Diputada está bajo la lupa de Procuraduría por ‘narcotráfico y lavado de activos’
LA VEGA, R.D.
La fiscal general de República Dominicana designó al procurador adjunto, Pedro Inocencio Amador Espinosa, para dirigir la investigación en contra de la diputada oficialista Rosa Amalia Pilarte López, por presuntos delitos de narcotráfico y lavado de activos.
El propio fiscal general adjunto Amador Espinosa ha confirmado que realiza la investigación e informó que fue comisionado el 11 de junio de este año, mediante el Auto 000051, firmado por la procuradora general Miriam Germán Brito, donde le instruyó para llevar la investigación en virtud del privilegio de jurisdicción que le corresponde a Pilarte López, por ser diputada.
El procurador adjunto, especializado en investigación de narcotráfico, de crímenes y delitos de alta tecnología y delitos transnacionales, recordó que Pilarte López figura como imputada en el expediente contra su esposo Miguel Arturo López Florencio (Miky López) y sus dos hijos, Ada María Pilarte y José Antonio Román, contra quienes el Ministerio Público presentó acusación ante la jurisdicción de La Vega.
La acusación incluye a las empresas Auto Crédito Selecto, SRL; Serví Crédito Selecto, SRL; Agropecuaria Gloria Ivette, SRL, e Inmobiliaria Gloria Ivette, SRL.
De acuerdo con la acusación, las empresas de carpeta son utilizadas de fachada para colocar en el sistema financiero nacional miles de millones de pesos y dólares obtenidos por las actividades del narcotráfico.
Desde hace meses, el detective y comunicador Ángel Martínez, radicado en Miami, ha manifestado que la legisladora, esposo e hijos forman parte de un grupo de 37 supuestos narcotraficantes “enrolados” en el PRM.
Ha revelado que ya cinco de ese grupo están tras las rejas, cuatro de ellos en EE.UU.
Prófugo
Por su participación en esta red, permanece prófugo Pablo Antonio Martínez Javier, un socio de Miky López condenado en Estados Unidos en 2009 por narcotráfico.
El Ministerio Público sostiene que la organización criminal movió entre 2007 y 2019 más de 2 mil millones de pesos.
Esta información, se reveló, fue corroborada por los movimientos económicos recurrentes en los bancos nacionales y cuyo origen eran las actividades ilícitas.
El 2 de marzo de 2019 a la organización se le ocuparon 111 mil 722 pastillas de éxtasis.
A López Florencio se le imputa la violación a la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, así como a la anterior norma en esa materia, la 72-02.
La red infringió, igualmente, las leyes 11-92, sobre Régimen Tributario, y 183-02, Monetaria y Financiera.
Según la Procuraduría, la acusación presentada en La Vega contiene 387 pruebas documentales, 257 materiales, 53 testimoniales, 18 audiovisuales y 27 periciales, que servirán para probar la culpabilidad de las personas físicas y jurídicas implicadas en el caso.
En el proceso de investigación, se realizaron ocho incautaciones a 17 propiedades de lujo, valoradas en miles de millones de pesos, en el Distrito Nacional y las provincias La Vega, Puerto Plata, Espaillat y La Romana.
