A Ángel Martínez lo trataron peor que a un narco… y Rubio reacciona

¡Buenos días…!

La detención de Ángel Martínez no fue un simple arresto. Fue una demostración obscena de fuerza, como si capturaran al líder de un cartel internacional, no a un comunicador incómodo, de 71 años de edad.

Lo arrastraron con todo el peso del Estado: fuerza militar, abuso policial, agresiones físicas y violaciones constitucionales. Fue un operativo más digno de un capo que de un ciudadano, que ha hecho de la palabra su única arma. Con esa actuación de las autoridades, hubo fiestas de narcotraficantes y delincuentes, que quieren ver muerto a ese detective.

A Ángel Martínez lo trataron peor que a los narcotraficantes que inundan nuestras calles de drogas. Peor que a los corruptos que saquean las arcas públicas sin consecuencias. Peor que a los mafiosos que se lucran del drama humano en la frontera con Haití. Lo castigaron por hablar, no por delinquir.

¿Cuál fue su crimen? Decir lo que muchos piensan y pocos se atreven a pronunciar. Su voz incomoda a los que se han convertido en los dueños del silencio. Por eso lo trataron peor que a los que envían yolas repletas de dominicanos a una muerte probable en el mar. Peor que a los contrabandistas que cruzan embarcaciones cargadas por la costa sur sin que nadie los moleste. Peor que a los que devastan los bosques con manos extranjeras y culpa prefabricada.

¿Y qué dice la ley? Que el Ministerio Público debe actuar en los casos de acción pública. Y no lo hace.  Pero el caso de Ángel Martínez, es un caso de acción a instancia privada. Un juez suplente decidió actuar como si estuviera en un caso de acción penal pública. El debido proceso se evaporó. Y el silencio institucional fue atronador.

Mientras tanto, los responsables de los desfalcos en la DIGESETT —denunciados por la propia Policía— han sido premiados, no procesados. En este gobierno, las auditorías no provocan justicia, sino ascensos. Y el director de la Policía, hoy transformado en constructor exitoso, no ha sido tocado ni con el pétalo de una investigación.

El mensaje del secretario de Estado de EE.UU.,  Marco Rubio, uno de los más influyentes del entorno del presidente Donald  Trump, fue cristalino:

“Los extranjeros que trabajan para socavar los derechos de los estadounidenses no deberían tener el privilegio de viajar a nuestro país.”

Y añadió:

“Durante demasiado tiempo, los estadounidenses han sido perseguidos por ejercer su derecho a la libertad de expresión en otros países. Hoy anunciamos restricciones de visas a funcionarios extranjeros y cómplices de la censura.”

Ese mensaje tiene destino. Y en República Dominicana algunos ya deberían tomar nota. Porque la Casa Blanca puede volverse negra para los que aquí creen que callar al mensajero es más importante que perseguir al delincuente.

Aquí, el presidente toma decisiones basadas en leyes derogadas. El Poder Judicial actúa como si el Código Procesal Penal fuera un estorbo. Y el Ministerio Público observa en silencio, mientras algunos se enriquecen desde cargos públicos, sin rendir cuentas.

Ángel Martínez fue tratado como el peor de los criminales. Pero su delito, si es que lo hubo, fue levantar la voz en un país donde el poder se incomoda con la verdad. Además de que su alegado “delito” no lo cometió en República Dominicana, sino en Estados Unidos.

Omar Fernández acaba de dar una lección: por encima de cualquier encuesta están los valores familiares. Que no lo pongan a pelear con su padre. Punto para él.

Hace tres años, el presidente Abinader dio el primer palazo para la Línea 2C del Metro, y aún, esa obra no tiene fecha para concluir. Quienes ejecutan la obra, lo han dejado muy mal parado ante la sociedad.

Presidente Abinader, actúe. Usted puede hacer que la Constitución funcione, amparándose en el artículo 128… Ponga en marcha un una “operación limpieza”, en todas las instituciones del Estado. Ahora mismo usted está:  Feo para la foto y estrujado para el video.