El presidente del Comité Dominicano de los Derechos Humanos rechaza la llamada clave 29, exige que los sospechosos sean apresados y sometidos a la justicia, y emplaza al presidente Luis Abinader, a la procuradora Yeni Berenice Reynoso y al defensor del pueblo, Pablo Ulloa, a responder por las denuncias de muertes en supuestos intercambios de disparos.

Soy presidente del Comité Dominicano de los Derechos Humanos.

Me opongo categóricamente a las ejecuciones extrajudiciales que se pretenden justificar bajo el argumento de supuestos intercambios de disparos entre agentes policiales y personas señaladas como delincuentes.

En una sociedad que se rige por la Constitución y las leyes, a las personas sospechosas de cometer delitos hay que apresarlas, investigarlas y someterlas a los tribunales. No corresponde a la Policía decidir quién vive y quién muere. Para eso existe la justicia.

Sostenemos que numerosos casos presentados como intercambios de disparos deben ser investigados rigurosamente, pues existen denuncias y registros audiovisuales en los que, según se ha señalado, algunas personas aparecen rendidas, con las manos en alto o frente a sus familiares, antes de recibir disparos. Son hechos graves que no pueden quedar en el silencio ni despacharse con una versión oficial sin una investigación independiente.

La historia de la llamada clave 29, vinculada popularmente a la muerte de presuntos delincuentes, no comenzó ayer. En el país existen antecedentes que deben examinarse, entre ellos los casos conocidos, o donde se involucran a «Chi Chi Bolón» y a «La Soga». Es necesario investigar esa historia, establecer responsabilidades cuando corresponda y evitar que prácticas contrarias a los derechos humanos se repitan.

Las ejecuciones extrajudiciales contradicen el propósito de la reforma policial. No se puede hablar de modernización, profesionalización y respeto a los derechos fundamentales mientras persistan denuncias de personas muertas durante intervenciones policiales en circunstancias que requieren una explicación convincente.

A la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, le hacemos un llamado: que las denuncias de posibles ejecuciones extrajudiciales sean investigadas con independencia, que se preserven las pruebas y que los responsables, si los hay, sean sometidos a la justicia, sin privilegios ni excepciones.

Al presidente Luis Abinader también le planteamos una pregunta: ¿qué piensa el Gobierno sobre la llamada clave 29 y las denuncias de que algunos agentes policiales estarían actuando como jueces y verdugos? La seguridad ciudadana no puede construirse sobre la base de la muerte de personas que deben ser sometidas al debido proceso.

De igual manera, emplazamos al Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, a que explique públicamente qué acciones ha emprendido ante las denuncias de muertes en intervenciones policiales. ¿Ha investigado estos hechos? ¿Ha solicitado información a las autoridades? ¿Qué medidas ha promovido para proteger el derecho a la vida y garantizar que se esclarezcan las circunstancias de cada caso?

Si todavía no se ha realizado una revisión exhaustiva, solicitamos que se disponga una auditoría independiente de los casos denunciados, con el propósito de examinar las circunstancias de las muertes, los informes policiales, las evidencias audiovisuales, los testimonios y las actuaciones de los organismos investigadores.

No podemos aceptar como normal que una persona aparezca con las manos en alto, aparentemente rendida, y termine muerta a tiros sin que se ofrezca una explicación verificable ni se determinen las responsabilidades correspondientes.

El Comité Dominicano de los Derechos Humanos no defiende la delincuencia ni pretende impedir que la Policía enfrente a quienes violan la ley. Defiende el derecho a la vida, el debido proceso y la obligación de las autoridades de actuar dentro del marco legal.

Combatir el delito no significa autorizar la muerte fuera de la ley. La Policía debe perseguir a los delincuentes, apresarlos cuando sea posible y entregarlos a los tribunales. Y cuando una intervención termine con una persona muerta, las autoridades tienen la obligación de investigar lo sucedido con transparencia.

La pregunta sigue en pie: ¿quién investiga las muertes cuestionadas y quién responde cuando las evidencias contradicen la versión oficial?

El silencio no sustituye la justicia. La vida humana debe respetarse, y ninguna institución está por encima de la Constitución.