Abril de 1965: Informe revela EU temía Bosch instaurara comunismo

Por Claudia Fernández

La toma de posesión del doctor Rafael Molina Ureña y el intento de retornar al profesor Juan Bosch al gobierno constitucional interrumpido el 25 de septiembre de 1963, provocó funestas consecuencias, según el análisis del profesor Lawrence Yates en los documentos de Leavenworth, ya que las acciones dividieron irreparable e irremisiblemente la coalición anti-Reid Cabral pero al presidente estadounidense se le vendió la idea de que existía el riesgo de convertir a República Dominicana en una segunda Cuba, lo que restaría y dañaría la credibilidad del Coloso del Norte en todo el hemisferio Occidental y en Oriente, hacia donde se preparaba la invasión armada a Vietnam.

En Santo Domingo, varios jefes militares que se habían unido a la revuelta a favor del doctor Joaquín Balaguer y que tenían las esperanzas puestas en una junta militar, encontraron inaceptable el regreso del ex presidente Bosch, y antes de que Molina Ureña fuera juramentado como presidente provisional el domingo en la tarde –estamos hablando del domingo 25 de abril de 1965–, el general de los Santos Céspedes se divorció de la causa rebelde e informó al agregado de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que la Fuerza Aérea Dominicana, junto a las tropas élites del general Wessin y Wessin, pelearían con el objeto de impedir que Bosch retornara al país y a la Presidencia.

Temor al comunismo

Ante esa circunstancia, Connett informó al Departamento de Estado que las tropas leales confirmaron que “el retorno de Bosch significaría la entrega del país al comunismo”.

Esto provocó que el domingo 25, al atardecer, los leales pusieran en marcha sus amenazas, cuando los P-51 de la Fuerza Aérea atacaron el Palacio Nacional, los dos campamentos y las posiciones de los rebeldes al Oeste del puente Duarte.

“Los ataques convirtieron el golpe de Estado en una guerra civil, las negociaciones sobre la formación de la junta militar, que nunca parecieron concretarse, se derrumbaron inmediatamente. Más civiles de las clases media y baja en Santo Domingo se lanzaron a las calles en apoyo del alzamiento; algunos rebeldes tomaron de rehenes a las familias de los pilotos de la Fuerza Aérea leales, y amenazaron en la televisión con transportarlos a los lugares que estaban siendo atacados por las fuerzas gubernamentales”.

Ataque al Palacio Nacional con apoyo de Estados Unidos

El empleo de la fuerza, según la consideración de Yates en su informe, y la reacción de los rebeldes empeoró la división entre ambos lados y eliminó, bajo las circunstancias existentes, cualquier otra solución a la crisis que no fuera la militar, y refiere que “los ataques de los leales al Palacio Nacional y a otros blancos fueron iniciados con el conocimiento y el ‘mal dispuesto’ apoyo de la Embajada de los Estados Unidos”.

 Las razones de este apoyo oculto estuvieron fundadas en la oposición del personal de la Embajada al regreso del profesor Bosch, “debido a la participación extremista en el golpe y al anuncio del apoyo comunista al regreso, considerado favorable a sus intereses a largo plazo”, informó Connett de nuevo a Washington antes del ataque de los leales a las posiciones rebeldes, por lo que dicho ataque fue considerado por la Embajada como “el único curso de acción que tenía alguna verdadera posibilidad de impedir el regreso de Bosch y contener el creciente desorden y violencia de las turbas”.

Con la mayor impasibilidad del mundo, Connett continúa su informe a Washington con las siguientes palabras: “Reconocemos que tal curso de acción puede significar mayores derramamientos de sangre, pero consideramos que debemos estar preparados para asumir este riesgo”, o lo que significaba que poco importaba a los intereses norteamericanos en el país que sangre dominicana corriera, con tal de llevar a efecto sus planes de impedir el regreso de la constitucionalidad.

Connett agrega en su información que, “mientras, la Embajada está haciendo todo lo posible por minimizar la violencia”, y concluyó, “nuestros agregados le han recalcado a los tres jefes militares nuestra profunda convicción de que se debe hacer todo lo posible por impedir la toma del país por los comunistas y mantener el orden público”, y a medida que República Dominicana se aproximaba a una guerra civil, los funcionarios de la Embajada norteamericana ya habían definido por ellos y por Washington cuáles eran los lados del conflicto y a cuál de ellos debería apoyar Estados Unidos.

“Para cuando el cortante análisis de Connett llegó a Washington el domingo en la tarde, ya se habían transmitido suficientes mensajes entre la Embajada y el Departamento de Estado para alertar a la administración sobre el hecho de que se podría tener entre manos una grave crisis y hacer que se pusieran en marcha algunas medidas para seguir mejor los sucesos en República Dominicana y manejar la reacción de Estados Unidos”, pero surge el problema.

Tal como estaban las cosas en Santo Domingo, las autoridades claves de la Embajada estaban fuera del país o eran nuevas y no tenían conocimiento ni control de la situación.

Sorprendió a Estados Unidos

“El presidente Johnson se encontraba en Camp David, en donde el sábado en la tarde fue notificado de los acontecimientos por Thomas Mann, subsecretario de Estado para Asuntos Económicos y ex director de las actividades norteamericanas en América Latina. El reemplazo de Mann como subsecretario de Estado para Asuntos Latinoamericanos, Jack Vaughn, estaba asistiendo a una conferencia en Ciudad de México; su asistente, Robert Sayre, hijo, nada más tenía una semana de experiencia en su nueva posición; lo mismo sucedía con William Bowler, el especialista de la Casa Blanca para América Latina.

“El embajador Bennett todavía no había llegado a Washington –continúa el informe–, había escuchado sobre el golpe de Estado contra Reid Cabral en el radio de su carro mientras se encontraba en Georgia. Otros especialistas dominicanos estaban fuera del país durante el fin de semana, y para complicar aún más las cosas, era inminente un cambio de personal en dos posiciones importantes. El 28 de abril, el director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), John McCone, se jubilaría y sería reemplazado por el almirante William Raborn, un neófito en el mundo de la inteligencia, quien conocía muy poco de las capacidades o el modus operandi de la CIA. El 30 de abril, el almirante Thomas Moore reemplazaría al almirante H. Page Smith como comandante en jefe del Comando del Atlántico”.

A pesar de todo, el presidente Johnson no salió de Camp David hasta el domingo en la noche; durante todo el día se mantuvo en contacto telefónico con sus principales asesores en política exterior sobre la situación en Santo Domingo y programó celebrar una reunión con ellos a su regreso.

“No obstante las numerosas llamadas telefónicas, el presidente Johnson parecía estar extremadamente de buen humor durante su viaje a Washington, la sensación de urgencia que se sentía en la Embajada norteamericana en Santo Domingo todavía no se había infiltrado en las más altas esferas en casa; sin embargo, ya se empezaba a sentir entre los latinoamericanistas en el Departamento de Estado. Aún antes de que el presidente se hubiera despertado el domingo en la mañana, funcionarios del Departamento de Estado al recibir el mensaje de Connett de que la situación se estaba deteriorando rápidamente, habían establecido una fuerza de tarea dominicana ‘ad hoc’ en el Centro de Operaciones del ministerio”.

A medida que se desarrollaba la crisis en República Dominicana, la fuerza de tarea, compuesta por personal del Departamento de Estado, el Ministerio de Defensa y la CIA, trabajaría en un puesto de mando abierto 24 horas, con la finalidad de reunir, procesar y divulgar información, así como planear y tomar decisiones que no necesitaban ser autorizadas por el presidente Lyndon B. Johnson; el puesto de mando estableció enlace directo con Santo Domingo y la mayoría de los cables y llamadas telefónicas desde y hacia la Embajada se hacían a través de esa fuerza de tarea, que operaba generalmente bajo la supervisión del subsecretario Thomas Mann.

Centran atención político-militar en RD

En esas se encontraban los funcionarios en Washington, los que consideraron necesario ampliar la coordinación diplomático-militar, y los miembros del puesto de la fuerza de tarea intercambiaron posiciones con oficiales y civiles del Centro del Comando Militar Nacional, la instalación en el Pentágono que proporcionaba canales de comunicación a todos los mandos y bases militares a la Casa Blanca y a otras agencias de Washington.

“En el acopio y divulgación de información militar, este centro funcionó de manera bastante parecida al Centro de Operaciones del Departamento de Estado, pero difería en un aspecto muy importante, mientras que el Departamento de Estado como materia de procedimiento, mantenía enlace directo con las embajadas norteamericanas alrededor del mundo, el procedimiento normal en el lado militar establecía que en la mayoría de los casos, las órdenes emitidas por el ministro de Defensa o la Junta de Jefes de Estado Mayor actuando en su lugar, pasaran a través del Centro del Comando Militar Nacional a un comando unificado con responsabilidades regionales y funcionales, antes de ser enviadas al comandante de cualquier tropa de combate norteamericana dentro de un país específico”.

Acota el informe de los documentos de Leavenworth que la existencia de un comando unificado como agencia intermediaria entre el Pentágono y un comandante local “tenía sentido en teoría, pero, tal como se vio en la crisis dominicana, en la práctica se convirtió en fuente de confusión”.

 La CIA, además de ayudar a dotar de personal a la fuerza de tarea del Departamento de Estado, también se dedicó, el domingo 25 de abril, a organizar su propio puesto de mando –llamado La Trampa– para seguir de cerca la situación; los técnicos rápidamente instalaron máquinas de teletipo y una batería de teléfonos capaces de recibir mensajes procedentes del jefe de estación de la CIA en Santo Domingo, copias del tráfico diplomático y militar, comentarios de la radio y prensa extranjera, y una variedad de “información delicada y confidencial”.

Estos equipos especiales trabajaban en el Departamento de Estado, en el Centro del Comando Militar Nacional y en La Trampa, e intercambiaban información por medio de los contactos de enlace, el teléfono y las copias de información de cables y llamadas telefónicas, y para mantener informado al presidente Johnson se habían establecido dos canales oficiales: “La información podía transmitirse desde cada centro de crisis a la Sala de Situación de la Casa Blanca, administrada por el asistente de Seguridad Nacional del primer mandatario estadounidense, McGeorge Bundy, o los jefes de cada una de las tres organizaciones envueltas, es decir, los ministros de Estado y de Defensa y el director de la CIA, sólo éstos podían ofrecer informes orales personalmente al presidente”.

La efectividad de este sistema de información de la crisis, organizado el domingo 25 de abril, dependía de la utilidad que le diera el presidente Johnson y de la forma en que él eligiera utilizarlo.

Para que fuera útil al mandatario norteamericano, el sistema tenía que proporcionarle información precisa y oportuna, y una lista de cursos de acción realistas. “Para esto se requería contar con comunicaciones rápidas y seguras entre todas las partes envueltas en cada nivel de la crisis dominicana, planeamiento y acopio de inteligencia eficaces e ideas creativas”, y añade, “en algunos momentos el sistema funcionó bien; en otros, no”.

Cuando no funcionó, Johnson no vaciló en evadirlo, durante la crisis el primer mandatario norteamericano dependió de sus asesores oficiales, “particularmente del secretario de Estado, Dean Rusk, el ministro de Defensa, Robert McNamara, Bundy, Mann, Vaughn y el subsecretario de Estado George Ball, pero también confió en personas ajenas al círculo oficial, por ejemplo, su amigo Abe Fortas y el ex embajador en República Dominicana John Bartlow Martin, utilizándolos como asesores y emisarios especiales. Tampoco vaciló en violar canales de mando oficiales, tanto civiles como militares, si consideraba que daría buenos resultados”.

Aunque Johnson estaba bastante preocupado con la preparación militar norteamericana para el ataque en Vietnam, “no podía ignorar los intereses norteamericanos en República Dominicana y en sus alrededores, y la deteriorada situación de ese país”.

Temor al comunismo decidió invasión

La estratégica posición de la isla en el Caribe pesaba en la mente del presidente y de otros políticos, también consideraban que la violencia en República Dominicana podía poner en peligro la vida y la propiedad de norteamericanos, pero lo que más temía el presidente Johnson y otros funcionarios norteamericanos era que los comunistas se tomaran el país.

Esto, debido a que no era un secreto en Washington que Fidel Castro estaba adiestrando a izquierdistas dominicanos en operaciones guerrilleras y de sabotaje, y, además, que el líder cubano “tenía sus ojos puestos en República Dominicana”.

El informe de que más de 50 agentes comunistas entrenados en Cuba, Rusia y China habían entrado en República Dominicana durante el mes de abril, ayudó a fomentar más esa impresión.

“La toma de República Dominicana por los comunistas violaría la política de ‘ninguna segunda Cuba’, aumentaría la atracción revolucionaria de Castro en el hemisferio, abriría a América Latina a mayores penetraciones soviético-cubanas y disminuiría la credibilidad norteamericana en todo el mundo como aliado leal y defensa contra la expansión comunista”.

Johnson recalcó este último punto cuando le preguntó a sus asesores a comienzos de la crisis: “¿Qué podemos hacer en Vietnam si no podemos limpiar la República Dominicana?”, Yates refiere que el país había adquirido una importancia simbólica de proporciones mundiales, debido al hecho de que la preparación para un ataque norteamericano en Vietnam se había diseñado para convencer a amigos y adversarios, especialmente en Europa, que Estados Unidos tenía la voluntad y la determinación de cumplir con sus compromisos en todo el mundo.

En este caso específico, como el inicio de una crisis en República Dominicana, una respuesta vacilante a esta situación disminuiría la credibilidad norteamericana en Vietnam, dañando a su vez la credibilidad norteamericana en Europa, el Lejano Oriente y en todas partes, por lo que, establecidos estos nexos y los altos riesgos envueltos, Johnson rápidamente dejó en claro que usaría su máxima prerrogativa presidencial y ordenaría una respuesta norteamericana a la crisis dominicana.

omo expresara el subsecretario de Estado, George Ball, posteriormente al inicio de los problemas dominicanos, “Johnson se interesó hasta el punto de que asumió la dirección de la política diaria y se convirtió de hecho, en el oficial encargado de los asuntos dominicanos.

 “Esto era típico del enérgico Johnson. También reflejaba, a medida que tomaba un carácter cada vez más militar, que la teoría actual de guerra limitada se consideraba a la guerra y la paz como un todo en el que las capacidades militares sirven principalmente como instrumentos políticos y diplomáticos que se pueden orquestar, no tanto para alcanzar la victoria militar sino para influir en las intenciones de los combatientes y convencerlos de la conveniencia de aceptar soluciones políticas”.

Esta actitud del presidente norteamericano de interferir políticamente en las operaciones militares fue “contraproducente, innecesariamente restrictiva y una invitación al desastre”, pues la idea de un presidente o un ministro de Defensa dando órdenes directas a un comandante local “violó de arriba hacia abajo los principios básicos de una acertada doctrina militar en la cadena de mando”, expresa Yates, para agregar que también disminuyó la función del oficial uniformado en las deliberaciones políticas.

La evidencia de esto se encuentra en que, tal como indica el autor de los documentos de Leavenworth, “durante la crisis dominicana como en Vietnam, el presidente Johnson confió más a menudo en McNamara que en los miembros de la Junta de Jefes de Estado Mayor, los que por decreto son los asesores militares del mandatario en asuntos de asesoría militar” (sic).

Aunque McNamara sirvió de enlace y conducto entre la Casa Blanca y la Junta de Jefes de Estado Mayor, esto no pudo compensar la poca frecuencia con que los jefes de Estado Mayor pudieron presentar su consejo profesional directamente al presidente Johnson, “esta deficiencia se evidenció durante la primera semana de la crisis, cuando el mandatario norteamericano no se reunió directamente con el general Earle -Bus- Wheeler, jefe de la Junta de Jefes de Estado Mayor hasta el jueves 29 de abril, después que el primer contingente de tropas norteamericanas había arribado a Santo Domingo”.

Sin embargo, los asuntos que crearon la división en la administración política de las operaciones todavía no había hecho aparición el 25 de abril, segundo día de la revuelta armada, ya que cuando Johnson dedicó su atención a Santo Domingo ni él ni ninguno de sus asesores más cercanos pensaron que la intervención  militar norteamericana fuera una posibilidad, pero incluso antes de que el presidente saliera de Camp David el domingo, ya se había dado el primer paso hacia una participación militar norteamericana en la crisis dominicana.

 Realmente, ya una fuerza de tarea naval se estaba dirigiendo hacia aguas dominicanas. “Era solamente una medida de precaución, pero irónicamente, debido a la determinación del presidente Johnson de hacerse cargo personalmente de la situación, se ordenó sin su autorización directa”, es decir, que las órdenes del presidente también eran violadas en el todopoderoso Consejo Militar de Estados Unidos.

Continúa el informe diciendo que el día 25, el sistema de control de la crisis todavía permitía a las autoridades de nivel intermedio iniciar acciones militares, pero los días subsiguientes se perdió esta libertad de acción “y se esfumó toda esperanza de lograr un acuerdo negociado a la crisis dominicana, ya que los sucesos en Santo Domingo obligaban cada vez más a Estados Unidos a ordenar una intervención”, tema que analizaremos en el próximo capítulo.

El siglo: Miércoles, 23 de abril de 1997

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