SANTO DOMINGO, R.D.

La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) presentó una querella formal contra el exministro de Educación, Ángel Enrique Hernández Castillo, acusándolo de violar la Ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio y la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos, al omitir deliberadamente en su declaración jurada la existencia de una sociedad comercial vinculada a su familia.

Según la denuncia, Hernández no incluyó en su declaración su activo familiar más valioso, la empresa Constructora Playa Morón, registrada inicialmente por él ante la Oficina Nacional de la Propiedad Intelectual, el 31 de enero de 2022, bajo el número 4754-2022, siete meses antes de su designación como ministro mediante el decreto presidencial 414-22, de fecha 3 de agosto de 2022.

Posteriormente, la compañía fue formalmente constituida el 17 de marzo de 2022, con el RNC No. 1-32-57050-2 y Registro Mercantil No. 1827855D.

La constructora figura a nombre de la esposa del exministro, Miriam de Jesús Acosta Peralta, y de su hija, Alejandrina María Hernández Acosta.

El 29 de septiembre de 2022, apenas un mes después de que Hernández asumiera el cargo, la empresa adquirió un inmueble de 7,854.74 metros cuadrados, matrícula 3000537349, ubicado en Las Terrenas, Samaná, por un valor de RD$31, 095,000.00.

ADOCCO subraya que el precio referencial de una propiedad de esas características en la zona supera los US$4 millones, y que la compra se efectuó sin registro de hipotecas ni gravámenes, lo que sugiere que habría sido realizada en efectivo.

La organización también cuestiona la procedencia de los fondos, ya que los ingresos reportados por Hernández y su esposa en sus declaraciones no justifican una operación de esa magnitud.

La entidad anticorrupción sostiene que la omisión de esta empresa en la declaración jurada del entonces ministro constituye una violación a los artículos 5 y 8 (acápite 4) de la Ley 311-14, al no declarar todos los activos y pasivos de su comunidad conyugal.

Esto, a su vez, podría configurar un caso de lavado de activos, sancionado por la Ley 155-17, agregó.

Por tales motivos, ADOCCO solicitó al Ministerio Público acoger la querella, iniciar una investigación penal contra Ángel Enrique Hernández Castillo y determinar las responsabilidades de otras personas que pudieran estar involucradas, así como recaudar las pruebas necesarias para formalizar la acusación correspondiente.