Defensor de derechos humanos exige reapertura de farmacia popular clausurada en San Luis

SAN LUIS, Santo Domingo Este, R.D.

El coordinador del Comité Dominicano de los Derechos Humanos (CDDH) en el distrito municipal de San Luis, Diógenes Ozuna, exigió hoy la reapertura inmediata de la farmacia del pueblo, que estaba ubicada en la calle Primero de Mayo, del sector La Placita, clausurada desde hace más de tres meses por el Programa de Medicamentos Esenciales (Promese/CAL).

Ozuna denunció que el cierre de esa botica popular ha dejado desamparadas a cientos de familias de escasos recursos, que ahora se ven obligadas a adquirir sus medicamentos en farmacias privadas, donde los precios –según afirma– resultan prohibitivos para la mayoría de dominicanos.

“Los pobres no tienen cómo pagar una pastilla en una farmacia privada. Esta botica era su única opción. ¿Hasta cuándo vamos a permitir que la salud sea un lujo?”, cuestionó el defensor de los derechos humanos.

Según explicó, en su momento el director de Promese/CAL, Adolfo Pérez, le comunicó que el cierre sería temporal y que la farmacia sería reubicada, debido a grietas estructurales en el local original.

Sin embargo, más de 90 días después, la promesa no se ha cumplido.

Ozuna recordó que tanto el Consejo de Regidores como la directora municipal, Wendy Zepeda, identificaron un nuevo local adecuado para la reubicación, pero las gestiones quedaron en el aire.

“Nos dijeron que era cuestión de días, que ya se había conseguido otro local, pero todo ha sido palabras. Hoy, la gente de San Luis tiene que trasladarse hasta El Almirante, a varios kilómetros, solo para conseguir una medicina básica”, denunció.

Llamado al presidente Abinader

El activista hizo un llamado urgente al presidente Luis Abinader para que intervenga directamente y ordene la reapertura de la farmacia del pueblo, señalando que el costo de los medicamentos ha aumentado de forma alarmante durante esta gestión gubernamental.

“En algunos casos, los precios han subido más de un 300 %. Mientras tanto, se cierran las farmacias populares que representan un alivio para los sectores más empobrecidos. Esto no tiene sentido”, declaró.

Ozuna concluyó señalando que el cierre prolongado constituye una violación al derecho a la salud, consagrado en la Constitución y en acuerdos internacionales firmados por el país, y reiteró su compromiso de continuar denunciando esta situación hasta que se restablezca el servicio en beneficio de la comunidad.