ADOCCO rechaza amenaza de Ortiz Bosch de someter a su presidente por difamación

SANTO DOMINGO, R.D. 

La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) rechazó este miércoles las amenazas de sometimiento a la justicia por supuesta difamación contra su presidente, Julio César De la Rosa Tiburcio, formuladas por la directora general de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), Milagros Ortiz Bosch.

La organización, dedicada a la lucha contra la corrupción, reiteró que Ortiz Bosch incurrió en “prevaricación” al ordenar el archivo de la denuncia presentada el 2 de octubre de 2023 contra el entonces ministro de Educación, Ángel Hernández, por omitir en su declaración jurada de patrimonio una compañía de su comunidad conyugal que adquirió un inmueble por 31 millones de pesos mientras ejercía el cargo.

ADOCCO advirtió que la amenaza judicial busca “amedrentar y detener” las denuncias de corrupción que realiza. “Esperaremos el sometimiento con la misma responsabilidad con la que le acusamos de haber prevaricado. Anunciamos el inicio de gestiones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en procura de medidas cautelares que detengan cualquier despropósito del poder”, sostuvo la entidad en un comunicado.

Denuncia contra Ángel Hernández

Tras el archivo dispuesto por la DIGEIG el 1 de septiembre, ADOCCO sometió ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) al exministro de Educación Ángel Hernández por omitir en su declaración jurada su principal activo familiar: la empresa Constructora Playa Morón, registrada el 31 de enero de 2022 en la Oficina Nacional de Propiedad Intelectual (ONAPI) con el número 4754-2022, y constituida formalmente el 17 de marzo de ese año con el Registro Nacional de Contribuyentes 1-32-57050-2 y el Registro Mercantil 1827855D.

Según ADOCCO, la empresa pertenece a la esposa del exministro, Miriam de Jesús Acosta Peralta, y a su hija, Alejandrina María Hernández Acosta. Un mes después de que Hernández asumiera el cargo de ministro de Educación, el 29 de septiembre de 2022, la constructora adquirió un terreno de 7,854.74 metros cuadrados en Las Terrenas, Samaná, identificado con el No. 414346065286 y matrícula 3000537349, por RD$31,095,000.00.

La entidad señaló que, de acuerdo con precios referenciales, una propiedad de esa naturaleza en la zona tendría un valor superior a US$4 millones y que no se registran gravámenes sobre ella, lo que sugiere una compra al contado. Los ingresos declarados por Hernández y su esposa, subrayó, no corresponden con una adquisición de ese nivel.

Violaciones legales

ADOCCO sostiene que la omisión de esta empresa en la declaración jurada de bienes del exministro viola los artículos 5 y 8, acápite 4, de la Ley 311-14, que obliga a los funcionarios a declarar todos los activos y pasivos de su comunidad conyugal, y constituye además una infracción a la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos.

En su sometimiento ante el Ministerio Público, ADOCCO solicitó formalmente una investigación criminal contra Hernández por violación a dichas disposiciones legales y pidió identificar a los posibles cómplices, así como recaudar las pruebas para una eventual acusación penal.

“Seguiremos denunciando las irregularidades sin importar el cargo o la influencia del funcionario”, concluyó la organización.