Fuerza del Pueblo aboga porque se garantice un ejercicio más eficiente al derecho a la salud

Destaca que el sistema de aseguramiento en salud y se hizo realidad en los gobiernos de Leonel Fernández

SANTIAGO, R.D.

El partido Fuerza del Pueblo (FP) abogó el viernes porque el gobierno garantice un ejercicio más eficiente al derecho a la salud de los dominicanos.

«Fuerza del Pueblo, entidad política comprometida con los mejores intereses de la nación y con un rol novedoso de oposición que proteja al pueblo dominicano, aboga por que se adecúen las disposiciones legales que garanticen un ejercicio más eficiente al derecho a la salud de los dominicanos».

Las consideraciones de la FP fueron emitidas previo al inicio del foro temático la Salud, su Cobertura y Soluciones, que organizan la Secretaría de Formación Política y la Secretaría de Salud y de Seguridad Social de la entidad en coordinación con el Comité Provincial de Santiago.

El documento fue leído por Fernando Caamaño, titular de la Secretaría de Seguridad Social, y recoge las propuestas del órgano en materia de Seguridad Social.

Destaca que en los dos últimos gobiernos del presidente Leonel Fernández, el país logró la implementación plena de la Ley 87-01, que crea el Sistema Nacional de Seguridad Social, concretándose los mayores avances que hoy pueden ser exhibidos en el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS).

“El sistema de aseguramiento en salud ha sido una realidad en los gobiernos de Leonel Fernández. En el año 2007 puso en rigor el Régimen Contributivo, demostramos que puede ser y es, un mecanismo de financiamiento idóneo y permanente para los servicios de salud, sin recargar demasiado las arcas del Estado”, destacó Caamaño.

Caamaño dijo con relación a la modificación a la Ley 87-1 que una cosa es pintar el pajarito, y otra cosa es, ponerlo a cantar.

Aseguró que los Proveedores de Servicios de Salud (PSS) definidos en la Ley, como clínicas, hospitales y centros de medios diagnósticos, así como los miles de médicos, las distribuidoras farmacéuticas, aseguradoras y redes de farmacias, han logrado desarrollarse, mejorar sus tecnologías, y tener una mayor capacidad resolutiva en el sector salud, ya que la Ley y sus mecanismos de financiamiento canalizan recursos hacia todos, aunque no descarta la modificación de la referida ley a fin de hacer más eficientes los beneficios los que debe recibir el pueblo.

“Sin embargo, estos avances todavía contrastan con los legítimos reclamos de nuestra clase médica en cuanto a mantener actualizado el catálogo de beneficios y procedimientos, y de que se realicen los pagos y contrataciones con un mayor sentido de equidad y justicia desde el Servicio Dominicano de Seguridad Social (SDSS); pero sobre todo, hoy contrastan con los derechos no satisfechos de los afiliados, en su calidad de pacientes, en particular de aquellos sin capacidad para solventar sus necesidades más básicas, y por supuesto los servicios médicos que la Constitución de la República obliga al Estado a garantizarles”, afirmó Caamaño.

“Son precisamente los quebrantos y las patologías del pueblo las que justifican la existencia de esta Ley 87-01” dijo categóricamente Caamaño.

Caamaño anunció la solidaridad y apoyo de la Fuerza del Pueblo con los reclamos de la filial norte del Colegio Dominicano de Cirujanos, que demandan la inclusión y el financiamiento justo y razonable para varios procedimientos quirúrgicos no incluidos, además de un tratamiento igualitario en las cuantías destinadas al pago para su práctica médica profesional.

Resalta, además, los elementos que están ausentes en el actual sistema de Seguridad Social y de Salud en el país, que hacen interesantes y complejas las soluciones que se plantean.

La Fuerza del Pueblo, plantea:

1.- La ausencia de protocolos, procedimientos y abordajes quirúrgicos, estandarizados, actualizados y aprobados periódicamente para el catálogo de beneficios del Plan Básico de Salud (PBS), de parte del rector del sector salud, el MISPAS, y su introducción en el PBS, por parte del Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS).

2.- La ausencia de un sistema de referencias y contrarreferencias por niveles de atención que pueda constituirse en factor de contención de costos, y a su vez de reasignación de recursos, para nuevos y más costo-efectivo procedimientos especializados.

La atención primaria como puerta de entrada a los servicios sistémicos, surge entonces como un requisito de primer orden, para una mejor reasignación y pago de los servicios prestados y la incorporación de aquellos procedimientos aún no incluidos.

3.- La ausencia de un historial clínico único por paciente, controlado de manera ética por el SDSS y por el Ministerio de Salud Pública (MISPAS), al que solo podrían acceder los especialistas autorizados por el sistema y sus pacientes;

4.- La imposibilidad financiera (por la falta de fundamentos estadísticos y actuariales) para imponer una lista negativa de beneficios en el PBS, o lo que es lo mismo, decir que el PBS incluya toda tecnología y procedimiento existente, como opción para su uso por parte de los especialistas. Por tanto, los que serían excluidos serían los menos. Esta aspiración, está confrontada por la inexistencia de fundamentos actuariales, de mecanismos precisos de costos, y por supuesto, debido a las limitaciones financieras del propio el sistema.

5.- La vigencia de derechos constitucionales para ejercer libremente toda actividad empresarial o profesional, y para la asignación de precios a los servicios que se ofrecen; lo que a su vez colide con los derechos a ser contratado o no ser contratado, por clínicas, centros médicos, laboratorios, o aseguradores.

6to) la existencia del CNSS como un ente tripartito, formado por los empleadores, trabajadores y el Estado, quienes en definitiva son quienes financian al Sistema, y que tiene la exclusiva facultad legal, como organismo rector para decidir cuáles beneficios y procedimientos son incluidos o excluidos del PBS, aunque siempre, acorde a las normas, y las recomendaciones de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL).

El documento está firmado por Fernando Caamaño Valdez y Ramón Alvarado, de la Secretaría de Seguridad Social y de Salud de la Fuerza Popular.