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¿Está libre de pecado? Procurador ve funesta decisión favorece a Díaz Rúa y Rondón
SANTO DOMINGO, R.D.- El procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, calificó de “funesta” la decisión que varió la medida de coerción a los dos únicos prisioneros imputados en el sonado caso de los sobornos pagados por Odebrecht, Víctor Díaz Rúa y Ángel Rondón Rijo.
La decisión que favorece a ambos imputados adoptada por el juez Francisco Ortega Polanco, designado por la Suprema Corte de Justicia para conducir la Instrucción Especial de ese caso.
El juez Ortega Polanco varió la medida de coerción de un año de prisión preventiva, que había impuesto a Rondón Rijo, en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Najayo, en San Cristóbal, por una garantía económica de RD$70 millones, presentación periódica e impedimento de salida del país.
Igualmente, varió la medida de coerción de nueve meses de prisión preventiva a Díaz Rúa, por una garantía económica de RD$50 millones, presentación periódica e impedimento de salida del país.
Rodríguez expresó que aunque respeta esa disposición, la misma es como “la crónica de una muerte anunciada”, debido a la insistencia para que la audiencia, a tales fines, fuera celebrada en forma solapada, primero el pasado miércoles, a pesar de que el Poder Judicial había suspendido las labores ese día y la ciudadanía estaba atenta a que el país sería afectado por un huracán.
Afirmó que, sospechosamente, esta audiencia de revisión de medidas de coerción, luego fue pautada para efectuarse este viernes, en medio de que el país está centrado en auxiliar a quienes resultaron afectados por dicho fenómeno atmosférico.
Rodríguez apuntó, además, que esta resolución pone de manifiesto la inequidad con que algunos jueces aplican las leyes, y puso como ejemplo que las cárceles dominicanas están llenas de internos, acusados de cometer delitos mucho menos graves que los que se le señalan a los implicados en el caso de Odebrecht.
Sin embargo, agregó, a esos internos se les niega el otorgamiento de una fianza, para que también puedan conocer su proceso judicial en libertad.
El procurador indicó también que el expediente depositado hasta el momento por el Ministerio Público, además de las confesiones premiadas de los ex ejecutivos de la constructora brasileña, contiene evidencias similares a las que en otros países, han servido para mantener en prisión a quienes también están involucrados en este caso de corrupción transnacional.
Rodríguez recalcó que el ministerio público ha realizado correctamente la investigación sobre los sobornos pagados por Odebrecht e invitó a quienes por sus propios medios tengan acceso al contenido de esas evidencias depositadas por ante el juez de la Instrucción Especial, “para que indaguen y comprueben que siempre hemos dicho la verdad y nada más que la verdad”.
Reafirmó que el compromiso del ministerio público es procurar y lograr que los señalados en este caso sean ejemplarmente sancionados, por lo que seguirá trabajando incansablemente en la ampliación de estas pesquisas y en la recolección de más evidencias para presentarlas junto a la acusación formal correspondiente.
Empero, a pesar de que la propia Procuraduría reveló, en dicho expediente, que Odebrecht pagó sobornos para conseguir la asignación de todas sus obras en República Dominicana, ningún funcionario ha sido señalado por las irregularidades denunciadas en el proceso de licitación de las plantas al carbón de Punta Catalina.
Tampoco fueron sometidos a la justicia ningún legislador ni funcionario cercano al presidente Danilo Medina, pese a que muchos de ellos estuvieron involucrados en las firmas de contratos con la empresa brasileña.
«Aquel que esté sin pecado entre ustedes, que tire la primera piedra» (Juan 8:7).
El procurador general reiteró su enérgico reclamo para que los jueces que integran la Suprema Corte de Justicia asuman sin titubeos su responsabilidad en la lucha contra la corrupción y la impunidad, al tiempo de enfatizar que el Ministerio Público está haciendo bien su trabajo.
Empero, él –como máximo representante del ministerio público- también tiene que actuar con responsabilidad, imparcialidad y coherencia, enviando a la justicia a todos los involucrados en el caso Odebrecht, sin importar funciones o tendencias políticas.
El magistrado llamó la ciudadanía a permanecer atenta y vigilante ante las actuaciones de los jueces, destacando que además de las autoridades, luchar contra la corrupción y la impunidad es una tarea que debe involucrar la participación de toda la sociedad.
El procurador tampoco ha actuado en sonados casos de corrupción como el denunciado en la reparación del hospital Darío Contreras y en las denunciadas de sobrevaluaciones de los terrenos comprados en el Ministerio de Educación, durante la gestión de Amarante Pared.
Ningún caso de corrupción, donde estén involucrados colaboradores cercanos al presidente Danilo Medina, ha sido investigado por la actual Procuraduría General de la República.
La corrupción imperante en la administración pública y la impunidad, por doquier, dieron como resultado el nacimiento del movimiento Marcha Verde, cuyas denuncias de corrupción han sido constantes y sonantes.
