Marcha Verde sigue protestando frente a Suprema por caso Odebrecht

Reitera expediente de Procuraduría sobre soborno es una burla

SANTO DOMINGO, R.D.- El colectivo Marcha Verde continúa con su “Campamento de Resistencia” frente a la sede de la Suprema Corte de Justicia, por segundo día, en protesta por el expediente sobre el caso Odebrecht.

Los integrantes del movimiento retomaron su lucha contra la impunidad y la corrupción, luego de que el pasado jueves, el procurador Jean Alain Rodríguez dejara fuera del expediente, a los funcionarios de los gobiernos de Danilo Medina.

Marcha Verde hizo un llamado a la ciudadanía, a las organizaciones sociales y a la verdadera oposición política, a expresarse de forma contundente en todo el territorio nacional, en contra de lo que catalogó como una burla judicial.

Para el movimiento, el expediente presentado por el ministerio público es inaceptable, porque deja fuera del caso a Juan Temístocles Montás, miembro del Comité Político del PLD, quien confesó haber recibido dinero de Ángel Rondón para financiar las campañas de Leonel Fernández y Danilo Medina, en los años 2008 y 2012.

Según el colectivo, el documento del ministerio público es una vergüenza y una manipulación inaceptable, porque deja fuera del caso a todos los funcionarios y legisladores, de alto nivel, que se encargaron personalmente de gestionar y aprobar los más importantes contratos de Odebrecht, en los gobiernos de Danilo Medina, mencionando, entre ellos, a Gonzalo Castillo, Rubén Bichara, Simón Lizardo, Reinaldo Pared Pérez, Abel Martínez, Cristina Lizardo,  Lucía Medina, y el mismísimo presidente de la República.

De este grupo, Pared Pérez lanzó recientemente su precandidatura a la Presidencia de la República por el PLD.

Es inaceptable, según Marcha Verde, que en el período 2012-2014, el ministerio público no identificara y sometiera un solo funcionario responsable de recibir o gestionar los sobornos de Odebrecht, cuando en ese período del gobierno de Danilo Medina la constructora mafiosa transfirió el 62% de los US$92 millones atribuidos a esta práctica ilegal, y recibió, en medio de serias denuncias de sobrevaluación, el contrato más grande de su historia en el país: Punta Catalina.