Manzanillo alza su voz, rechaza agendas externas y exige debida diligencia
Por Frank Valenzuela
MANZANILLO, Montecristi, R.D.
El Consejo de Organizaciones para el Resarcimiento Socioambiental y Productivo del Municipio Pepillo Salcedo (CORESAP-MANZANILLO), integrado por 17 organizaciones representativas del territorio, fijó una posición firme frente a planteamientos y agendas formuladas fuera del municipio que no han sido consultadas con las organizaciones locales ni responden a las prioridades reales de las comunidades.
La entidad sostuvo que la voz legítima de Manzanillo, Copey, Carbonera y del conjunto del territorio de Pepillo Salcedo debe construirse desde el propio municipio, en correspondencia con su realidad social, productiva, ambiental y territorial, y no desde discursos externos desvinculados de la experiencia concreta de las comunidades.
“Nosotros no estamos en contra del desarrollo ni del avance de proyectos estratégicos para la nación. Lo que sostenemos es que ese desarrollo tiene que estar vinculado al desarrollo sostenible del territorio, a la protección de la biodiversidad y al cumplimiento riguroso de la debida diligencia que corresponde a un proyecto de esta magnitud”, expresó Frank Valenzuela, coordinador del Consejo.
Valenzuela agregó que cualquier actuación pública o privada que pretenda hablar en nombre de Manzanillo sin haber consultado a las organizaciones territoriales carece de legitimidad comunitaria y no puede presentarse como expresión auténtica de la voluntad local.
El dirigente comunitario señaló que resulta profundamente preocupante que se intente articular un discurso político o ideológico sin conexión real con las decisiones, preocupaciones y prioridades del municipio.
“Nadie puede pensar por la comunidad ni decidir por la comunidad desde fuera del territorio. Aquí existen organizaciones que llevan años documentando impactos, defendiendo medios de vida y construyendo una agenda seria de resarcimiento territorial. Pretender desplazar ese trabajo con narrativas importadas no fortalece la causa comunitaria; la debilita”, afirmó.
Demanda de auditoría y evaluación independiente
La organización reiteró que una de sus principales demandas sigue siendo la realización de una auditoría forense al desmonte de más de 500,000 metros cuadrados, así como una evaluación independiente de las transformaciones ocurridas en el área intervenida y de sus efectos sobre los componentes productivo, ambiental, social, territorial, municipal, de conectividad y patrimonial.
A juicio del Consejo, a más de tres años de iniciado el proceso de intervención, todavía no se evidencia una arquitectura integral de resarcimiento proporcional a la magnitud del cambio territorial observado ni a la profundidad de los impactos acumulativos que ya se perciben en el municipio.
“Lo que está pendiente no es un gesto simbólico ni una respuesta sectorial fragmentada. Lo que está pendiente es una discusión seria sobre cómo se restituye, se resarce y se responde frente a una transformación territorial que ya ha alterado medios de vida, conectividad, exposición comunitaria y funciones ecológicas del entorno”, expresó Helvio Bejarán, asesor estratégico del Consejo.
Bejarán añadió que la preocupación del territorio no se limita a un expediente administrativo, sino a la ausencia de respuestas integrales para sectores como la pesca artesanal, la apicultura, la producción ovino-caprina, la conectividad comunitaria, la exposición crítica del sector Villa Raif y la carga institucional que recae sobre el municipio.
Revisión de debida diligencia internacional
El asesor indicó además que BID Invest debe revisar, junto con las comunidades y sus organizaciones representativas, si en este caso fueron aplicadas con la rigurosidad necesaria las debidas diligencias ambientales y sociales previstas para operaciones de alto impacto territorial.
“Desde un lenguaje compatible con los estándares del MICI, el BID, la IFC y el Banco Mundial, lo que observamos es que existen cuestiones metodológicas y territoriales que requieren revisión, particularmente en relación con la ND1 sobre evaluación y gestión de riesgos e impactos, la ND4 sobre salud y seguridad comunitaria, la ND5 sobre desplazamiento económico y medios de vida, y la ND6 sobre biodiversidad, hábitats críticos y servicios ecosistémicos. Lo que corresponde ahora es examinar si la respuesta ofrecida guarda proporcionalidad con la magnitud del cambio territorial”, indicó.
El CORESAP-MANZANILLO recordó que desde diciembre ha venido solicitando formalmente a BID Invest —entidad que financia con 200 millones de dólares el proyecto— la apertura de una discusión estructurada sobre planes de resarcimiento construidos desde un enfoque territorial y no sectorial, con participación directa del Consejo y de las comunidades afectadas.
La organización subrayó que su posición no es de negación del desarrollo, sino de exigencia de un desarrollo concertado, sostenible e integral, compatible con la biodiversidad del Parque Nacional Manglares de Estero Balsa, el sistema de humedales del área y el derecho de las comunidades a que los daños ya provocados sean evaluados, restituidos y resarcidos en su verdadera dimensión acumulativa.
La voz del territorio
El Consejo afirmó además que el fortalecimiento de alianzas y apoyos internacionales solo tiene legitimidad cuando reconoce la centralidad del territorio y acompaña —sin sustituir— la voz de las comunidades organizadas.
En ese sentido, señaló que ganar espacio en escenarios nacionales e internacionales es importante para visibilizar el caso, pero que ese posicionamiento debe construirse desde Manzanillo, desde Pepillo Salcedo y desde sus organizaciones representativas, de modo que cualquier solidaridad externa contribuya a fortalecer la agenda territorial de resarcimiento y no a desplazarla.
La organización comunitaria también valoró advertencias formuladas por la Academia de Ciencias de la República Dominicana, especialmente cuando ha señalado que el desarrollo de Montecristi y de la Línea Noroeste no puede seguir esperando, pero que “carece de lógica que para alcanzar el desarrollo sea preciso primero destruir para luego reconstruir”.
Para las organizaciones territoriales, esa reflexión resume el principio que debe orientar cualquier intervención en Pepillo Salcedo: desarrollo sí, pero con sostenibilidad, concertación, respeto a la biodiversidad, revisión independiente de la debida diligencia, auditoría del desmonte y resarcimiento integral para Manzanillo, Villa Raif, Copey, Carbonera y todos los sectores que hoy cargan los costos de una transformación territorial que aún no ha sido respondida con la proporcionalidad que corresponde.
“Valoramos el acompañamiento serio y el interés por lo que ocurre en Manzanillo. Lo que sostenemos es que ese acompañamiento debe reconocer que aquí existe un tejido organizativo con legitimidad, experiencia y una agenda construida desde el territorio. Ganar espacio fuera es importante, pero sin perder el centro de gravedad local del caso. La representación del municipio no está disponible para ser sustituida, porque nadie conoce mejor esta realidad que quienes la viven, la documentan y la defienden todos los días”, concluyó Frank Valenzuela.
