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Siguen las quejas contra haitianos ilegales en residencial de SDE… y no los quieren

¡Cógelo, Picante! Obras del gobierno siguen dando problemas… y la PN ahora hasta gas pimienta tira a periodistas.

Buenos días…

¡Cógelo, Picante!En el residencial San Isidro Labrador, en Santo Domingo Este, los residentes siguen alzando la voz contra la presencia de haitianos ilegales en ese importante sector.

Dicen —y lo repiten sin rodeos— que esos extranjeros están arrabalizando el residencial y convirtiendo la zona en un caos. Nada nuevo bajo el sol. ¿El responsable? La Dirección General de Migración, que parece mirar hacia otro lado y no cumplir con su deber.

Allí los haitianos son detenidos en los famosos “operativos” de Migración… pero el show dura poco. En cuestión de horas están otra vez caminando por el residencial como si nada hubiera pasado. Entonces, ¿de qué sirven esos operativos?

Desde El Seibo llega otra denuncia que huele mal. La recién inaugurada Plaza de Toros y Multiusos ya tiene parte del techo desplomado. Sí, recién inaugurada… y ya se está cayendo.

Pero hay más. Según la fuente, en ese lugar no dejan entrar a nadie y a los empleados les tienen prohibido tomar fotos. ¿La razón? Están reparando el desastre a escondidas para que no trascienda y, como dicen por ahí, “no le echen una vaina al PRM ni al gobierno”.

Y hablando de obras “modernas” inauguradas con bombos y platillos… nos cuentan que en el nuevo Palacio de Justicia de Santo Domingo Este pasa algo digno de un chiste malo: llueve adentro y escampa afuera. Un edificio nuevo… con problemas viejos.

Mientras tanto, siguen llegando denuncias de dominicanos y extranjeros que aseguran haber sido víctimas de estafas inmobiliarias en la República Dominicana.

Presidente Luis Abinader, ordene a la Procuraduría investigar esa supuesta mafia. El país no puede darse el lujo de retroceder en algo que ya parecía superado.

Por otro lado, Carlos Peña, líder del GenS, escribió en su cuenta de X acusaciones durísimas contra el director de Compras y Contrataciones, Carlos Pimentel. Habló de supuestos actos de corrupción, asociación de malhechores y estafa contra el Estado. Y según él, la “justicia independiente” no ha movido un dedo.

Pero el mismo Peña asegura que Jefté Ventura denunció parte de la “mafia de los combustibles”… y en cuestión de horas ya le están solicitando prisión por difamación e injuria.

Entonces el político lanza la pregunta: ¿Cuál es la diferencia entre esos dos ciudadanos dominicanos?

La respuesta es sencilla, Carlos Peña: lo que ayer se decía sin consecuencias… hoy está prohibido. Antes se acusaba de ladrón, estafador o narcotraficante a funcionarios sin que pasara gran cosa. Ahora, aunque tengas pruebas, cuidado… porque te pueden caer arriba con todo el peso de la ley.

En Santiago, uno de los forajidos que intentó asaltar a una mujer —y que fue frenado por un ciudadano que les estrelló el carro encima— decidió entregarse a la Policía. ¿La razón? Evitar que los vecinos lo lincharan. Eso dicen algunos de sus propios familiares.

En Santo Domingo Este, el nuevo director regional de la Policía tiene trabajo de sobra. Debe poner en cintura a los invasores de La Ureña y otros sectores de la zona que, según cuentan, hasta celebraron su designación. Y cuando los que están fuera de la ley celebran… algo no huele bien.

También hemos recibido quejas de periodistas, especialmente reporteros gráficos, denunciando agresiones policiales. Esto ya es el colmo. No creemos que esa sea la política que quiere implementar el nuevo jefe de la institución, aunque muchos agentes lo tildan de inquisidor.

El presidente Luis Abinader, que llegó al poder con el respaldo de medios y redes sociales, no puede permitir esas agresiones… esas vagamunderías. Porque, se supone, vivimos en democracia.

Este espectáculo hacía décadas que no se veía. Ni siquiera en los famosos 12 años de Balaguer, cuando se decía que la vida no valía nada. Y ahora, para rematar, hasta gas pimienta le están tirando a periodistas. ¿Y esa es la famosa reforma policial?

Por cierto… ya casi no se habla de los solicitados en extradición. Parece que a esos “compañeritos” también les encontraron una solución.

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