Amadeo Peralta denuncia colapso del sistema migratorio

SANTO DOMINGO, R.D.

El destacado jurista César Amadeo Peralta denunció lo que calificó como un «desastre institucional» en torno al manejo de la migración haitiana en República Dominicana.

Asegura que la corrupción en la frontera es sistemática y que las leyes existentes, pese a su contundencia, son ignoradas por quienes deberían aplicarlas.

En declaraciones ofrecidas durante su participación en el programa El Desclasificando la Problemática Haitiana, producido por el Grupo de Medios “El Demócrata”, Peralta fue enfático al señalar: “Aquí todo el mundo está robando. La frontera no está controlada. El tráfico de haitianos indocumentados es una red criminal sostenida por autoridades civiles y militares que se benefician del caos.”

Según el abogado dominicano, el problema no radica en la falta de leyes, sino en la ausencia de voluntad política y judicial para aplicarlas.

Reprochó que, pese a los frecuentes operativos, los responsables del tráfico humano raras veces son judicializados.

“Se detienen autobuses llenos de haitianos ilegales, pero los choferes son liberados, los vehículos devueltos y los inmigrantes desaparecen del radar institucional. Todo vuelve a la ‘normalidad’, como si nada hubiera pasado,” denunció.

Una red criminal institucionalizada

Peralta explicó que el flujo migratorio irregular no podría mantenerse sin el contubernio entre militares, agentes de Migración, políticos y empresarios del transporte.

Asegura que las rutas, los horarios y los medios de transporte son conocidos por las autoridades, pero se permite su funcionamiento a cambio de sobornos o favores políticos.

“¿Cuántos coroneles han sido sometidos por tráfico de personas? Ninguno. El Ministerio Público solo ha llevado a la justicia a un sargento y un cabo en Montecristi, y eso fue durante el gobierno anterior,” puntualizó.

Ley 137-03: Un instrumento poderoso… ignorado

El jurista resaltó la vigencia de la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, que contempla penas de 10 a 25 años de prisión, además del decomiso de bienes, vehículos y propiedades utilizadas en el delito.

A pesar de su potencial, esta legislación ha sido prácticamente abandonada por la Dirección General de Migración y el Ministerio Público.

“Esa ley es una bomba jurídica. Permite desde confiscar una motocicleta hasta cerrar hoteles usados para traficar personas. Si se aplicara, el negocio se acaba”, afirmó.
Además, la ley agrava las penas cuando funcionarios públicos o militares participan en estos delitos, e incluso habilita la cancelación de licencias comerciales a empresas involucradas.

Peralta también recordó que la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos permite clasificar el tráfico de personas como crimen organizado, lo que abre la puerta para perseguir financieramente a toda la estructura criminal, incluyendo testaferros y empresas de fachada.

Impunidad institucional

El jurista criticó que las querellas por tráfico humano rara vez se presentan, pese a que el artículo 6 de la Ley 285-04 de Migración faculta expresamente a la Dirección General de Migración a someter judicialmente a los responsables.

“El problema no es legal. El problema es la complicidad”, explicó.

Los que deben hacer cumplir la ley son los primeros en violarla,” sentenció Peralta.

La denuncia de Amadeo Peralta pone en evidencia la fragilidad del sistema migratorio dominicano, que no solo sufre por la presión de la migración irregular, sino por el silencio cómplice de instituciones que deberían proteger la soberanía y el orden jurídico del país.