Derechos humanos entregan a la DICRIM a 3 jóvenes en SFM
Acompañados por la presidente de la Fundación Derechos Humanos Global, Rebeca Henríquez, los tres acudieron voluntariamente ante las autoridades para responder a requerimientos y aclarar su presunta vinculación con un caso de robo.
SAN FRANCISCO DE MACORÍS, R.D.
Tres jóvenes se presentaron voluntariamente el viernes, en esta ciudad y ante agentes de la Dirección Central de Investigación (DICRIM), acompañados por representantes de la Fundación Derechos Humanos Global y su presidenta, Rebeca Henríquez, luego de ser requeridos por las autoridades.
Los jóvenes acudieron por separado, pero dos de ellos estarían vinculados, de manera preliminar, a una misma investigación relacionada con un supuesto robo.
Ramón Díaz Pérez, «La Boita»
El primero en presentarse fue Ramón Díaz Pérez, conocido como «La Boita», quien acudió voluntariamente al DICRIM en un caso que, según la información suministrada, es independiente de los otros dos.
Díaz Pérez decidió presentarse ante las autoridades con el propósito de regularizar su situación y responder a cualquier requerimiento relacionado con su caso.
Jordi Pérez Tavárez
Posteriormente se presentó Jordi Pérez Tavárez, luego de que, según informaciones, agentes del DICRIM acudieran a su residencia en su búsqueda.
Pérez Tavárez decidió entregarse voluntariamente para responder ante las autoridades por su presunta participación en un caso de robo.
Josua Elia Almonte Ortega
El tercero en acudir al DICRIM fue Joshua Elia Almonte Ortega, quien, de acuerdo con las informaciones disponibles, estaría siendo requerido por los mismos hechos investigados en relación con el supuesto robo por el que también fue requerido Pérez Tavárez.
Almonte Ortega se presentó voluntariamente para aclarar su situación y responder ante las autoridades.
La Fundación Derechos Humanos Global acompañó a los tres jóvenes durante el proceso, como parte de las gestiones destinadas a garantizar que estos puedan comparecer ante las autoridades y ejercer sus derechos.
Hasta el momento, corresponde a los organismos investigativos determinar la responsabilidad individual de cada uno de los involucrados, por lo que la presunción de inocencia se mantiene hasta que una autoridad judicial determine lo contrario.
