Fiscales con cámaras corporales: ¿control al poder policial o simple maquillaje?

Por Augusto Álvarez

La decisión de que los fiscales utilicen cámaras corporales durante los allanamientos marca una señal clara de la procuradora general Yeni Berenice Reynoso frente a la actuación de la Policía Nacional.

Con esta medida, que entrará en vigencia a partir del 1 de abril, los representantes del Ministerio Público que participen en operativos junto a agentes policiales deberán portar cámaras corporales para registrar en tiempo real el desarrollo de los procedimientos.

La iniciativa busca fortalecer la transparencia en las actuaciones del Ministerio Público. Sin embargo, también reabre interrogantes sobre la efectividad de estos dispositivos, ya que los agentes policiales ya cuentan con cámaras corporales, aunque en muchos casos se ha señalado que presentan fallas técnicas o “desperfectos”, lo que ha limitado su utilidad en investigaciones y procesos judiciales.

A partir de abril, cuando fiscales y policías coincidan en los mismos operativos, se podrá verificar si los equipos asignados al Ministerio Público funcionan correctamente o si también arrastran problemas técnicos que impidan conocer con claridad lo ocurrido durante los procedimientos.

Más controles para evitar errores

La disposición también implica mayores responsabilidades para el fiscal actuante. Antes de ejecutar un allanamiento, deberá verificar con precisión la dirección y el nombre de los residentes del lugar intervenido, a fin de evitar errores que puedan afectar a ciudadanos inocentes.

No falta quien advierta que, incluso estando en el mismo escenario, las cámaras de los policías podrían no registrar lo mismo que las del fiscal, lo que abriría nuevas discusiones sobre la cadena de responsabilidades en los operativos.

La historia dominicana recuerda episodios polémicos relacionados con actuaciones policiales, como el asesinato del dirigente estudiantil Amin Abel Hasbún, ocurrido en 1970 en las cercanías de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, caso que aún forma parte de la memoria crítica sobre el uso de la fuerza estatal.

La gran pregunta

Ante esta nueva medida surge una interrogante inevitable: ¿valdrá la pena la inversión del Estado en cámaras corporales si los dispositivos no funcionan correctamente o si no existe un control efectivo sobre su uso?

La respuesta comenzará a conocerse cuando las cámaras de fiscales y policías registren, al mismo tiempo, la realidad de los operativos en el país.