De la negación a la evidencia
Por Augusto Álvarez
Durante meses, las denuncias sobre problemas en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) fueron calificadas de exageraciones, rumores o maniobras políticas de la oposición. Pero la realidad, tozuda y persistente, ha terminado por imponerse.
En junio, el Colegio Médico Dominicano (CMD) advirtió sobre atrasos en los pagos a médicos y clínicas privadas. Un día después, los secretarios de Salud y de Seguridad Social de la Fuerza del Pueblo (FP) fueron más allá y aseguraron que Senasa atravesaba una profunda crisis financiera y de gobernanza, producto de su uso como instrumento político. Incluso dieron cifras: un déficit acumulado de 3,372.8 millones de pesos en el régimen subsidiado.
La respuesta oficial fue inmediata: la vicepresidenta Raquel Peña negó la existencia de cualquier crisis financiera, defendiendo la solidez del asegurador estatal y garantizando el respaldo institucional del Gobierno.
En “La Semanal” del 20 de junio, el presidente Luis Abinader reiteró ese mensaje:
“No hay un déficit. Se necesita un aporte extra del Estado como lo estamos haciendo. Eso es calidad del gasto, invertir los recursos del pueblo en la salud de los dominicanos”, dijo, acusando de “alarmista” a la oposición.
Incluso sugirió que sus adversarios querían que los 2.4 millones de dominicanos incorporados al Senasa se quedaran sin seguro familiar de salud.
Hasta ahí, el guion parecía claro: Gobierno sólido, oposición alarmista.
Se viró la torta
Pero hoy la historia es distinta. Un escándalo de corrupción en Senasa ha estallado, confirmando buena parte de las denuncias que antes se descartaban. Lo que empezó como “rumores” terminó convirtiéndose en crisis institucional.
El Ministerio Público investiga la autorización de más de 4,000 procedimientos médicos nunca realizados pero sí facturados, un fraude que habría costado millones al Estado. A esto se suman querellas penales contra exdirectores y actuales responsables, con acusaciones que van desde prevaricación hasta lavado de activos.
Dirigentes como Bernardo Matías, exgerente de Calidad de Senasa, señalan que grupos económicos y políticos vinculados al sector externo del PRM se beneficiaron de contratos y adjudicaciones cuestionadas.
El uso político de Senasa tampoco es un secreto: en numerosas zonas del país se repartían carnets por favoritismo partidario, una práctica que degradó la función social de la institución.
El costo de mirar hacia otro lado
Este caso plantea preguntas incómodas: ¿Quién mintió? ¿Quién tenía la razón? ¿Quién pagará las consecuencias?
Más allá de los nombres y las siglas, lo que está en juego es la credibilidad del Estado. Senasa, que debía ser un instrumento de equidad en salud, se ha convertido en ejemplo de cómo la corrupción y el clientelismo pueden carcomer las instituciones públicas.
El presidente Abinader ya no puede escudarse en rumores. El país espera acciones concretas: sanciones, transparencia y un cambio real en la forma de administrar los recursos públicos.
Porque cada peso robado a Senasa no es dinero abstracto: son medicinas, consultas, diagnósticos y tratamientos que los dominicanos más vulnerables dejan de recibir.
De la negación a la evidencia hay un paso. Y ese paso, doloroso pero necesario, es el que hoy debe dar el Gobierno.
Recordemos que, en campaña política, el entonces candidato presidencial del PLD, Danilo Medina, refiriéndose a la corrupción, prometió que, de llegar a la Presidencia —y lo reiteró luego de su triunfo— “actuaría (contra esa pandemia) hasta por rumor”. Sin embargo, al final, la corrupción imperó en sus gobiernos.
Por su parte, el presidente Luis Abinader fue el ideólogo de una iniciativa que engañó a los dominicanos, denominada “Marcha Verde”, que prometía acabar con la corrupción y la impunidad.
Sin embargo, esa bandera desapareció tan pronto llegó al poder. Cinco años después de asumir la Presidencia, esa, como muchas otras promesas, ha quedado en el olvido. Y en los casos en que ha actuado —como en el INTRANT y el SENASA— lo ha hecho por presión de la oposición. Primero tras las denuncias de Leonel Fernández y, posteriormente, por las del Colegio Médico Dominicano (CMD) y de la Fuerza del Pueblo.
