht que la actividad de preparación de suelos fue realizada manteniéndose la fecha contractual del cierre de proyecto y es culpa del consorcio de no haber realizado los estudios definitivos sobre batimetría, dirección del viento, corriente marina y oleaje.
La desacredita empresa internacional, sometida en unos doce países por el pago de sobornos, planteó a la CDEEE, además, que a causa de retrasos y dificultades en el proyecto, que implicaron modificaciones de planos y cambios en el cronograma de trabajo, aumentaron los costos de mano de obra directa e indirecta por 308 millones 600 mil dólares, junto con gastos adicionales a proveedores y subcontratistas de más de 43.8 millones de dólares y otros 73.8 millones en concepto de “costo de obra”.
En ese sentido, Odebrecht pidió una extensión del plazo para la entrega de las obras. La primera planta sería entregada el 28 de febrero del 2019 y la segunda, el 19 de mayo del próximo año.
Pero la CDEEE rechazó esa propuesta y dijo que mantendrá el actual calendario, lo que implica que el consorcio, automáticamente, está “en mora”.
Se recuerda que en una ocasión se denunció que soldadores al servicio de la Odebrecht, en Punta Catalina, ganaban por su trabajo un salario superior a los 450 mil pesos mensuales.
Sobornos y sobrevaluaciones
Sobre esta obra se ha denunciado que hubo pago de soborno y que hay sobrevaluaciones, lo que ha sido negado por el gobierno.
La situación es muy delicada, porque el gobierno no tendría argumentos para explicarle al país las razones de que tendría que pagar a Odebrecht unos 700 millones de dólares extras por dicha obra.
Marcha Verde e importantes sectores políticos, empresariales y sindicales han reclamado al gobierno la expulsión de la Odebrecht del país, al considerarla una empresa “mafiosa”, que para conseguir obras públicas, tuvo que pagar unos 92 millones de dólares por sobornos.
Esos sectores, empero, destacan la importancia de la obra y entienden que el gobierno debe buscar otra empresa, a través de licitación, para concluirla.




