Santo Domingo Este sin control: la expansión silenciosa de haitianos ilegales

La presencia de haitianos en condición migratoria irregular en Santo Domingo Este ya no es un rumor ni una percepción aislada: es una realidad visible, cotidiana y, para muchos residentes, alarmante.

Lo preocupante no es solo el fenómeno en sí, sino la aparente indiferencia de las autoridades de la Dirección General de Migración.

En residenciales como San Isidro Labrador, así como en sectores de clase media y trabajadora como Invivienda y Ciudad Juan Bosch, se observa un incremento sostenido de extranjeros indocumentados viviendo y desplazándose sin ningún tipo de control aparente.

Vecinos denuncian que la situación ocurre ante la mirada pasiva de las autoridades, que parecen actuar solo de manera esporádica.

En las principales avenidas, la escena se repite: venta de flores, artículos diversos y limpieza improvisada de cristales en medio del tránsito.

A esto se suman triciclos convertidos en buhonería ambulante, ofertando cocos y otros productos en plena vía pública, lo que provoca taponamientos y desorden en calles ya congestionadas.

Pero el fenómeno va más allá del comercio informal. En zonas como la Carretera de Mendoza, abundan los conchos y microbuses operados por haitianos, muchos de ellos sin documentación regular, controlando rutas de transporte sin que nadie parezca supervisar la legalidad de su estatus o sus licencias.

También se observa su presencia como repartidores en colmados, colmadones y negocios de comida rápida, especialmente en establecimientos propiedad de ciudadanos chinos. La facilidad con la que consiguen empleo en comercios y obras de construcción ha convertido a municipios como Santo Domingo Este, Boca Chica, San Luis y Guerra en destinos preferenciales para la migración irregular.

El problema, según denuncian comunitarios, no es solo laboral o económico. Señalan que en algunos casos estos grupos se ven involucrados en hechos delictivos y episodios de violencia, alimentando la percepción de inseguridad que golpea con fuerza la parte oriental de la provincia Santo Domingo.

A esto se agrega un elemento aún más delicado: las denuncias de supuesta corrupción. Se afirma que algunos agentes policiales persiguen a indocumentados no para aplicar la ley, sino para exigir pagos que rondan los siete mil pesos o más a cambio de dejarlos en libertad. Si esto es cierto, no solo hay un problema migratorio, sino también un esquema de extorsión que agrava el desorden.

La situación exige respuestas claras. El control migratorio no puede depender de operativos mediáticos ocasionales. Se requiere una política coherente, permanente y transparente que garantice el respeto a la ley, proteja los derechos humanos y, al mismo tiempo, responda a la legítima preocupación de los ciudadanos.

Porque cuando el Estado no regula, el caos ocupa su lugar. Y en el Gran Santo Domingo Este, muchos sienten que el caos ya se está normalizando.

He realizado visitas y conversado con ciudadanos ilustres de la zona. Es un diagnóstico crudo y real de la situación que se vive en SDE.

Les invito a conocer mi relato y mis vivencias… con mi látigo denuncio.