¡COOPACRENE en pie de guerra! Piden frenar “intervención ilegal” del IDECOOP
Accionantes recurren ante el TSA y piden suspender decisión del IDECOOP sobre COOPACRENE
SANTO DOMINGO, R.D.
Miembros del Consejo de Administración de la Cooperativa de Ahorros y Créditos Neyba (COOPACRENE) solicitaron al Tribunal Superior Administrativo (TSA) la adopción de una medida cautelar anticipada con el fin de suspender los efectos de la decisión emitida por la presidenta administradora del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP), Maritza López de Ortiz, relativa a la designación de un gerente general interino en esa entidad financiera.
La instancia fue presentada por el abogado Dr. Víctor Eddy Mateo Vásquez, quien sostiene que la resolución del IDECOOP, contenida en la comunicación PA-0915-E, de fecha 6 de noviembre de 2025, viola principios esenciales del derecho administrativo, especialmente el referido a la competencia exclusiva del Consejo de Administración para elegir al Gerente General, conforme lo establece la Ley 127-64 sobre Sociedades Cooperativas.
La controversia con el IDECOOP
La decisión del IDECOOP dispone la designación de Cecilio Enrique del Valle Pérez como Gerente General Interino, argumentando que supuestas limitaciones internas impedirían al Consejo de Administración completar formalmente su estructura para realizar la elección correspondiente.
Sin embargo, los accionantes afirman que esa intervención vulnera los principios de legalidad, competencia y debido proceso administrativo previstos en la Ley 107-13, al atribuirse el órgano regulador una facultad que —según alegan— corresponde únicamente al Consejo de Administración, amparados tanto en la Ley 127-64 como en los estatutos de COOPACRENE.
Solicitud ante el TSA
Los solicitantes piden al TSA ordenar la suspensión provisional del acto administrativo mientras el tribunal analiza la legalidad de la medida. Consideran que la actuación del IDECOOP constituye una afectación directa a la autonomía cooperativa y al funcionamiento interno de la entidad.
En la instancia depositada, destacan que el propósito principal de su acción es preservar la institucionalidad del sector cooperativo, garantizar el respeto al marco jurídico vigente y evitar precedentes que, a su juicio, podrían debilitar la gobernanza interna de las cooperativas en la República Dominicana.
