Menos disfraz y más seguridad: medidas urgentes contra la confusión que aprovecha el crimen

Sectores representativos de RD han expresado serias preocupaciones por el clima de inseguridad y delincuencia que afecta el país.

El abogado y comunicador Julio Puente Peguero remitió una carta al recién designado director policial, general Cruz y Cruz, donde le expuso un tema que debe corregirse y que es motivo para que asaltantes y delincuentes usen insignias y uniformes de la PN y órganos militares, impune y abiertamente.

Él pide que la Policía recoja y retire de vehículos privados gorras, uniformes y letreros que confunden y engañan.

Yo voy más lejos y sugiero medidas más drásticas y fuertes para frenar esta alarmante situación.

Que el señor presidente de la República emita una resolución o decreto, instruyendo al ministro de Defensa, a la ministra de Interior y Policía y a la Procuraduría General de la República, y que se ordene a la PN, DNCD, ERD, Armada Dominicana y FAD corregir esa anómala situación.

Ante la ola de inseguridad que golpea a la República Dominicana, el presidente Luis Abinader debería impulsar medidas firmes que, al menos, ayuden a aliviar la sensación de vulnerabilidad que hoy se vive en las calles.

Una de las primeras acciones debe ser prohibir de manera estricta que civiles utilicen gorras, insignias, chalecos, camisas o pantalones con apariencia policial o militar. Ese tipo de indumentaria no puede seguir circulando libremente, porque genera confusión y abre la puerta a abusos y delitos.

También debería eliminarse el uso de la famosa placa con el letrero de “Oficial” en los vehículos privados, sean de civiles o incluso de agentes policiales o militares fuera de funciones. Ese distintivo se ha convertido en un símbolo de privilegio mal utilizado y, en muchos casos, en una herramienta para evadir controles o intimidar.

Otra medida urgente es prohibir a civiles o militares el uso de pasamontañas en espacios públicos o privados, salvo en operaciones oficiales debidamente autorizadas. Con frecuencia estas prendas aparecen en asaltos y otras acciones criminales, facilitando que los delincuentes oculten su identidad.

No hay que olvidar que los pasamontañas forman parte del equipamiento de fuerzas especiales policiales o militares y de organismos de inteligencia como la Dirección Nacional de Control de Drogas, por lo que su uso debe limitarse estrictamente a esas funciones.

Asimismo, las compañías privadas de seguridad no deberían utilizar uniformes iguales o demasiado parecidos a los de la Policía o las instituciones militares. La seguridad privada cumple un rol importante, pero su vestimenta debe diferenciarse claramente para evitar confusión entre la población.

De igual forma, los policías municipales no deberían portar uniformes idénticos o similares a los de la Policía Nacional y de otras instituciones armadas. Cada institución debe tener una identidad visual clara.

Además, es conocido que para ingresar como policía municipal no siempre se exige un proceso de depuración tan riguroso como el de otras instituciones. En algunos casos, personas con antecedentes o historial cuestionable han logrado integrarse a esos cuerpos, lo que aumenta el riesgo de abusos y deteriora la confianza pública.

También los agentes de la Policía deben evitar el uso de uniformes que sean semejantes o demasiado parecidos a los que utiliza el Ejército Nacional u otras instituciones castrenses.

Cada cuerpo de seguridad del Estado debe mantener uniformes claramente diferenciados, de modo que la ciudadanía pueda identificar con facilidad a qué institución pertenece cada agente.

La confusión en la vestimenta no solo debilita la imagen institucional, sino que además puede ser aprovechada por delincuentes para hacerse pasar por autoridades, lo que representa un riesgo adicional para la seguridad de la población.

En tiempos de inseguridad, la claridad, la regulación y el control son esenciales. No se trata solo de discursos: la ciudadanía necesita medidas concretas que devuelvan confianza y orden en las calles.

Señor presidente Luis Abinader, ejerza plenamente su responsabilidad constitucional de garantizar el orden público, la seguridad ciudadana, la integridad territorial y la soberanía nacional.

El pueblo dominicano —el soberano— lo eligió democráticamente para dirigir el país y para tomar las decisiones necesarias que permitan preservar la paz, fortalecer las instituciones y proteger a la nación. Hoy más que nunca, la ciudadanía espera acciones firmes, responsables y efectivas en favor de la seguridad y el respeto a la ley.