Banca digital en un país de apagones: cuando la tecnología se convierte en una barrera

Por Margarita de la Rosa
La banca dominicana parece avanzar a pasos agigantados hacia la modernización tecnológica, mientras una parte importante de la población continúa enfrentando dificultades tan elementales como disponer de electricidad estable, acceso a Internet o conocimientos suficientes para manejar una aplicación bancaria.
Es una contradicción que merece atención.
Hoy, obtener una simple información sobre una cuenta, aclarar un descuento en una tarjeta o resolver una dificultad con una transacción puede convertirse en una verdadera carrera de obstáculos.
Primero hay que entrar a una aplicación, recordar una contraseña, recibir un código de verificación, utilizar un token o comunicarse mediante WhatsApp. Y cuando finalmente se logra superar ese laberinto tecnológico, no siempre aparece una persona capaz de escuchar y resolver el problema.
¿En qué momento hablar directamente con un representante de una institución bancaria se convirtió en un privilegio?
No estamos cuestionando la modernización ni las herramientas de seguridad que protegen los recursos de los ciudadanos. Todo lo contrario. Reconocemos su importancia frente a los fraudes electrónicos y otras modalidades delictivas.
Pero una cosa es garantizar la seguridad y otra muy distinta es complicarle la vida al cliente hasta convertir una gestión sencilla en una experiencia agotadora.
Un país con realidades muy diferentes
La República Dominicana no puede diseñar todos sus servicios financieros como si fuera una sociedad donde cada ciudadano dispone de un teléfono inteligente, conexión permanente a Internet, electricidad estable y suficientes conocimientos tecnológicos.
Nuestra realidad es otra.
Hay comunidades rurales donde los apagones forman parte de la cotidianidad. Hay personas envejecientes que nunca aprendieron a manejar aplicaciones digitales. Hay campesinos cuyo único teléfono apenas les permite realizar y recibir llamadas.
También existen ciudadanos con una escolaridad tan limitada que enfrentan dificultades para leer instrucciones, completar formularios o interpretar mensajes electrónicos.
¿Y qué ocurre cuando esas personas necesitan resolver urgentemente un problema con su dinero?
¿Deben depender de un hijo, un nieto, un vecino o cualquier otra persona que sepa manejar un teléfono inteligente?
¿Y qué sucede con la privacidad de sus cuentas y la seguridad de sus datos cuando tienen que recurrir a terceros para realizar operaciones que deberían poder gestionar personalmente?
Ahí encontramos otra contradicción: en nombre de la seguridad tecnológica podemos terminar empujando a los ciudadanos más vulnerables a compartir información financiera con otras personas.

Ni siquiera quienes usamos la tecnología estamos exentos
No soy experta en informática, pero tampoco estoy ajena a los avances tecnológicos.
Mi ejercicio periodístico me exige utilizar constantemente herramientas digitales para investigar, comunicarme, escribir, consultar informaciones y desarrollar mi trabajo.
Sin embargo, también encuentro dificultades cuando necesito una respuesta bancaria rápida y debo enfrentarme a sistemas automatizados que me conducen de una opción a otra sin ofrecerme la posibilidad inmediata de hablar con alguien.
Y entonces me pregunto: si a quienes utilizamos diariamente estas herramientas se nos presentan semejantes inconvenientes, ¿qué estará ocurriendo con aquellos ciudadanos que apenas saben encender un teléfono?
No podemos confundir la posesión de un celular con el dominio de la tecnología.
Mucho menos asumir que todas las personas disponen de los recursos económicos necesarios para pagar Internet, mantener un teléfono actualizado o desplazarse hasta una sucursal cuando los canales digitales no funcionan.
El costo oculto de la digitalización
La modernización bancaria promete ahorrar tiempo y facilitar las operaciones. Y ciertamente lo consigue para muchos usuarios.
Pero para otros representa gastos adicionales, frustraciones y una creciente dependencia tecnológica.
Cada gestión puede requerir datos móviles, electricidad, equipos compatibles y conocimientos que no están al alcance de todos.
A veces, lo que debería resolverse mediante una conversación de pocos minutos termina consumiendo horas.
Y cuando el cliente no consigue solucionar su problema por los canales digitales, debe trasladarse personalmente a una oficina bancaria, asumir gastos de transporte y enfrentarse, en ocasiones, a largas esperas.
¿Dónde quedó entonces el ahorro de tiempo que prometía la tecnología?
La seguridad no debe eliminar el trato humano
Las instituciones financieras tienen la obligación de proteger los recursos de sus clientes. Pero esa responsabilidad debe coexistir con otra igualmente importante: ofrecer información clara, atención accesible y soluciones oportunas.
Un sistema moderno debe permitir que el ciudadano pueda comunicarse con una persona real cuando los procedimientos automatizados no resuelven su necesidad.
También debe contemplar alternativas seguras para quienes no poseen teléfonos inteligentes, carecen de acceso a Internet o tienen dificultades para manejar plataformas digitales.
Las personas envejecientes y los ciudadanos con limitaciones educativas no pueden quedar relegados a una categoría de usuarios de segunda clase.
Corresponde igualmente a las autoridades encargadas de la supervisión bancaria y la protección de los usuarios financieros prestar atención a estas dificultades y promover mecanismos que garanticen servicios verdaderamente inclusivos.
Porque la inclusión financiera no consiste únicamente en facilitar que una persona abra una cuenta bancaria. También implica garantizar que pueda utilizarla, recibir información y resolver sus problemas sin enfrentar obstáculos desproporcionados.
Modernizar no significa deshumanizar.



