El gasto en publicidad del gobierno dominicano sigue elevándose

SANTO DOMINGO, R.D.

El capítulo dominicano de Transparencia Internacional, Participación Ciudadana, advierte que el gasto del gobierno central en publicidad oficial alcanzó niveles sin precedentes durante el primer cuatrimestre de 2024.

Según su análisis, el desembolso pasó de RD$491 millones en igual período de 2023 a RD$3,121 millones en 2024, lo que representa un aumento de más del 500%. Aunque en el primer cuatrimestre de 2025 se observa una ligera reducción (RD$2,445 millones), el gasto continúa siendo muy superior al registrado dos años atrás.

Las instituciones con los mayores incrementos —tanto en términos absolutos como relativos— fueron la Cámara de Diputados, el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, el programa Supérate y el INDOTEL.

Sin embargo, no existe información pública sobre los criterios de contratación, la distribución por medios o los objetivos institucionales de estas campañas. Esta falta de trazabilidad contradice los principios de transparencia y rendición de cuentas establecidos en la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas.

La opacidad en el manejo de estos recursos impide a la ciudadanía evaluar si el gasto se justifica por su impacto comunicacional o si responde a fines clientelares y electorales encubiertos.

En respuesta a la preocupación ciudadana, el presidente Luis Abinader emitió en enero de 2024 el Decreto 1-24, que establece que la publicidad estatal debe cumplir objetivos institucionales legítimos, como informar a la población sobre sus derechos, servicios públicos y mecanismos de rendición de cuentas.

El decreto prohíbe expresamente el uso de recursos públicos para fines proselitistas, propagandísticos o como subsidio encubierto a comunicadores, medios o influenciadores.

Asimismo, el Manual de Procedimientos de Excepción de la Dirección General de Contrataciones Públicas exige, entre otras condiciones, una justificación técnica de la selección del medio. El incumplimiento de estas disposiciones constituye una violación al marco normativo vigente y mina la confianza en el uso ético de los fondos públicos.

Exige mayor transparencia e integridad

En virtud de lo anterior, Participación Ciudadana solicita a la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental (DIECOM) la publicación inmediata de la siguiente información:

1. Listado completo de todos los contratos de publicidad oficial correspondientes a los primeros cuatrimestres de 2023, 2024 y 2025.

2. Desglose detallado de los montos contratados, los medios beneficiados, los objetivos institucionales de cada campaña y los criterios técnicos utilizados para la selección.

3. Justificación de cada contratación conforme a los requisitos establecidos en el Decreto 1-24 y el Manual de Procedimientos de Excepción.

Control y la transparencia

Frente al patrón reiterado de incremento del gasto publicitario en años electorales, lo cual distorsiona la equidad democrática, Participación Ciudadana propone las siguientes medidas urgentes:

• Auditoría independiente e inmediata del gasto en publicidad estatal durante los primeros cuatrimestres de 2023, 2024 y 2025.

• Aplicación rigurosa del Decreto 1-24 y del Manual de Contrataciones Públicas, incluyendo sanciones efectivas por su incumplimiento.

• Creación de un sistema de monitoreo ciudadano permanente sobre el uso de la publicidad oficial.

• Establecimiento de regulaciones vinculantes que limiten estrictamente el gasto publicitario en períodos electorales.

Algunos analistas, entre ellos políticos, consideran que la ciudadanía tiene derecho a saber cómo y por qué se gasta el dinero público, y el Estado tiene el deber de garantizar que esos fondos se utilicen para servir, no para manipular.