Fiscalía presenta como «víctimas» a oficiales abandonaron coronel herido

BANI, R.D.- La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de la provincia Peravia dejó para el próximo martes el conocimiento de medida de coerción a tres imputados por el asesinato del coronel Daniel Ramos Álvarez.
De esa forma, el tribunal acogió una solicitud de la barra de la defensa de los imputados.
El abogado de los imputados, Jorge de los Santos, alegó que la fiscalía no le notificó a tiempo la solicitud de medida de coerción y que, por lo tanto, no estaba debidamente edificado para defender a sus representados.
La fiscalía de Baní, además del asesinado coronel Ramos Álvarez, incluye como víctima a los oficiales que lo acompañaban y que están suspendidos, bajo investigación.
Estos oficiales son el teniente coronel Leonardo Brazobán Matías y al capitán Marcelino Arias, quienes huyeron del lugar del tiroteo, dejando abandonado al coronel Ramos Álvarez, que ya estaba herido.
Esta decisión de la fiscalía ha sido ampliamente criticada por diferentes sectores, entre ellos agentes de la propia Policía, que entienden que el alto oficial “fue vendido” al narcotráfico.
El senador Wilton Guerrero asegura el jueves que Ramos Álvarez fue víctima de una “encerrona” por parte de sus compañeros de armas, que lo acompañaban en el presunto operativo antinarcótico y lo abandonaron herido de muerte.
Los acusados son José Rafael Díaz (Buche), Luis Miguel Santana y/o Walter Antonio Moreta Villalona (El Chamo) y Steven Milcíades Ruiz González (Chiquito y/o Malafé).
Estos individuos, calificados como peligrosos narcotraficantes, fueron llevados al tribunal ante estrictas medidas de seguridad.
La fiscalía pedirá un año de prisión para cada uno de los imputados.
El procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, amplió el equipo del Ministerio Público que está investigando el asesinato del coronel Ramos Álvarez.
El procurador de Corte de Apelación y titular de la Procuraduría Regional de San Cristóbal, Jonathan Baró Gutiérrez, asumirá la coordinación de las pesquisas que están realizando el procurador de Corte de Apelación, adscrito a la Dirección General del Persecución del Ministerio Público, Miguel Antonio Ramos, y el procurador fiscal titular de Peravia, Ángel Darío Tejeda.