Todos condenados, menos las cabezas… y el Consejo Directivo, ¿intocable?

Buenos días…

Ciudadanos conscientes —que los hay y muchos— sienten que, aunque no estén presos en Najayo ni en Las Parras, igual han sido condenados.

La pregunta es simple y demoledora: ¿quién pagará el dinero que se perdió en Senasa? Porque al final, como siempre, la cuenta no la pagan los responsables, la paga el pueblo. Vayan ustedes a ver…

Y las preguntas siguen. La gente quiere saber por qué el Consejo Directivo de Senasa no ha dado explicaciones claras ni ha sido objeto de investigaciones públicas, empezando por su presidente, el ministro de Salud, Víctor Elías Atallah Luján.

Tampoco se entiende el silencio o la falta de escrutinio sobre Eduard Guzmán Padilla, director ejecutivo del Consejo Directivo de Senasa; Antoliano Peralta Romero, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, y Miguel Ceara Hatton, superintendente de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL)…  todos con responsabilidades institucionales vinculadas al sistema.

Hay quienes consideran que la vicepresidenta Raquel Peña también debería decir algo, ya que coordina —o coordinaba— el Gabinete de Salud. El pueblo repite un viejo dicho: “lo mucho, hasta Dios lo ve”. Con tantos funcionarios alrededor, resulta difícil creer que nadie notara el desorden administrativo que hoy se denuncia.

No hay forma razonable de pensar que quienes tomaban decisiones en Senasa estuvieran totalmente ajenos a lo que ocurría. ¿Hubo negligencia? ¿Hubo permisividad? ¿Hubo algo más? Queremos creer que no, pero en un Estado serio eso se demuestra con investigaciones, no con silencios.

Mientras tanto, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) puso en marcha su tradicional operativo Conciencia por la Vida por Navidad y Año Nuevo.

Hay que decirlo sin mezquindad: empleados y voluntarios del COE realizan una labor encomiable, sacrificando sus fiestas para proteger vidas. Reconocer lo que se hace bien también es un deber.

Otro tema que huele mal: el precio del pollo. Las autoridades agropecuarias deben explicarle al país qué está pasando. Los comerciantes alegan escasez y fijan precios a su antojo, golpeando directamente el bolsillo de la población. ¿Dónde está la regulación?, ¿dónde está el control?

Y entonces viene la joya de la corona: los diputados autorizan al gobierno a endeudarse por más de 400 mil millones de pesos. ¿Pero qué es esto? ¿Creen que sus cargos son vitalicios y que la deuda no tiene consecuencias? Endeudar es fácil; pagarlo es lo que le toca al pueblo.

En el plano internacional, Venezuela, bajo el gobierno de Nicolás Maduro, reacciona al bloqueo petrolero y al acoso de Estados Unidos solicitando una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU. Veremos en qué termina este pulso.

Policía Nacional: descuentos, silencios y más escándalos. Siguen las quejas de miembros de la Policía Nacional por descuentos en sus salarios, sin explicaciones claras.

El presidente Luis Abinader y la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, deben dar la cara. Más aún cuando Guzmán Peralta ya cumplió los dos años que la ley establece para su permanencia en el cargo.

El silencio presidencial no ayuda. Cuando no se explica, se alimenta la sospecha. Esos descuentos son vistos por los policías como un abuso y una vergüenza, y el país tiene derecho a saber para qué se hacen y bajo qué base legal.

Si esos descuentos responden a decisiones administrativas internas, la Procuraduría, si realmente actúa con independencia, debe investigar. Así funciona un Estado de derecho.

Y si todo esto es un malentendido, entonces que el presidente ordene una investigación seria sobre el desastre administrativo y operativo dentro de la Policía Nacional. Basta de desorden.

El escándalo de Villa Mella, que involucra a dirigentes choferiles y a miembros de la DICRIM, debe explicarse al país. 

La ministra Faride Raful tiene que aclarar qué pasó ahí. Se habla de dinero en medio del rebú, de sustancias supuestamente colocadas, de procedimientos cuestionables y de personas sometidas a la justicia por hechos que luego resultaron dudosos. Si eso fue así, es otra muestra de que la reforma policial sigue en entredicho. Está enlodada hasta el tuétano.

Y no menos grave es el caso del teniente coronel Jorge Mercedes Pérez. Primero puesto en retiro, luego la decisión revocada. Se comenta que habría mediado el pago de unos 300 mil pesos para mantenerse activo.

Eso hay que investigarlo. No por chisme, sino porque el propio oficial apareció en un video diciendo que estaba activo y en labor. En la Policía, esas cosas no pasan solas, ni por casualidad, ni por amor al prójimo. Aunque por su protagonismo, Mercedes Pérez podría quedarse sin pito y sin flauta, e irse por la puerta estrecha. 

Presidente Abinader: ¿qué es lo que está pasando? Investigue las villas y mansiones de oficiales policiales. Recuerde que un general no gana más de 250 mil pesos mensuales con incentivos, y sin ellos, apenas ronda los 42 mil pesos. Las matemáticas no mienten.

Esto no es normal. Esto es una vergüenza institucional. Y un país sin transparencia termina ahogado en la impunidad. 

Si estamos equivocados, demuéstrelo con hechos. Si no, actúe. Porque gobernar también es poner orden.