Esperan Danilo envíe a la cárcel ‘saqueadores’ de OMSA

Mandatario lanzó proclama anticorrupción en Perú

SANTO DOMINGO, R.D.- Diferentes sectores de la sociedad esperan que el presidente Danilo Medina ordene a la Procuraduría General de la República, actuar con drasticidad en contra de los responsables de las millonarias irregularidades detectadas por la Cámara de Cuentas en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), donde se pagaron más de 1,056 millones de pesos a “talleres” o “empresas”, cuyos domicilios no pudieron ser localizados por los auditores.

En la Cumbre de las Américas, el jefe de Estado dominicano proclamó que su gobierno estaba combatiendo la corrupción, lo que ha sido rechazado por Marcha Verde y otras instituciones, que han venido reclamando desde hace meses, el fin de la corrupción y  de la impunidad en República Dominicana.

Durante los gobiernos del presidente Danilo Medina han surgido varios escándalos de corrupción.

Esos hechos han provocado, al menos cinco muertos, entre ellos el asesinato del abogado Yuniol Ramírez Ferreras, hecho ocurrido el pasado año, luego de que éste denunciara una serie de irregularidades en la OMSA.

Esas irregularidades han sido confirmadas por la Cámara de Cuentas, en una auditoría hecha a la gestión de Manuel Rivas Sánchez, designado en el cargo por el presidente Medina.

Rivas Sánchez, preso por el asesinato del abogado Ramírez Ferreras, es el presidente del partido de gobierno en el municipio Santo Domingo Oeste y uno de los principales dirigentes de la corriente, que dentro del PLD, lidera el mandatario.

Durante el gobierno de Medina se han detectado unos 10 grandes casos de corrupción, pero no hay preso.

Su administración se ha opuesto a que sean auditados los proyectos ejecutados en el país por la Odebrecht, a pesar de que el procurador Jean Alain Rodríguez reveló que esa empresa brasileña pagó soborno para conseguir las asignaciones de obras del Estado.

Contrataciones Públicas

La Directora General de Contrataciones Públicas, Yokasta Guzmán, reconoció las irregularidades que fueron detectadas en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), declarando que esa institución actuó amparada en una resolución emitida en el 2008, y no en la Ley 340-06.

La Cámara de Cuentas informó que no pudo localizar los domicilios de 25 de esas empresas o talleres, a quienes la OMSA otorgó contratos por un monto de 1,056 millones de pesos. Los mismos no fueron encontrados en los domicilios que previamente habían notificados.

La auditoría practicada a la OMSA, durante el período comprendido entre el 22 de agosto de 2012 y el 17 de octubre de 2017, revela serias irregularidades que envuelven miles de millones de pesos e involucran a funcionarios de alto nivel de esa entidad, igual que a proveedores y técnicos de la Unidad de Auditoría Interna de la Contraloría General de la República.

Por esa razón es que la Contraloría General de República ha informado que estableció que los auditores de la Cámara de Cuentas “ignoraron la validez” de la Resolución 15-08 y justificó las acciones de la OMSA.

Sobre el particular, la directora de Contrataciones Públicas indicó que el uso de esa resolución no servirá como escudo, a quienes incurrieron en irregularidades, porque esa disposición manda a observar la ley, cosa que no se hizo. 

Sobre esa resolución, dijo que está siendo observada por el organismo desde hace tiempo y consideró que debe ser derogada.