¡No a la minería que amenaza la vida!

SAN JUAN, R.D. 

Decenas de organizaciones sociales y ambientales de la región Suroeste y de toda la República Dominicana dieron a conocer el documento titulado “Compromiso de San Juan”, una declaración de 12 puntos en la que fijan su postura frente a los principales problemas socioambientales que afectan al país.

En el primer punto, las entidades dejan claro que la explotación minera del Proyecto Romero, en la provincia San Juan, no contará con licencia social, postura que califican como innegociable debido a los riesgos que implicaría para la salud, la vida y el medio ambiente de la población.

Advirtieron que permitir la minería en la vertiente sur de la Cordillera Central abriría la puerta a la expansión de intereses corporativos sobre zonas de alta biodiversidad, poniendo en peligro recursos hídricos, la producción agropecuaria, el desarrollo agroindustrial y el ecoturismo. Esto, aseguran, podría provocar una conflictividad social sin precedentes en el país.

A través del documento, también exigieron al Estado mayor atención a las comunidades campesinas que protegen ecosistemas y cuencas hidrográficas en regiones como Enriquillo, la Línea Noroeste, el Cibao Central, Los Haitises y el Este.

Asimismo, anunciaron la decisión de unificar todas sus luchas sociales y ambientales en un solo frente, con el objetivo de frenar lo que califican como la voracidad de las corporaciones mineras y promover un modelo de desarrollo sostenible e inclusivo en la República Dominicana.

Principales puntos del “Compromiso de San Juan”

Tras analizar la situación socioambiental del país, las organizaciones declararon y se comprometieron a:

1. Rechazar de manera absoluta la explotación minera del Proyecto Romero y las operaciones de GoldQuest, por sus impactos en la salud y los derechos socioambientales.

2. Defender la Cordillera Central —considerada “madre de las aguas”— frente a cualquier intento de explotación que amenace la biodiversidad y el desarrollo sostenible.

3. Alertar sobre el agravamiento del estrés hídrico y los daños a ríos clave del país, lo que podría desencadenar graves conflictos sociales.

4. Denunciar el impacto negativo de la minería en el Suroeste, donde más del 50% de las familias dependen de la agropecuaria.

5. Oponerse al proyecto minero Neita en Dajabón, impulsado por UNIGOLD, por sus efectos sobre el agua y la producción agrícola.

6. 5Unir fuerzas con comunidades de distintas provincias en defensa de los ríos y exigir compensaciones justas a afectados por la minería.

7. Reclamar el cumplimiento de acuerdos con comunidades desplazadas por la presa de Monte Grande y asentamientos agrarios.

8. Exigir acciones para proteger la Biosfera Jaragua-Bahoruco-Enriquillo, recuperar el Ingenio Barahona y evitar la privatización de recursos hídricos.

9. Apoyar a comunidades campesinas en Los Haitises en la defensa de ese ecosistema.

10. Demandar la protección de tierras en El Seibo y frenar abusos de acaparadores en el Este.

11. Impulsar el uso de energías renovables y rechazar proyectos contaminantes sin licencia social, como las barcazas en Azua.

12. Articular un movimiento nacional que defienda el agua, la producción agrícola y los derechos fundamentales frente a intereses mineros.