Buscan a un empleado habría desfalcado RD$60 millones con transferencias “hormiga”
Nuevo millonario ahora es prófugo y emiten orden de captura
SANTO DOMINGO, R.D.
Miembros del Ministerio Público y agentes del Departamento de Prófugos de la Policía Nacional mantienen una intensa persecución contra un ex empleado privado acusado de sustraer alrededor de RD$60 millones mediante un esquema de transferencias bancarias fraudulentas desde la empresa donde laboraba.
El perseguido fue identificado como Juan Luis Valdez Cascante, de 24 años de edad, oriundo del sector El Clavijo, Los Tocones, en Jayabo Afuera, municipio de Salcedo.
De acuerdo con las investigaciones, Valdez Cascante habría intervenido varias cuentas bancarias de la empresa para realizar múltiples transferencias electrónicas hacia sus cuentas personales y posteriormente distribuir el dinero entre unas 113 personas, quienes supuestamente entregaban el efectivo a cambio de una comisión.
Las autoridades indicaron que el fraude se ejecutó mediante la modalidad conocida como “pitufeo”, consistente en realizar cientos de transferencias de montos pequeños para evitar levantar sospechas en los sistemas bancarios y de control financiero.
Contra el imputado pesa la orden de arresto No. 2025-AJ0015030, de fecha 11-03-2025, emitida por la Oficina Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional.
El Ministerio Público también investiga a otros posibles autores materiales y cómplices que habrían recibido parte del dinero sustraído y que podrían enfrentar cargos penales en el transcurso del proceso investigativo.
Valdez Cascante y los demás implicados son acusados de robo asalariado, asociación de malhechores y violación a la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, por presunta violación de los artículos 379, 386-3, 265 y 266 del Código Penal Dominicano, así como el artículo 14 de la referida legislación tecnológica.
Las autoridades informaron que el sospechoso se ha mantenido oculto entre Bávaro, Punta Cana y Santiago de los Caballeros, lugares donde residen familiares cercanos.
El artículo 386 del Código Penal Dominicano establece penas de hasta 10 años de reclusión mayor cuando el robo es cometido por un empleado o asalariado aprovechando la confianza y el acceso otorgado por su posición laboral.
