Contraloría cuestiona informe de Cámara de Cuentas sobre OMSA

SANTO DOMINGO, R.D.- La
Contraloría General de República estableció que los auditores de la Cámara de
Cuentas ignoraron la validez de la Resolución 15-08, emitida por el Órgano
Rector de las Compras Públicas, en el informe especializado que se realizó a la
Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA).

Para la
Contraloría, esa omisión constituye un motivo de preocupación, ya que hasta el
momento la Dirección General de Contrataciones Públicas, no ha notificado que
la Resolución 15/08 haya sido derogada.

Dijo que la misma no fue hecha solo para OMSA,
sino que abarca todas las instituciones bajo el ámbito de la Ley 10-07.

La OMSA pagó 145 millones 564 mil 199 de
pesos, a nueve empresas, mediante los procedimientos de “urgencias”, según
reveló la auditoría realizada a la entidad.

La auditoría
fue hecha entre  22 de agosto de 2012 y
el 17 de octubre de 2017, bajo la administración de Manuel Rivas, preso por el
caso del abogado Yuniol Ramírez Ferreras, asesinado tras hacer una serie de
denuncias de corrupción en esa institución del Estado.

El documento
revela que de de eso 145 millones 564 mil 199 de pesos, 57 millones 799 mil 93
pesos fueron adjudicados a las compañías Tech solution E.K.R, SRL y Grupo
Martisdom, SRL, propiedades del Eddy Santana Zorrilla, acusado de sobornar a
Ramírez Ferreras, y de su sobrina Rosary Margarita Hernández Santana.

La Cámara de
Cuentas determinó, entre las irregularidades detectadas en la OMSA,  loa duplicidad en el objeto de contratación
de talleres externos para reparación de autobuses.

En uno de
los casos, para la reparación de un autobús, se le pagó un millón 259 mil 725
pesos a un taller, y 24 días después fue contratado otro taller,  para la misma reparación, cuyo pago fue de 2
millones 796 mil 187 pesos, totalizando 4 millones 55 mil 912 pesos para el
mismo trabajo, en un mismo mes.

La Contraloría General de la República (CGR) no estableció si este tipo de operación es lícito o ilícito.

LEA: https://relampagoinformativo.net/2018/04/corrupcion-omsa-pago-mas-de-4-millones.html

La
Contraloría General de la República (CGR), analizó de forma objetiva los
resultados del informe especial realizado por la Cámara de Cuentas de la
República Dominicana (CCRD) a la Oficina Metropolitana de Servicios de
Autobuses (OMSA), concluyendo en que los auditores de la Cámara de Cuentas ignoraron la validez de la Resolución
15-08, emitida por El Órgano Rector de las Compras Públicas.

En las
operaciones relacionadas con compras directas, la Cámara de Cuentas está desestimando el respaldo
previo que el Organismo Rector de las Contrataciones Públicas, dentro del
alcance de sus facultades, otorgó a tales compras mediante el Artículo 1, de la
Resolución 15/08, de la Dirección General de Contrataciones Públicas y refrendada  por el Órgano Rector el 29 de febrero del año
2016, mediante la comunicación DGCP44-2016-00194 y notificada a la CGR y la
CGRD.

Hasta el
momento, la Dirección General de Contrataciones Públicas, no ha notificado a la
CGR de que la Resolución 15/08 haya sido derogada.

Para la
Contraloría General de la República constituye
un motivo de preocupación el hecho de que los auditores de la Cámara de
Cuentas hayan obviado esta
Resolución 15-08.

La misma
respalda ciertos tipos de compras
directas de las instituciones públicas, como son “la compra y/o
contratación directa para los pasajes aéreos, combustibles o vales de
combustibles y las reparaciones de vehículos de motor”.

Esta circunstancia fue lo que  generó la mayoría de las  observaciones 
que presentan  en sus informes,  por la ausencia de contratos  y otras
debilidades que se objetan al no tener en cuenta la resolución citada.

Destaca la
entidad del Estado que la Resolución 15/08, no fue hecha solo para OMSA, sino
que abarca todas las instituciones bajo el ámbito de la Ley 10-07.

En su
documento oficial, la CGR indica que el papel de su personal instalado en las
entidades es verificar que los procesos se hayan realizado, ajustados a lo establecido
en la Ley de Compras y Contrataciones Públicas y las demás normativas vigentes
y no a  responsabilidades que
corresponden directamente a los titulares de cada institución según lo  establece la Ley 10-07, en su artículo 25.

Sostiene que
el referido informe no toma en cuenta
las normas vigentes sobre los controles internos y el alcance de las
responsabilidades de esta institución en los procesos de autorización
de las órdenes de pago. 

Indica que
los incumplimientos o debilidades
señalados en las conclusiones del informe de la CCRD no se corresponden
con las funciones de la Contraloría y, por lo tanto, las imputaciones legales que se le atribuyen tampoco, según lo
establece la ley de control interno vigente.

La
Contraloría también aclaro que  la
responsabilidad de las UAI (Unidad de Auditoría Interna), y para el caso que
les ocupa, la de la OMSA, en cuanto a la autorización de las órdenes de pago,
se limita a la verificación de los controles previos establecidos por la
entidad en sus normas secundarias, como ha sido clarificado en el numeral 2.,
literal b. del artículo 27 de la Ley 10-07, en el  artículo 26.

Por tanto,
las responsabilidades de la CGR no deben entenderse como una suplantación,
reemplazo o rol de  co-administración.

En ese
sentido, la UAI al analizar los documentos de soporte del pago, lo hizo sobre
la base de la legalidad y procedencia de la resolución de la Dirección General
de Contrataciones Públicas. 

 Esta es  la primera vez que una institución cuestiona
la validez de la citada resolución, ya que hasta la fecha no existe una revocación de la misma
por parte de las instituciones legal y constitucionalmente competentes para
ello.

Es evidente,
que de conformidad con lo establecido en la Ley 10-07, no se encuentra dentro
del ámbito de responsabilidades asignadas a las UAI, para la autorización de
pagos, la de verificar más allá de la documentación suministrada por la
institución, ya que ello corresponde precisamente al control externo ejercido
por la CCRD, tal como lo establece la propia Ley 10-07.