Comunidad advierte que no permitirá desalojo de más de 3 mil familias en San Luis

Por Diógenes Ozuna

SAN LUIS, Santo Domingo Este, R.D.

 El Comité Pro Desarrollo del sector La Rusa, en el distrito municipal de San Luis,  y el Frente Amplio de Lucha Popular (FALPO) reclamaron al gobierno del presidente Luis Abinader intervenir de inmediato para detener un supuesto desalojo que, según denuncian, pretenden ejecutar personas que mantienen en zozobra a la comunidad.

De acuerdo con los dirigentes comunitarios, más de 3,000 familias que ocupan terrenos propiedad del Estado dominicano (CEA) estarían amenazadas con ser expulsadas por un grupo al que identifican como “Los Mosqueteros”, señalado de sembrar temor entre los residentes.

Los comunitarios recordaron que en ocasiones anteriores ese mismo grupo habría provocado el desplazamiento de unas 40 familias, hechos que —según afirmaron— terminaron en enfrentamientos que dejaron personas muertas y otras gravemente heridas.

“Advertimos que no nos quedaremos de brazos cruzados. Somos una comunidad pacífica y trabajadora, pero estamos bajo amenaza. Pedimos la protección de las autoridades para que esta situación no se salga de control”, señalaron.

Los dirigentes aseguran que la comunidad organizada de La Rusa espera el respaldo del Gobierno frente a lo que consideran acciones “ilegales” de personas malintencionadas que pretenden desalojar a miles de familias.

También advirtieron que no quieren que se repitan tragedias como las ocurridas anteriormente en la zona y en otros conflictos de tierras en el país, donde se registraron pérdidas humanas.

Denuncias de amenazas

Uno de los quejosos es el coronel pensionado de la Policía Nacional Rudecindo Merambriori, quien denunció que el 28 del mes pasado llegaron al sector Ricardo Arturo Ramírez y Ramón Antonio Mora, a quienes identificó como hermanos, acompañados por el grupo denominado “Los Mosqueteros”.

Según su denuncia, los individuos estaban armados y amenazaron con desalojarlo nuevamente e incluso con quitarle la vida.

Por su parte, la comunitaria María Díaz recordó que en el pasado, autoridades prometieron la titulación de los terrenos y la protección de los residentes que llevan décadas viviendo en el lugar.

Mientras que el abogado Zavala explicó que esos terrenos corresponden a la parcela 8 reformada del distrito catastral, y afirmó que desde el 5 de febrero de 2019, el Estado prohibió su venta, por lo que cuestionó cómo las personas señaladas aseguran haberlos adquirido.

“En este barrio hay familias con más de 20 años viviendo en sus casas, por lo que no entendemos cómo alguien puede reclamar esos terrenos”, indicó.

Advierten protestas

El activista Diogenes Ozuna, coordinador de derechos humanos en San Luis y miembro del Frente Amplio de Lucha Popular, advirtió que si se intenta ejecutar el desalojo la comunidad responderá con movilizaciones.

“De materializarse esa acción, convocaremos marchas, piquetes y una huelga de 24 horas”, aseguró.

Los voceros comunitarios —Víctor Soriano, presidente de la junta de vecinos de La Rusa; Andrés Beltrán, líder comunitario, y Diogenes Ozuna, activista social— reiteraron su llamado al Gobierno para que garantice la seguridad de los residentes y evite un conflicto que podría terminar en violencia.