Ola de asaltos mantiene en vilo a San Luis

SAN LUIS, Santo Domingo Este, R.D.

El clima de inseguridad que afecta a distintos puntos del país volvió a quedar en evidencia, tras el violento asalto contra el comerciante Vicente Ramírez Soriano, ocurrido la madrugada del martes en el distrito municipal de San Luis, un territorio que vecinos y organizaciones denuncian como cada vez más abandonado por las autoridades.

El Comité Dominicano de los Derechos Humanos (CDDH) denunció que el ataque no se trata de un hecho aislado, sino de otro episodio dentro de una cadena constante de asaltos, robos y actos violentos que mantienen en zozobra a residentes y comerciantes de la zona.

Un asalto planificado y de extrema violencia

De acuerdo con la denuncia, cuatro individuos armados irrumpieron en la vivienda de Ramírez Soriano, alrededor de las 3:00 de la madrugada.

Dos de los asaltantes forzaron la puerta con una pata de cabra, penetraron al interior y encañonaron a la víctima, a quien despojaron de su teléfono celular antes de atarlo y trasladarlo por la fuerza hasta el sector Las Flores, donde el comerciante posee un colmado.

Una vez en el establecimiento, los delincuentes sustrajeron bebidas alcohólicas y dinero en efectivo, para luego dejar al comerciante amarrado y amordazado, tras hacerle vivir momentos de terror y alta tensión.

Niños encañonados y hogares saqueados

La esposa de la víctima, Miranda Mercedes, visiblemente afectada, denunció que los asaltantes revolvieron todos los aposentos de la vivienda y que incluso apuntaron con armas de fuego a un niño pequeño que se encontraba en el lugar, un hecho que ha generado profunda indignación en la comunidad.

“Esto no es solo un robo, es un acto de brutalidad que pudo terminar en tragedia”, expresaron vecinos del sector, quienes aseguran que el temor se ha vuelto parte de la vida diaria en San Luis.

Derechos Humanos advierte colapso de la seguridad

Ante la gravedad del hecho, el Comité Dominicano de los Derechos Humanos hizo un llamado urgente al director del DICRIM, general Pedro Ignacio Mato Pérez, y al subdirector adjunto, coronel Cleto de la Cruz, en Santo Domingo Este,  para que intervengan de manera inmediata el distrito municipal de San Luis, donde —según la entidad— los asaltos se han vuelto recurrentes y cada vez más violentos.

Por su parte, Diógenes Ozuna, coordinador del CDDH en San Luis, exigió el cambio total del personal policial, un mayor patrullaje preventivo y la implementación de acciones concretas para frenar la delincuencia.

Ozuna advirtió que, ante lo que calificó como la incapacidad de la Policía Nacional para garantizar la seguridad ciudadana, se convocarán marchas y protestas en los próximos días, en reclamo de respuestas reales y protección para los residentes.

Un problema que trasciende a San Luis

Organizaciones comunitarias señalan que lo ocurrido en San Luis refleja una crisis de seguridad de alcance nacional, donde comerciantes, familias y trabajadores viven bajo amenaza constante, especialmente durante la noche y la madrugada.

Mientras las denuncias se multiplican, la población exige acciones firmes, presencia policial efectiva y resultados visibles, antes de que nuevos hechos de sangre sigan engrosando la lista de víctimas de la inseguridad que golpea al país.

Reclamos nacionales por cambios en la Policía Nacional

A la creciente ola de asaltos y hechos violentos que sacuden a San Luis y a otras comunidades del país se suma un reclamo cada vez más amplio de distintos sectores sociales, comunitarios y de derechos humanos, que exigen la destitución inmediata del director general de la Policía Nacional, mayor general Ramón A. Guzmán Peralta, así como de los altos mandos policiales.

Las organizaciones denuncian que la inseguridad ciudadana se ha agravado a nivel nacional, producto del incremento sostenido de la delincuencia, lo que ha generado un clima generalizado de miedo e indefensión entre comerciantes, familias y trabajadores, especialmente en barrios populares y zonas periféricas.

Según los denunciantes, la falta de resultados efectivos en el combate al crimen, sumada a la reiteración de asaltos violentos, secuestros exprés y robos a mano armada, evidencia un fracaso en la conducción de la institución policial, lo que hace insostenible la permanencia de la actual cúpula.

Señalan violación a la Ley 590-16

Diversos sectores también acusan directamente al presidente Luis Abinader de mantener ilegalmente en el cargo al mayor general Guzmán Peralta, en violación del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional No. 590-16, el cual establece un período máximo de dos años para ocupar la jefatura de la institución.

De acuerdo con juristas y organizaciones civiles, la permanencia del actual jefe policial no solo contraviene la ley, sino que debilita la institucionalidad, envía un mensaje de impunidad administrativa y agrava la crisis de confianza de la ciudadanía en los organismos responsables de garantizar la seguridad pública.

Exigen decisiones inmediatas

Los reclamos apuntan a que sin cambios profundos en la dirección policial, cualquier plan contra la delincuencia será insuficiente.

 “No se trata solo de patrullaje, sino de liderazgo, cumplimiento de la ley y voluntad política”, sostienen los denunciantes.

Mientras el Gobierno insiste en que la seguridad está bajo control, los hechos en las calles cuentan otra historia, una población cada vez más temerosa, comunidades organizándose para protestar y una presión social creciente que exige respuestas inmediatas, legales y efectivas, antes de que la inseguridad continúe cobrando más víctimas.

La Inseguridad fue uno de los principales temas denunciado por  los obispos dominicanos en su Carta Pastoral.