Es más fácil que un león pase por el ojo de una aguja que ver una auditoría seria en la Policía

Buenos días…

Sueñan quienes creen que harán una auditoría seria en la Policía Nacional. Eso sería como tirarle piedras a la luna.

Es más fácil que un león cruce por el ojo de una aguja.

Recordemos: en 2022 el presidente Luis Abinader ordenó auditar varios organismos policiales que recibían fondos del Estado. Cuando se conocieron los resultados, el panorama fue desastroso: las auditorías detectaron irregularidades cercanas a los mil millones de pesos.

¿Y cuál fue la consecuencia? Solo hubo un sancionado: el coronel Valerio Liriano Frías, que dirigió las auditorías. Ese oficial, contador de profesión, fue enviado a retiro por decisión del propio presidente.

Pero hay un detalle importante: ese retiro fue declarado ilegal. El Tribunal Superior Administrativo ya emitió una sentencia ordenando su reintegro a la institución. Pero, la misma ha sido desacatada.

Mientras tanto, dos de los oficiales vinculados a las irregularidades detectadas en esas auditorías terminaron siendo premiados dentro del propio sistema.

Uno de ellos fue el hoy exmayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, quien en ese momento dirigía la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre. El otro ocupa actualmente la dirección de la Policía Nacional.

Y hay un tercer caso: el actual director de Policía Turística, ya que —según los propios informes de auditoría— varias de las irregularidades detectadas ocurrieron durante su gestión.

Pero recordemos otro dato curioso. Fue el propio presidente Abinader quien anunció la realización de esas auditorías en su discurso de rendición de cuentas del 27 de febrero de 2023, presentándolas como un hecho histórico, algo que —según dijo— nunca antes se había hecho dentro de la Policía. ¡Qué maravilla!

Sin embargo, pese a que las auditorías revelaron irregularidades millonarias, el proceso posterior dejó muchas preguntas. Varias instituciones recibieron esos informes, incluida la Procuraduría General de la República.

Incluso existe una querella presentada contra uno de los señalados, recibida durante la gestión de la magistrada Yeni Berenice Reynoso. Hasta ahora, el país no conoce resultados concluyentes de ese caso. ¿La archivaron?

Por eso muchos sostienen que la transparencia gubernamental sigue siendo una asignatura pendiente. La lucha contra la impunidad, dicen los críticos, parece quedarse muchas veces en el discurso. Y así es.

Y lo mismo ocurre con la tan cacareada “reforma policial”, que fue presentada como la gran transformación institucional, pero cuyos resultados reales todavía generan debate.

De hecho, según testimonios de oficiales y documentos internos, dentro de la propia institución surgieron fuertes tensiones por el manejo de recursos vinculados a ese proceso.

De acuerdo con esas versiones, el entonces director de la Policía, Eduardo Alberto Then, el comisionado de la reforma Pepe Vila y varios oficiales generales se habrían opuesto a la entrega de aproximadamente mil millones de pesos al entonces ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez Martínez.

Posteriormente se habría planteado la entrega de unos 450 millones de pesos, supuestamente destinados a la escuela de entrenamiento policial en Río San Juan. Sin embargo, el proyecto no prosperó al no existir claridad sobre la justificación de esos recursos.

Las consecuencias de ese episodio, según las fuentes consultadas, no tardaron en aparecer:

• salió de la dirección policial Eduardo Alberto Then,
• fue desvinculado el comisionado Pepe Vila,
• y más recientemente, fue puesto en retiro el Inspector General de esa Jefatura, quien —según testimonios— habría advertido que ese manejo de fondos podía ser ilegal.

Y entonces… la pregunta queda flotando en el aire: ¿Quién responde por todo esto?

Y mientras tanto, la inseguridad sigue creciendo en el país. Las denuncias de asaltos y puntos de drogas llueven desde todos los rincones de la República Dominicana. ¡Qué desgracia!

Lo ocurrido recientemente en Santiago de los Caballeros, La Vega y Bonao es apenas una muestra de esa realidad que mantiene a la ciudadanía en un estado permanente de nerviosismo, temor e incertidumbre.

En Santiago, un joven tuvo que estrellar su propio vehículo contra dos delincuentes para evitar que una mujer fuera asaltada, precisamente el Día Internacional de la Mujer. Resultado: el atraco se frustró, el carro quedó destruido y los delincuentes escaparon.

Un acto de valentía ciudadana… pero también un retrato crudo del nivel de inseguridad.

En La Vega ocurrió algo todavía más alarmante. Cansada de la inacción de las autoridades, la comunidad se enfureció, se empoderó y destruyó un punto de drogas que mantenía en zozobra al barrio.

La gente, impotente ante la falta de respuesta de la Policía Nacional de la República Dominicana y de la Dirección Nacional de Control de Drogas, decidió hacer justicia por su propia mano.

Un hecho que debería provocar vergüenza institucional, no sola en esas dos entidades, sino también en el gobierno del presidente Luis Abinader, porque cuando la gente toma la justicia en sus manos, es señal de que el Estado está fallando.

Y en Bonao, otra tragedia: cuatro personas murieron en un accidente de tránsito, entre ellas una menor de edad. Esto también tiene responsables.
La falta de control y seguridad en las vías es evidente. La presencia de agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre en muchos puntos críticos es prácticamente inexistente.

El tránsito se ha convertido en un caos nacional, una vergüenza que cada día cobra vidas. Otra señal de que la seguridad ciudadana sigue siendo una deuda pendiente.

Y hablando de cuentas pendientes… El dirigente del PRM y eterno aspirante presidencial Guido Gómez Mazara debería ofrecer una explicación clara sobre la denuncia hecha por el comunicador Aquiles Jiménez.

Según esa denuncia, se habrían invertido 1,700 millones de pesos en la compra de un edificio para el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, y posteriormente se descubrió que la torre no cuenta con parqueos suficientes, por lo que ahora habría que destinar otros 35 millones de pesos para resolver ese problema. Una llamado sencillo, pero necesario: Guido… explique.