Descartan exista solicitud de extradición; piden 18 meses de prisión preventiva para imputados en Operación Falcón

MP solicita declarar caso como complejo
SANTO DOMINGO, R.D.
El Ministerio Público solicitó medida de coerción en contra de los implicados en la supuesta red de narcotráfico y lavado de activos, que incluye al suspendido director de Comunidad Digna, el ex diputado Juan Maldonado Castro.
Las autoridades judiciales están pidiendo 18 meses de prisión y que el caso sea declarado complejo por el juez de la Oficina Judicial de Atención Permanente de Santiago, desde cuya ciudad operaba la presunta red.
Por el caso también está imputada la presentadora de televisión Dianabel Gómez y el empresario Javier Checo, un reconocido dirigente de la Federación de Taxistas del Cibao.
Otro vinculado es Juan José de la Cruz Morales, conocido como Wandy, El Michero, El Hombre y/o El Don. Sobre este, se dijo, es uno de los más poderoso narcotraficante de la región Este, nativo de Miches. También preso su hermano José Alejandro de la Cruz Morales (Omar), definido por la DNCD como su lugarteniente.
Otros implicados son María Olimpia Tavares Rodríguez (Oli, La Princesa), Lenin Bladimir Torres Bueno, Rafael Alberto de Jesús, Marisol López Ceballo (Mary), Elva Teresa Polanco, Delfina Asunción Polanco, Víctor Elpidio Paulino Herrera, Francisco Linares Pimentel, Adolfo Torres Sanabia y Julio César Jiménez Talavera, entre otros.
Los imputados están ingresados en la carcelita del Palacio de Justicia Federico C. Álvarez de Santiago.
En la operación participó la procuradora adjunta, Yeni Berenice Reynoso, y más de 60 fiscales.
En la operación también participaron más de 200 agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas, así como oficiales de la DEA.
Los imputados fueron detenidos durante operativos realizados en distintos puntos del país.
En los allanamientos, las autoridades han ocupado decenas de bienes muebles e inmuebles, que incluyen estaciones de combustibles, vehículos de alta gama y relojes de lujo.
El tribunal no ha fijado la hora que será conocida la solicitud de medida de coerción.
La solicitud de medida de coerción, en un juzgado de primera instancia, significa que ninguno de los imputados está siendo solicitado en extradición por Estados Unidos como se había informado.
Si el pedido de medida de coerción de algunos de los imputados se hubiese hecho en la Suprema Corte de Justicia, era evidente la existencia de una solicitud de extradición por porte del gobierno norteamericano.