La FP reitera necesidad de declarar en “emergencia” el sector arrocero

SANTO DOMINGO, R.D.

El partido Fuerza del Pueblo (FP) advirtió este martes que el sector arrocero nacional atraviesa una crisis sin precedentes que amenaza la seguridad alimentaria y la estabilidad social del país.

La organización responsabilizó al Gobierno del PRM por la situación, a raíz de las importaciones desmedidas y la falta de planificación, factores que han generado un sobreinventario. En ese sentido, reiteró su llamado a declarar en estado de emergencia a este sector estratégico.

La posición oficial fue presentada por el Subgabinete Agroalimentario y Ambiental de la FP, integrado por las secretarías de Asuntos Agropecuarios, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Recursos Hídricos.

El documento fue leído en rueda de prensa por el ingeniero Héctor Acosta, secretario de Asuntos Agropecuarios, quien responsabilizó directamente al gobierno de llevar al borde del colapso a uno de los sectores más importantes para la producción y seguridad alimentaria del país.

Un desorden provocado por las importaciones

Acosta denunció que el desorden en las políticas de importación ha provocado que los muelles del país estén abarrotados de arroz extranjero, dejando en la ruina a miles de productores locales.

“El gobierno no solo hizo caso omiso a nuestras advertencias del pasado mes de julio, sino que sigue agravando la situación al autorizar importaciones masivas que destruyen la producción nacional”, expresó.

Recordó que en diciembre de 2024 el presidente Luis Abinader anunció con entusiasmo el Decreto 693-24, que prometía limitar las importaciones a 23,300 toneladas métricas bajo el DR-CAFTA. Sin embargo, lo que parecía un alivio “se convirtió en una estocada mortal” para un subsector que aporta más de 50 mil millones de pesos al PIB, genera 200,000 empleos directos y beneficia a unas 300,000 personas de manera indirecta.

Productores al borde de la quiebra

La FP describió la situación de los productores como una “tragedia dantesca”. Muchos han debido devolver sus camiones cargados de arroz a las fincas porque las factorías no tienen capacidad de almacenaje, mientras camiones cargados de arroz importado circulan frente a los campos nacionales.

Otro punto crítico señalado fue el mal funcionamiento del Programa Nacional de Pignoraciones, herramienta clave para estabilizar precios y garantizar almacenamiento. Acosta denunció atrasos en los pagos y calificó de “insólito y dañino” que se esté pignorando arroz importado en lugar de la producción local.

“El PRM pretende retroceder al 2004, cuando los molineros estaban asfixiados por una deuda de pignoración de 1,100 millones de pesos, situación que fue resuelta en un solo pago por el presidente Leonel Fernández”, recordó.

Cifras alarmantes

Los datos expuestos reflejan la magnitud de la crisis:

• Inventario nacional: 8.1 millones de quintales de arroz pulido en almacenes y canales de distribución.
• Cosechas pendientes: entre 4 y 4.5 millones de quintales adicionales.
• Proyección 2026: para marzo habría un inventario de 5.1 millones de quintales, muy por encima de la demanda necesaria para tres meses de consumo, incluso sin nuevas importaciones.

Además, los productores enfrentan una tara superior al 50% en muchos casos, lo que reduce drásticamente el valor del producto. El precio por fanega también cayó de 3,700 a 3,600 pesos, golpeando aún más la rentabilidad.

Críticas a la pasividad oficial

La organización cuestionó la actitud de las autoridades en la última reunión de la Comisión Nacional Arrocera (CONA). “Es inaceptable que se limiten a decir que informarán al presidente Abinader, cuando más de 14 provincias dependen de esta actividad para sobrevivir”, expresó Acosta.

Medidas urgentes

Finalmente, en nombre del Subgabinete Agroalimentario y Ambiental, Héctor Acosta presentó nueve medidas urgentes, entre ellas:

• Declarar en estado de emergencia el sector arrocero.
• Prohibir la pignoración de arroz importado.
• Suspender nuevas importaciones hasta 2027.
• Repatriar el arroz que permanece en los muelles.
• Pagar de inmediato la pignoración atrasada.
• Habilitar factorías cerradas.
• Garantizar una planificación racional de la siembra de primavera 2026.