El tránsito es un verdadero infierno en el Gran Santo Domingo

SANTO DOMINGO, R.D.

República Dominicana enfrenta una de las crisis más graves de América Latina: una tasa de mortalidad por accidentes de tránsito que coloca al país en el primer lugar mundial, con 65 muertes por cada 100,000 habitantes.

Esta alarmante cifra supera a países como Zimbabwe, Venezuela y Arabia Saudita, y refleja una realidad diaria de caos vial, impunidad y descontrol institucional.

Las calles y avenidas del Distrito Nacional y los municipios de la provincia de Santo Domingo son un reflejo palpable de este desastre.

El caos es la norma, donde se destaca  conductores sin respeto por las señales, motociclistas sin casco ni matrícula, vehículos invadiendo aceras, semáforos inoperantes y una falta total de planificación urbana.

El tránsito se ha convertido en una tortura diaria para miles de ciudadanos que se ven obligados a soportar horas de espera y estrés.

En zonas como la avenida 27 de Febrero, la Winston Churchill, la John F. Kennedy y la autopista Duarte, el tráfico es un calvario constante.

Los conductores se ven obligados a avanzar a paso de tortuga, mientras que las autoridades parecen ausentes o incapaces de implementar soluciones efectivas.

Caos total en autopistas

Las principales vías del país, como la autopista Duarte, la Sánchez, Las Américas y la Autovía del Este, no están exentas del caos.

La falta de señalización adecuada, la ausencia de iluminación en tramos críticos y la proliferación de vehículos pesados que invaden carriles hacen de estas autopistas verdaderas trampas mortales.

Accidentes fatales son reportados con frecuencia, y la respuesta institucional sigue siendo insuficiente.

Incapacidad de las autoridades

A pesar de las estadísticas alarmantes, las autoridades dominicanas han sido incapaces de implementar políticas públicas efectivas para enfrentar esta crisis.

La falta de educación vial, la impunidad en las calles y la ausencia de una cultura de respeto por las normas de tránsito son evidentes.

Iniciativas como el Pacto Nacional por la Seguridad Vial, lanzado en 2025 con el objetivo de reducir las muertes en un 15% anual hasta 2030, han sido insuficientes. No hay resultados positivos, sino, cada vez más caos y en taponamientos en las vías.

Mientras tanto, la sociedad civil se organiza para denunciar la situación. Plataformas como @Accidentes_RD, con más de 700,000 seguidores, han surgido para visibilizar las infracciones y presionar por mayores controles. Sin embargo, estas iniciativas no han sido suficientes para generar un cambio real en la gestión del tránsito.

Una emergencia nacional

La situación del tránsito en República Dominicana es una emergencia nacional que requiere atención inmediata.

Es imperativo que las autoridades asuman su responsabilidad y adopten medidas efectivas para garantizar la seguridad vial. La vida de miles de ciudadanos está en juego, y el tiempo para actuar es ahora.

Cambios significativos

Entre 2017 y 2018, la República Dominicana experimentó una leve pero significativa disminución en la tasa de muertes por accidentes de tránsito, como resultado de varias iniciativas impulsadas por las autoridades nacionales.

La implementación de campañas de concienciación ciudadana, el fortalecimiento de operativos de seguridad vial y la modernización de los procesos de fiscalización del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) contribuyeron a una mayor regulación del tránsito y a la reducción de siniestros viales en zonas críticas del país. También se reforzó el uso del cinturón de seguridad y del casco protector, y se introdujeron controles más estrictos contra la conducción bajo efectos del alcohol.

Este esfuerzo fue reconocido por organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que destacaron a la República Dominicana como uno de los países de América Latina que, durante ese período, mostró avances concretos en la mejora de la seguridad vial.

En particular, se valoró positivamente la creación del Observatorio Permanente de Seguridad Vial y la aprobación de políticas públicas alineadas con el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011–2020.

Estos reconocimientos señalaron un cambio de rumbo, aunque también dejaron claro que los progresos eran aún incipientes y requerían continuidad y mayor compromiso institucional.

El principal artífice de ese período de mejoras en la seguridad vial y la fluidez del tránsito fue el entonces director de la DIGESETT, hoy mayor general retirado Frener Bello Arias.

Durante su gestión, logró conformar un equipo técnico y operativo altamente comprometido, que implementó un conjunto de medidas firmes y estratégicas.

Aunque muchas de estas acciones fueron inicialmente objeto de críticas, incluso por sectores opositores, con el tiempo demostraron su eficacia al reducir los accidentes y ordenar el flujo vehicular.

Tal fue su impacto, que quienes al principio cuestionaban su dureza terminaron reconociendo los logros alcanzados y aplaudiendo los resultados.

Marcado retroceso vial

Sin embargo, a partir del año 2019, la República Dominicana comenzó a experimentar un marcado retroceso en materia de seguridad vial, producto del abandono o relajamiento de muchas de las medidas que anteriormente habían mostrado resultados positivos.

El debilitamiento de los controles en las calles, la desarticulación de programas de fiscalización sostenida y la falta de continuidad en las campañas de educación vial provocaron un deterioro visible en la cultura del tránsito.

Uno de los signos más preocupantes de este retroceso fue la permisividad con que las motocicletas —muchas sin placas, ni cascos, ni documentos— comenzaron a circular abiertamente por túneles y elevados, violando normas básicas de seguridad y exponiendo a sus conductores y a otros ciudadanos a riesgos fatales.

Este descontrol progresivo fue alimentado por la ausencia de voluntad política para enfrentar la informalidad en el transporte y por la débil presencia de las autoridades en las vías públicas.

La falta de sanciones efectivas, la corrupción en los sistemas de licencias y la impunidad generalizada alentaron una conducta temeraria que hoy tiene consecuencias directas en el aumento de accidentes y muertes.

Lo que en años anteriores, 2017 y 2018,  fue un avance reconocido internacionalmente, rápidamente se diluyó, dando paso a un panorama cada vez más caótico e inseguro en las calles y autopistas del país.

Escándalos en la DIGESETT

Desde 2019 hasta la fecha, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) ha logrado destacarse, aunque no precisamente por mejoras en la movilidad ni en la seguridad vial.

Irónicamente, sus principales “logros” han sido una sucesión de escándalos, denuncias de irregularidades administrativas y cuestionamientos a sus tres últimas gestiones. 

La institución, que debería estar enfocada en imponer el orden en las calles, parece haber encontrado su verdadera vocación en el desorden interno, la opacidad en el manejo de recursos y la falta de resultados visibles en las vías.

Si existiera un premio al caos institucional, la DIGESETT tendría asegurado su lugar en el podio.