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Marcha Verde denuncia a PN por desalojo próximo a Ciudad Juan Bosch
SANTO DOMINGO, R.D.- El movimiento Marcha Verde, en Santo Domingo Este, interpuso una denuncia formal contra la Policía Nacional y oficiales actuantes en el desalojo, que calificó de «ilegal» llevado a cabo recientemente en Los Cerros de Las Américas, próximo a la Ciudad Juan Bosch.
Los terrenos donde se hizo el desalojo son propiedad del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) y sus ocupantes ilegales impedían la extensión de la construcción de la avenida Ecológica.
Una comisión entregó el miércoles la denuncia a la procuradora titular de la Provincia Santo Domingo, Olga Dina Llaverias.
Marcha Verde considera un atropello inhumano e instruyó una comisión para indagar sobre lo ocurrido en la madrugada del domingo 24 de septiembre, donde resultó muerto un teniente de la Fuerza Aérea, varias personas heridas y numerosas casuchas destruidas.
El oficial muerto fue José A. Mateo Ogando (El Gurdia), quien alegadamente residía en el mismo lugar donde fue realizado el desalojo y fue identificado como un reconocido invasor de propiedad privada.
Incluso, ese oficial había sido sancionado por invasión y por constituirse en turba para agredir funcionarios que trabajan en la construcción de la Ciudad Juan Bosch.
Ese hecho es investigado por una comisión de generales de la Policía y la FARD.
Marcha Verde designó una comisión legal para acompañar jurídicamente a los afectados.
En la denuncia depositada a la fiscalía de la Provincia Santo Domingo se solicita iniciar un proceso de investigación, donde se evalúen las lesiones y los daños causados, y apliquen una sanción ejemplar a los responsables del hecho.
“Luego que la fiscalía agote la fase de investigación entonces procederemos a formalizar la querella”, destacaron representantes del movimiento.
Cipriano Morales, presidente de la junta de vecinos del sector, y uno de los afectados, señala que tiene documentos de compra de los terrenos al Consejo Estatal del Azúcar (CEA).
Dijo desconocer la fuente de donde emanó “la brutal acción”, pero dice estar convencido que procede de las altas instancias del poder.
De su lado, Norberto Ramírez, dirigente comunitario, presentó una certificación “de no desalojo” emitida recientemente por el abogado del Estado.
Los miembros de Marcha Verde manifestaron que, si bien la justicia ha dado muchas razones para no confiar, esperan que este caso se convierta en un ejemplo.
Expresaron confiar en la palabra de la magistrada Llaverias, “hasta que sus acciones demuestren lo contrario”.
