¡Indignación! Contratista del puerto evade pago de arbitrios por uso de suelos
A los jóvenes de Manzanillo no les dan empleo
Por Frank Valenzuela
Presidente de CEBAMDER
MANZANILLO, R.D.
El profesor Edis Hernández, figura respetada en Manzanillo, fue el primero en encender las alarmas sobre las prácticas laborales del contratista encargado de la reparación y ampliación del puerto.
A través de un mensaje directo en Facebook, reveló lo que ya circulaba como comentario en la calle: la empresa, operando en los terrenos del viejo taller de Grenada Company, niega sistemáticamente oportunidades de empleo a jóvenes de Manzanillo, Copey y Carbonera, sembrando desesperanza en la comunidad.
El Centro Bahía de Manzanillo para el Desarrollo Regional (CEBAMDER) denunció este domingo que el ambicioso proyecto de rehabilitación y ampliación del puerto —financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) bajo el Programa DR-L1141 y llamado a ser motor de desarrollo para la Línea Noroeste— se ha convertido en epicentro de una creciente indignación social en Pepillo Salcedo.
Según Frank Valenzuela, presidente de CEBAMDER, el conflicto se concentra en dos denuncias graves contra la contratista Soletanche Bachy Colombia, bajo supervisión del Consorcio PEYCO Seg. Giménez Cuenca:
-
Evasión de pago de arbitrios por uso de suelo al Ayuntamiento Municipal, privando al municipio de ingresos esenciales para mitigar el impacto de la obra. Según fuentes locales, no sería un simple descuido administrativo, sino un claro gesto de desdén hacia la autoridad local y sus habitantes.
-
Exclusión laboral de la población local: de más de cien empleos generados, apenas un 11 % ha sido ocupado por residentes de Pepillo Salcedo y zonas cercanas, incumpliendo los compromisos de contratación local establecidos en los documentos del proyecto.
Denuncian a jóvenes de aquí no les dan empleo
Hernández denunció un mecanismo concreto de exclusión: la encargada de Recursos Humanos es originaria de San Fernando de Monte Cristi y, según quejas, prioriza la contratación de personal de su municipio.
En un grupo reciente de doce nuevos empleados, ninguno era de Pepillo Salcedo.
La justificación extraoficial de la empresa es que los locales “no tienen las competencias necesarias”, argumento que la comunidad considera una excusa para encubrir favoritismo.
La denuncia encendió las redes sociales. Comentarios como el de Consuelo Peña Perdomo (“Si los de aquí han aplicado, hay que darles oportunidad. Es nuestro territorio”) y el de Moreno Belliard (“El pueblo recibe el polvo y la contaminación, pero no los beneficios”) resumieron el sentir popular.
Incluso hubo llamados a la acción directa. Welinton Pérez propuso: “Hay que hacer un paro tajante que salga en todos los canales de televisión y redes sociales”, mientras Miguel Toribio sentenció: “Hacerle un paro y punto. Recursos Humanos no está haciendo las cosas bien”.
Testimonios personales como el de Katerina Cabrera Valdez (“Mi currículum lleva casi cinco meses y no llaman”) y Eliezer Valdez Guzmán (“Me dijeron que estaba bien preparado, pero el puesto se lo dieron a alguien de Montecristi”) pusieron rostro al problema.
Promesas incumplidas del Estudio de Impacto Social
El Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIAS) del Programa DR-L1141, financiado por el BID, establece en su sección A.2.01 que “parte de la mano de obra no calificada necesaria debe ser reclutada en Pepillo Salcedo y otros centros cercanos como Monte Cristi, Copey y Dajabón”.
Además, el documento ordena abrir canales de comunicación con la población local y divulgar de forma expresa las prácticas de contratación y oportunidades de empleo. Los residentes afirman que esta divulgación no se ha hecho.
La ley ignorada: arbitrios por uso de suelo
La Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios obliga a pagar tasas por ocupación y uso de suelo, ingresos clave para los ayuntamientos. El presunto impago de la contratista priva al municipio de recursos para enfrentar las nuevas demandas que genera la obra.
Más allá de lo económico, esta omisión es vista como un acto de desconocimiento de la autoridad municipal y del marco legal, reforzando la percepción de que grandes corporaciones pueden operar al margen de sus responsabilidades locales, alimentando un clima de malestar e indefensión social.
