El escándalo de El Seibo no puede taparse: exige investigación a fondo

A propósito de los bienes incautados al narcotráfico… le presentamos lo ocurrido la semana pasa en El Seibo, donde varios camiones habrían cargado ganado de alto valor económico, estimado en millones de pesos.

Esto ocurrió el pasado viernes, agentes de la Policía Nacional en ese municipio interceptaron cinco camiones cargados de reses, los cuales fueron conducidos al cuartel policial para fines de investigación.

Detalles del hecho fueron revelados a “El Látigo” a través del programa comunitario “Levántate con Nosotros: Conectado con la Comunidad”, desde donde se indicó que los animales presuntamente habían sido sacados de una finca que se encuentra bajo control de la Procuraduría General de la República, debido a un proceso judicial en curso.

Dirigentes comunitarios de la zona sostienen que posteriormente las reses habrían sido devueltas al lugar de destino, escoltadas por agentes de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (DICRIM), aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.

Sobre el caso también se pronunció el abogado Guillermo Nolasco, quien en su cuenta de Facebook afirmó que los animales habrían sido sustraídos de una finca intervenida por la Procuraduría.

“Esos animales fueron robados de una finca que está en un proceso de intervención por la PGR. No se entiende cómo las personas involucradas no fueron sometidas a la justicia. Alguien con poder habría llamado al fiscal o a la Policía de El Seibo para que despacharan a quienes cargaban esas reses”, escribió el jurista.

Una fuente vinculada a la propia Procuraduría indicó que el ganado presuntamente sería trasladado al municipio de Miches.

Sin embargo, lo que más ha generado interrogantes es que los camiones no quedaran retenidos ni se produjeran arrestos, ya que —según versiones que circulan en la zona— habrían sido despachados por una “orden superior”, supuestamente emitida desde instancias vinculadas a la Procuraduría.

Los choferes y el personal que transportaba las reses habrían sido dejados en libertad, a pesar de que se dijo que el ganado había sido sacado de forma irregular de una finca bajo custodia del Ministerio Público.

Aunque las autoridades se han mantenido herméticas sobre el caso, trascendió que la finca en cuestión habría sido incautada en un proceso relacionado con narcotráfico, lo que aumenta aún más las dudas sobre lo ocurrido.

Pero para muchos analistas, estos hechos revelan un problema más profundo: debilidad institucional, falta de controles y posibles redes de poder que operan dentro de organismos sensibles del Estado.

Este caso no puede quedar cerrado ni en el olvido. Por ello, solicitamos una investigación profunda por parte del Gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump, que lidera las operaciones contra el narcotráfico y el narcoterrorismo en la región, en coordinación con el Gobierno de la República Dominicana.

De manera extraoficial se comenta que la propiedad en cuestión estaría vinculada a personas que ya fueron extraditadas y procesadas en Estados Unidos, lo que hace aún más necesario esclarecer este caso.