Ángel Martínez se convierte en un preso del gobierno

Buenos días…

El apresamiento de Ángel Martínez puede calificarse como una cacería de brujas. Al mismo tiempo, representa una acción peligrosa. Es un mensaje directo para quienes se atreven a hablar con franqueza. Da la impresión de que estamos allanando el camino hacia un régimen autoritario. Hacia una dictadura. Se nos están aplicando la ley mordaza.

Indiscutiblemente, Ángel Martínez es un preso político. Y no es un secreto para nadie que este gobierno controla todos los poderes del Estado, incluyendo al Tribunal Constitucional.

El lunes, los generales retirados afiliados a la SOGREPOL suspendieron su “plantón pacífico” frente al Palacio de la Policía Nacional, luego de que el director de la Reserva, general retirado Hilario González, anunciara —con bombo y platillo— que, a partir del 1 de septiembre, el seguro médico de los pensionados policiales tendrá la misma cobertura que el de los policías activos.

Una promesa más… La misma que se hizo en diciembre, del 2024 supuestamente para entrar en vigencia en enero. Y no se cumplió.

En el lugar donde se realizaría el plantón se presentaron numerosos generales retirados. Sin embargo, les tenían preparada una «recepción especial», como si se tratara de un grupo de revoltosos. Decenas de agentes fueron apostados dentro y en los alrededores del Palacio, con unidades en las cuatro esquinas del edificio principal.

Algunos oficiales generales calificaron de “inoportuno” el anuncio de Hilario González, ya que resolver esa situación no está dentro de sus atribuciones como director de la Reserva. Los pensionados de la Policía ya no creen en cuentos ni en promesas vacías. Esa decisión debió de anunciarla el director de la Policía Nacional. 

Llevamos tiempo advirtiendo que estamos retrocediendo en materia de seguridad. Desde que se anunció el supuesto “nuevo” modelo de patrullaje —que en realidad no tiene nada de nuevo—, han ocurrido hechos inquietantes, propios de la época de los 12 años de Balaguer (1966-1978).

Hay más abusos policiales, más maltratos, más asaltos. Y, pese a la tan mencionada «reforma», los policías siguen involucrándose en actos delictivos. La Policía oculta la mayoría de los hechos sangrientos. No habla de asaltos ni de muertes violentas.

Un ejemplo de ello fue el atraco cometido por dos sargentos de de la Policía en La Caleta, Boca Chica. La ministra de Interior y Policía, la “faraona” Faride Raful, debió destacar ese bochornoso caso en su habitual reunión de los lunes. Esa reunión parece más un teatro, donde se presentan historietas para maquillar las supuestas maravillas de la enlodada «reforma» policial. Como si fuéramos tontos. En la Policía, los policías asaltan con fusiles. ¿O estamos difamando?

Recientemente se reportó el hallazgo de dos hombres muertos y otro herido, amarrados y con impactos de bala, en un solar baldío del sector Ingenio Nuevo, en Yaguate, San Cristóbal. La Policía Nacional aseguró estar investigando.

Hechos similares ocurrían en sangrientos 12 años de Balaguer: ciudadanos asesinados y arrojados en cunetas o lugares desolados.

Esa supuesta investigación no tiene razón de ser, pues la Policía la ha contaminado al declarar que las víctimas eran delincuentes. Primero debieron investigar, luego identificar a las víctimas y, después establecer las causas que originaron el sangriento suceso. Lo que la sociedad quiere saber es ¿quién los mató y por qué?

Cada vez que habla, el director de la Policía, Ramón Antonio Guzmán Peralta, comete garrafales errores. Ahora pretende justificar lo injustificable: las ejecuciones policiales. No hay enfrentamientos, lo que hay son ejecuciones. Sus declaraciones son falsas.

El presidente Abinader debería pedirle a Guzmán peralta que se calle. Que no hable más. Este señor no puede justificar, siquiera las inversiones que está realizando en sus fincas de Sabana Grande de Boyá, en  El Seibo o en Jarabacoa. Su gestión ha sido una de las peores en la historia de la Policía Nacional.  Ha estado plagada de escándalos, la mayoría de esos escándalos de corrupción, de abusos, de maltratos y violaciones a la ley y los reglamentos policiales.

Tampoco ha aclarado el denunciado desfalco, que revelado por una auditoría en la DIGESETT, cuando él era director. Mejor sería que guardara silencio. Sus acciones son una vergüenza.

Recordemos el caso del 12 de Haina, donde agentes bajo su mando mataron a dos marinos y a un miembro de la DNCD. En ese entonces, Guzmán Peralta dijo que fue en un “enfrentamiento”. Y eso fue falso. Fue un linchamiento. Y lo que informó, una vil mentira.

En la reforma policial, de Abinader, Faride y Guzmán Peralta, a policías que negocian con micro-traficantes, no lo sancionan… Lo ascienden.