MI OPINION  

El bochornoso episodio del Estadio Olímpico debe servir de campanazo al Gobierno. ¡Dejarse el relajo a un lado! Ni permisividad, ni negocios oscuros, ni doble discurso frente a la crisis haitiana.

PARTE I

Por Tomás Aquino G.

Después del palo dado, nadie lo quita. Ese refrán, tan popular en Hispanoamérica, viene como anillo al dedo para referirnos a lo ocurrido la noche del jueves 1 de octubre de 2026 en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, de Santo Domingo, donde, previo al partido de fútbol entre República Dominicana y Haití, se produjeron actos vandálicos, que incluyeron daños a las instalaciones y hasta el desprendimiento de una puerta.

El hecho ha provocado indignación y comentarios de todo tipo.

Algunos han llegado a considerar que lo ocurrido pudo haber sido una acción deliberada para causar daños a República Dominicana. Nosotros no creemos que haya sido un hecho planificado, sino un acto vandálico que debe ser investigado y sancionado conforme a la ley.

Pero también entendemos que el episodio debe servir de advertencia.

Y aquí viene lo picante.

Si las autoridades dominicanas no actúan con responsabilidad, firmeza y transparencia frente a situaciones de esta naturaleza, lo ocurrido podría terminar siendo visto como un peligroso precedente de violencia organizada o de pandillerismo importado.

No se trata de perseguir a los haitianos por ser haitianos. Eso lo rechazamos. Se trata de hacer cumplir las leyes dominicanas y de garantizar el orden, la seguridad y el respeto a las instituciones nacionales.

El Gobierno debe abrir los ojos

Este episodio también debería llevar al Gobierno del presidente Luis Abinader y al Partido Revolucionario Moderno (PRM) a revisar su política frente a la crisis haitiana.

Desde nuestra perspectiva, existe un doble discurso.

En los escenarios internacionales, el Gobierno dominicano suele mostrarse enérgico al hablar de la crisis haitiana, de las bandas criminales, de la inseguridad y de los peligros que representa la situación del vecino país.

Pero en el patio, en la realidad dominicana, consideramos que la actuación oficial no siempre ha mostrado la misma firmeza ni la suficiente transparencia.

Y una cosa es con guitarra y otra con violín.

En ocasiones, entendemos que el tema haitiano ha sido utilizado, incluso, para hacer politiquería barata, que algunos califican de “rastera”, particularmente cuando aparecen intereses electorales de por medio.

Haití no puede ser una cosa afuera y otra aquí

No cuestionamos que República Dominicana defienda sus intereses ante la comunidad internacional. Lo que cuestionamos es que esa firmeza no se corresponda siempre con lo que ocurre dentro del territorio nacional.

Un ejemplo que merece explicación pública —y que debe ser documentado y debatido con seriedad— es el relacionado con ciudadanos haitianos sancionados internacionalmente por presuntos vínculos financieros con estructuras criminales de Haití.

En ese sentido se ha cuestionado la permanencia en territorio dominicano de personas señaladas o sancionadas en el exterior, entre ellas el empresario haitiano Gilbert Bigio, fallecido recientemente en Miami.

Aquí no se trata de condenar a nadie por nacionalidad ni de asumir como probadas acusaciones que corresponden a autoridades competentes. Se trata de preguntar por qué determinadas personas sancionadas internacionalmente pudieron permanecer en República Dominicana y qué controles aplicaron las autoridades dominicanas.

Porque si existen sanciones internacionales relacionadas con el financiamiento de estructuras criminales, el Estado dominicano tiene la obligación de explicar sus decisiones.

La frontera: ¿seguridad nacional o negocio para unos cuantos?

Pero el problema va mucho más allá del Estadio Olímpico.

Durante años se han formulado denuncias sobre el tráfico irregular de personas en la frontera dominico-haitiana, así como sobre el trasiego ilegal de armas, drogas y otras mercancías.

También se han señalado presuntas redes de corrupción en las que participarían dominicanos y haitianos.

Si esas denuncias son ciertas, no estamos hablando simplemente de migración irregular. Estamos hablando de seguridad nacional.

Y cuando hablamos de seguridad nacional, no puede haber espacio para el negocio clandestino, el soborno ni el “peaje”.

Por eso resulta indispensable que las autoridades investiguen a fondo las denuncias sobre redes que, presuntamente, se enriquecen facilitando el ingreso irregular de extranjeros al territorio dominicano.

Porque, como dice el refrán dominicano: “Por la plata baila el mono”. Y cuando la plata es mucha, parece que algunos hasta cambian de música.

Migración no puede convertirse en una industria del soborno

También se han formulado denuncias sobre supuestas prácticas de corrupción durante operativos migratorios.

Se ha señalado que agentes de distintas instituciones, incluidos miembros de la Policía Nacional y funcionarios de Migración, presuntamente exigirían dinero a extranjeros indocumentados para permitirles continuar en territorio dominicano en lugar de ser entregados a las autoridades migratorias.

Estas denuncias deben ser investigadas, no utilizadas como condena general contra todos los agentes.

Si un policía, inspector o funcionario cobra dinero para incumplir su deber, no solamente está traicionando a la institución: está convirtiendo la ley en mercancía. 

Y eso es mucho más peligroso que un simple problema migratorio.

Porque mientras un agente policial, por ejemplo, está dedicado a perseguir indocumentados para supuestamente cobrar un “peaje”, puede estar descuidando su verdadera misión, que es prevenir y combatir el delito.

La Policía Nacional necesita policías para combatir delincuentes, no funcionarios convertidos en cobradores clandestinos.

¿Discriminación racial? La realidad cotidiana dice otra cosa

También rechazamos la idea de que en República Dominicana exista una política generalizada de discriminación racial contra los haitianos simplemente por su color de piel.

Basta recorrer las calles, avenidas, barrios y comunidades del país para comprobar la presencia de ciudadanos haitianos trabajando y desarrollando actividades económicas.

Los encontramos vendiendo en triciclos y otros vehículos, trabajando en el transporte, como motoconchistas, en servicios de entrega, en labores de limpieza, en residenciales, hoteles, fincas agrícolas y hasta en obras públicas.

Es una realidad visible. 

Por eso el debate debe ser serio.

Una cosa es controlar la inmigración irregular y otra muy diferente perseguir a una persona por su nacionalidad o por el color de su piel.

La ley debe aplicarse a todos.