¡Alerta! Plan de Ordenamiento es un “traje a la medida” para consorcios energéticos legalizar el despojo de suelos estratégicos

Por Frank Valenzuela

MANZANILLO, R.D.

 En el rincón noroccidental de la isla, donde la Bahía de Manzanillo resguarda el sistema de manglares más extenso del país y un humedal protegido por el Convenio Internacional Ramsar, se libra una batalla silenciosa por el futuro del territorio.

No es una guerra con barricadas, sino con artículos, mapas y decisiones técnicas.

Según un análisis profundo del Centro Bahía de Manzanillo para el Desarrollo Regional (CEBAMDER), el Plan Municipal de Ordenamiento Territorial (PMOT) de Pepillo Salcedo —financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el mismo que respalda a uno de los consorcios energéticos beneficiarios y la modernización del puerto— constituye un sofisticado “traje a la medida” para legalizar el despojo, consolidar un enclave industrial y condenar a Manzanillo a ser una zona de sacrificio.

«Lo que estamos presenciando es la crónica de una catástrofe anunciada, ahora codificada en un instrumento de aparente legalidad», afirma Frank Valenzuela, presidente de CEBAMDER. «Este plan no ordena, desordena. No protege, desprotege. No planifica para la gente, sino para el capital.»

El plan, señala Valenzuela, ignora los daños ya sufridos por la comunidad: la destrucción de más de 500,000 metros cuadrados de bosque seco, la aniquilación de la pesca artesanal y del ecoturismo en Estero Balsa, la desaparición de la producción melífera y de la ganadería ovino-caprina. “Ahora quieren legalizar esa destrucción y acelerar el despojo con un marco jurídico disfrazado de desarrollo. Es una traición al futuro de Manzanillo”.

Un proyecto plagado de vicios legales y amenazas ecológicas

El análisis técnico del CEBAMDER al documento revela debilidades estructurales graves que lo vician de nulidad, como la omisión deliberada de la Evaluación Ambiental Estratégica, exigida por la legislación dominicana. Además, contiene múltiples artículos que funcionan como «comodines legales» y «regalos normativos», permitiendo la instalación de industria pesada en cualquier tipo de suelo —protegido, rural o urbano— con estándares de seguridad mínimos que desafían la lógica ambiental y científica.

La organización denuncia que el plan es incompatible con la vocación ecológica y productiva de la zona. De ser aprobado en su forma actual, significaría la pérdida irreversible del ecosistema Ramsar, la captura corporativa del gobierno local y un aumento drástico de la vulnerabilidad ante la crisis climática.

Uno de los puntos más controversiales es la inclusión de herramientas para el desplazamiento social, como los artículos 78 y 79, que declaran “fuera de ordenación” a comunidades enteras, congelando su desarrollo y allanando el camino para expropiaciones indirectas.

“Este modelo privatiza los beneficios millonarios en manos de unos pocos y socializa los costos ambientales, económicos y sanitarios entre la población más vulnerable”, sostiene CEBAMDER.

La resistencia crece: Manzanillo como símbolo de lucha territorial

Pese al sombrío panorama, el Centro Bahía de Manzanillo ve en la ilegalidad flagrante del plan una oportunidad para su judicialización, así como una vía para defender la autonomía municipal y sentar un precedente a nivel nacional.

La crisis ha catalizado una nueva unidad en la sociedad civil local, fortaleciendo su capacidad de negociación y movilización. Entre las propuestas emergentes está la exigencia de compensaciones reales, la creación de fideicomisos de desarrollo con veeduría ciudadana y la redefinición de un modelo económico sustentado en la marca “Manzanillo Sostenible”, que valore su riqueza natural en lugar de planificar su destrucción.