Existe un entramado de cobros ilegales, protección policial y política que, según denuncias, permitiría operar a puntos de venta de drogas, y advertencia: algunos presuntos enfrentamientos podrían ocultar ajustes de cuentas para silenciar a quienes conocen la trama.

Un negocio que no funciona sin protección

Por Plinio De Oleo

Alquilan un local, reclutan a un par de ayudantes, colocan a los vendedores y a los campanas, se ganan a los más fuertes del sector y se presentan como buenos samaritanos ante los vecinos. Reparten comida, compran medicinas y se ganan el silencio de una parte del barrio.

Pero detrás de esa fachada, según denuncias que circulan en las comunidades, estaría el verdadero negocio, el supuesto peaje que deben pagar para mantener funcionando el punto de drogas.

La cuota de los sábados

El problema mayor, de acuerdo con esas denuncias, llega los sábados. Se habla de pagos de hasta 150 mil pesos a un coronel o general y otros 50 mil a la DNCD, además de una supuesta cuota para algún político.

Son señalamientos graves que deben investigarse y documentarse. Si se comprueban, explicarían por qué determinados puntos continúan operando a pesar de las intervenciones policiales y de los discursos oficiales contra el narcotráfico.

Porque, si quienes deben perseguir el negocio terminan protegiéndolo a cambio de dinero, ¿quién va a cerrar la caja registradora del crimen?

Cuando las cuentas no cuadran, comienza la guerra

Supongamos que un punto vende 300 mil pesos, pero sus gastos ascienden a 400 mil. El negocio opera en déficit. Hay que pagar a los empleados, al proveedor y, según las denuncias, a quienes supuestamente cobran por permitir que la actividad continúe.

Si cambian a los policías de la zona, el problema no necesariamente desaparece: el antiguo responsable podría pretender mantener sus cobros y el nuevo exigir los suyos. Y si el negocio prospera, aumentaría la presión para elevar la cuota.

¿Y qué ocurre cuando el propietario no puede pagar? Según el relato descrito, podría aparecer otro punto en las proximidades para disputarle el mercado. Entonces llegan las amenazas, las rivalidades y la guerra entre grupos.

El negocio que parecía rentable termina convertido en una trampa de violencia.

Nadie abandona ese negocio tranquilamente

Cuando el responsable ya no puede pagar a sus empleados ni al suplidor, puede decidir retirarse. Pero salir de ese mundo no siempre significa recuperar la tranquilidad.

Quedan las deudas, los enemigos, las cuentas pendientes y el temor a las represalias. En ese ambiente, un conflicto por dinero puede terminar en un ajuste de cuentas.

Mientras tanto, los barrios pagan la factura: jóvenes atrapados en las adicciones, familias desprotegidas, robos, atracos, tumbes de drogas y enfrentamientos entre grupos rivales. La prevención, el tratamiento y la recuperación de los adictos siguen siendo indispensables para enfrentar un problema que no se resuelve únicamente con operativos.

La droga entra por distintas rutas, por mar y por tierra, y su circulación alimenta una economía criminal que corroe la seguridad y la convivencia.

Los «intercambios», la pregunta que nadie debe esquivar

Y llegamos al punto más delicado: los llamados intercambios de disparos en los que mueren presuntos delincuentes.

La pregunta es inevitable: ¿se trata siempre de enfrentamientos reales o podrían existir casos en los que se encubran ejecuciones, ajustes de cuentas o silenciamientos de personas que conocen demasiado?

El señalamiento más grave sostiene que algunos responsables de puntos de drogas con conexiones podrían convertirse en objetivos porque, si llegan vivos ante un juez y deciden colaborar con las autoridades, podrían revelar nombres, relaciones y presuntas complicidades.

Pero una sospecha no es una prueba, y una muerte en un supuesto intercambio no demuestra por sí sola que hubo una ejecución para silenciar a alguien. Cada caso exige una investigación independiente, análisis balístico, testimonios, videos y revisión de las circunstancias en que ocurrió el hecho.

Si existen policías, militares, funcionarios o políticos vinculados con redes de protección al narcotráfico, deben ser identificados mediante pruebas y sometidos a la justicia, sin importar sus rangos ni sus conexiones.

¿Quién protege a los que deberían perseguir el crimen?

La lucha contra el narcotráfico pierde credibilidad cuando los ciudadanos sospechan que algunos puntos sobreviven gracias a pagos clandestinos y conexiones de poder. Pero esas sospechas no pueden quedarse en rumores: necesitan investigaciones serias, protección para los denunciantes y consecuencias judiciales cuando se comprueben los hechos.

El país necesita saber quién vende, quién distribuye, quién protege y quién cobra, si realmente existe la trama denunciada.

Porque, si el supuesto peaje es cierto, el problema no termina en la esquina donde se vende la droga. Llega hasta quienes tendrían la responsabilidad de combatirla.

Y si alguien está utilizando un uniforme, una placa o un cargo público para proteger ese negocio, no basta con cerrar el punto, hay que investigar también a quienes presuntamente lo mantienen abierto.