Fuerza del Pueblo denuncia las pensiones especiales del PRM sin fundamento legal

SANTO DOMINGO, R.D.

Un informe elaborado por la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la Fuerza del Pueblo advierte que el Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) ha concedido más de 11 mil pensiones especiales sin base legal entre 2021 y 2024, lo que representa un gasto anual superior a los RD$ 3,925 millones.

El informe de la entidad política opositora fue dado a conocer por jurista Raúl Martínez, titular del organismo de la FP, durante una rueda de prensa en la que estuvo acompañado por un equipo de vicesecretarios y abogados de la organización.

Según la investigación, esta práctica compromete seriamente la sostenibilidad de las finanzas públicas y constituye una violación flagrante al régimen legal vigente sobre jubilaciones del Estado dominicano.

Durante una rueda de prensa, Martínez estuvo acompañado por un equipo de vicesecretarios y abogados de la FP.

Martínez sostuvo que el hallazgo se desprende de un estudio minucioso que analizó todas las disposiciones emitidas por el Ejecutivo en este período, evidenciando una práctica que calificó como abusiva, discrecional y contraria al marco normativo.

Una facultad presidencial que no es absoluta

El estudio de la FP analiza en detalle la Ley Núm. 379-81, que regula las pensiones de los servidores públicos.

 Dicha normativa establece requisitos claros de edad y tiempo de servicio para acceder a una pensión estatal, con rangos que van desde los 20 a los 35 años de servicio.

Señala que solo en casos excepcionales y por razones médicas, el presidente puede conceder pensiones a quienes hayan servido al Estado por al menos cinco años.

Además, el artículo 10 de la ley es categórico: cuando no se cumplen los requisitos establecidos, el único facultado para otorgar pensiones es el Congreso Nacional.

Por tanto, según el análisis jurídico de la Fuerza del Pueblo, el Poder Ejecutivo no está autorizado a otorgar pensiones especiales discrecionalmente, como ha venido ocurriendo en la actual gestión de gobierno.

Un patrón de discrecionalidad sin precedentes

La investigación detalla que, en el periodo comprendido entre 2021 y 2024, se han emitido 318 decretos presidenciales que asignan pensiones especiales sin justificación legal, beneficiando a 11,007 personas.

En muchos casos, no se detalla si los beneficiarios eran servidores públicos ni si cumplen los requisitos exigidos por la ley.

De acuerdo con la FP, este gasto representa una carga fiscal de casi cuatro mil millones de pesos anuales, lo que supera ampliamente el presupuesto asignado en 2025 a ministerios clave como el de la Mujer, Juventud, Trabajo y Administración Pública.

Comparación alarmante con sectores estratégicos

El gasto en pensiones especiales irregulares sobrepasa incluso el presupuesto de instituciones constitucionales y programas sociales prioritarios. Por ejemplo:

• Salud materno-neonatal (SENASA): RD$ 2,180 millones
• Alfabetización inicial: RD$ 1,832 millones
• Prevención del VIH-SIDA: RD$ 1,737 millones
• Fomento de ciencia y tecnología: RD$ 1,599 millones
• Reducción de crímenes y delitos: RD$ 1,798 millones

Comparado con esto, los RD$ 3,925 millones destinados a pensiones especiales injustificadas representan una prioridad distorsionada del gasto público, según concluye el documento.

Decretos como arma política

El informe de la Secretaría de Asuntos Jurídico de la FP también denuncia el uso político-electoral de las pensiones especiales.

En algunos casos, añade, los decretos revelan que estas fueron concedidas a solicitud de autoridades locales o legisladores del PRM.

Ejemplo de ello son el Decreto 425-21, que menciona expresamente una petición del senador de Monseñor Nouel, y el Decreto 273-21, por solicitud del alcalde de Higüey, sostiene el análisis  

Estos casos, advierte el informe, confirman que se está usando dinero público para premiar lealtades políticas, generando privilegios indebidos a espaldas de la legalidad y los principios de transparencia.

¿Derroche legalizado?

Mientras el Gobierno promueve un discurso de racionalización del gasto, la práctica de conceder pensiones sin criterios técnicos ni legales pone en tela de juicio ese compromiso.

A juicio de los autores del informe, este patrón configura un esquema de clientelismo institucionalizado que podría convertirse en una bomba fiscal de largo plazo si no se revierte.

La Fuerza del Pueblo hizo un llamado a la sociedad civil, al Congreso Nacional y a los órganos de control a auditar esta práctica y exigir cuentas.

Al mismo tiempo, advierten que podrían acudir a instancias internacionales si no se detienen las violaciones sistemáticas al ordenamiento jurídico en materia de seguridad social.