¿Todas las vidas valen lo mismo?

Por Margarita de la Rosa

La Iglesia católica dominicana ha convertido la defensa de la vida desde la concepción en una de sus posiciones públicas más firmes y persistentes.

Cuando el debate sobre el aborto o las tres causales reaparece, su voz se escucha con claridad, con documentos, homilías, declaraciones, llamados a legisladores y gobernantes y movilizaciones en defensa del no nacido.

Está en su derecho. Es coherente con su doctrina.

Pero esa misma doctrina abre una pregunta que hoy resulta inevitable: ¿por qué no escuchamos con igual intensidad esa voz cuando quienes pierden la vida son ciudadanos adultos a manos de agentes del Estado?

No hablamos de unos pocos casos aislados. Para el 21 de septiembre de este año se contabilizaban al menos 180 personas fallecidas en hechos que la Policía Nacional ha reportado como “intercambios de disparos”. Solo en septiembre, el número ascendió a 37.

Treinta y siete vidas en un solo mes.

Imaginemos por un instante que estuviéramos hablando de 37 abortos en apenas unas semanas, o de 180 casos que la Iglesia considerara interrupciones deliberadas de vidas humanas.

¿Tendría el país delante una reacción eclesial de las mismas dimensiones que hemos observado ante estas muertes? La pregunta es legítima precisamente porque la Iglesia proclama que la defensa de la vida constituye un principio esencial.

Sería injusto afirmar que la Iglesia ha permanecido completamente callada. No es así. Voces de su jerarquía han cuestionado los llamados “intercambios de disparos”.

Hace apenas unos días, monseñor Carlos Tomás Morel Diplán advirtió que la delincuencia no puede combatirse eliminando personas y reclamó respuestas dentro del Estado de derecho.

Pero una declaración ocasional no resuelve la cuestión de fondo.

Lo que merece ser examinado es la diferencia de intensidad, frecuencia y movilización pública entre la defensa sistemática del no nacido y la reacción ante una sucesión de muertes que ya se cuenta por centenares.

Y existe un elemento todavía más inquietante.

En algunos episodios no estamos únicamente frente a sospechas surgidas de la opinión pública. Han circulado imágenes de actuaciones policiales que muestran personas aparentemente sometidas, con las manos levantadas o en el suelo, antes de recibir disparos.

En esos casos, la evidencia audiovisual obliga, cuando menos, a investigaciones independientes capaces de establecer responsabilidades y confrontar las imágenes con las versiones oficiales.

En otros casos no existe esa evidencia y corresponde mantener la presunción y esperar las investigaciones. Una cosa no debe confundirse con la otra.

Pero hay un principio que sirve para todos: la Policía no juzga ni condena.

Puede perseguir. Puede apresar. Puede responder proporcionalmente cuando existe una amenaza real e inmediata contra la vida de sus agentes o de terceros.

Pero una orden de arresto no es una sentencia de muerte, ni los antecedentes delictivos de una persona autorizan su ejecución. República Dominicana no contempla la pena de muerte.

Por eso, frente a esta realidad, la pregunta a la Iglesia no pretende enfrentar la vida del no nacido con la del adulto. Precisamente lo contrario.

Si la vida es sagrada desde la concepción hasta la muerte natural, como reiteradamente sostiene la propia Iglesia, entonces esa concepción obliga a mirar también hacia la calle. Hacia el sospechoso. Hacia el perseguido. Incluso, hacia quien haya cometido los delitos más atroces.

La defensa de la vida alcanza su verdadera dimensión cuando se sostiene incluso frente a la persona que la sociedad tiene razones para repudiar.

Por eso la interrogante permanece: ¿Por qué una institución capaz de levantar con tanta fuerza su voz por la vida antes del nacimiento no mantiene una movilización de magnitud comparable cuando las muertes de personas ya nacidas se acumulan en actuaciones de agentes del Estado?

No reclamamos que la Iglesia defienda menos al no nacido. Reclamamos coherencia con el principio que ella misma proclama, si toda vida tiene valor, toda vida merece que se levante la voz en su defensa.