Escándalo de Cámara de Cuentas es parte de fiesta con dinero público

La Cámara de Cuentas dejó sin efecto la Resolución 2026-17, del 13 de marzo de 2026, mediante la cual los miembros del pleno de ese órgano se incrementaban los sueldos en un 50 por ciento.

Al ser una institución autónoma le corresponde precisamente a su directiva decidir en torno a cualquier aumento salarial, pero es inconstitucional hacerlo para beneficio propio y dentro del mismo período para el que fueron escogidos por el Senado de la República.

El actual equipo directivo de la Cámara de Cuentas fue designado en abril de 2025 por un lapso de cuatro años, es decir, hasta el 2029. Si el aumento se hace para el ciclo 2029-2033 se estaría actuando conforme a lo estipulado en el Art. 140 de la carta magna, que prohíbe legislar para sí mismo, pero se trató de un alza inmediata, inclusive con carácter retroactivo, desde el mes de febrero del presente año y con la agravante de dejar fuera del beneficio al resto del personal de esa entidad del Estado.

El sueldo de la presidenta de la Cámara de Cuentas, doctora Emma Polanco, asciende a 423,500 pesos y el vicepresidente y demás miembros devengan 379 mil pesos, que son elevados en comparación a la remuneración del grueso de los servidores públicos de la República Dominicana, incluyendo a profesionales con estudios de postgrado y de alta capacitación.

Esos salarios están ligeramente por encima de los 375 mil (sueldo base) que reciben los jueces de la Junta Central Electoral, Tribunal Superior Electoral y Tribunal Constitucional y a la par con el dinero percibido por los magistrados de la Suprema Corte de Justicia.

De todos modos, sería bueno conocer ¿bajo qué alegatos el pleno de esa cámara aprobó un despropósito similar y sin ningún incentivo para los demás servidores de la institución? Aparte de actuar fuera del marco legal, al asumir una posición para provecho propio, excluye abusivamente al resto del personal, que es el que hace el trabajo diario. Aún más: ese pleno no tuvo reparo ni la menor prudencia al servirse con el “cucharón grande” en un momento difícil para la economía dominicana, por el impacto nocivo de la guerra en el Medio Oriente, lo que levanta un cuestionamiento de tipo ético.

Sin embargo, se trata de una condena colectiva, no personal, porque observo en medios de comunicación y en redes sociales ataques contra la doctora Emma Polanco, exrectora de la UASD, jubilada de esa institución docente con un sueldo aproximado a los 460 mil pesos mensuales. Pero no es un salario individual, ese monto corresponde por igual a los antiguos rectores, sobre todo a los últimos. Y llegó a esa cifra con el aumento hecho por el Poder Ejecutivo a la UASD al iniciar el presente año.

Hay que observar que de acuerdo al numeral 5, del Art.80, de la Ley 247-12, la docencia es compatible con cualquier otra actividad pública o privada. En consecuencia, la pensión de la UASD, que percibe la señora Polanco, es el producto de décadas de trabajo en esa academia pública y para nada interfiere, desde el punto de vista legal, con su labor en la Cámara de Cuentas.

De todas maneras, es justo que la gente proteste ante los elevados sueldos de ciertos funcionarios públicos. Es un exceso llevarse el sueldo de 423 mil a 630 mil, posiblemente ante el mal ejemplo que representan las remuneraciones del administrador del Banco de Reservas, la cual está cerca al millón quinientos mil; a la del superintendente de Bancos, que está en un millón doscientos mil; y la del gobernador del Banco Central, en un millón ochocientos mil. Estoy hablando de sueldos base, pues se sabe que esos señores tienen beneficios colaterales que, casi siempre, son superiores al pago de nómina.

Los propios miembros de la Junta Monetaria, que son verdaderos vagos, devengan salarios superiores a los 600 mil pesos mensuales. La secretaria de esa junta recibe 635 mil, de acuerdo a datos tomados de Google, que no cita fecha ni los privilegios adicionales que todos conocen.

Es una distorsión desde el punto de vista legal que haya funcionarios públicos con sueldos superiores al del jefe de Estado, pero es un desorden que no interesa corregir, porque él es el primero en saber que ninguno de ellos se limita a los ingresos que públicamente se conocen, el dinero grueso entra por otras vías, haciendo naturalmente algunas salvedades. Siempre hay contadas excepciones.