Abinader parece teme destapar el caos podrido en la Policía… ¡Qué investigue!

Buen día…

Si el país supiera todo lo que se denuncia —y lo que se oculta— dentro de la Policía Nacional, el escándalo superaría, y por mucho, el caso Senasa.

Pero los escándalos en la Policía, maquillados bajo el rótulo de una supuesta “reforma”, parecen estar destinados a continuar.

Todo indica que al presidente Luis Abinader no le inquieta lo que ocurre —ni lo que ha ocurrido— en el corazón de la uniformada, una institución creada para imponer orden y hoy convertida en un desorden institucionalizado.

El presidente negó en su momento la denuncia del “maco” en Senasa y, cuando ya no tuvo más remedio que intervenir, los resultados de la investigación fueron devastadores.

Ahora, todo apunta a que Abinader evita ordenar una investigación profunda dentro de la Policía Nacional porque no quiere enfrentar otro desastre de alcance nacional: uno peor que Senasa y tan corrosivo como el narcopolítico que carcome las bases de su propio PRM.

Por tanto, no sorprende que el presidente hable de una supuesta transparencia en su gobierno, una narrativa que hoy no pasa de ser un mito. Se intenta “pintar pajaritos” mientras se esconden las verdaderas maravillas de la impunidad que han florecido bajo su administración, beneficiando a muchos que han sido señalados públicamente como corruptos y que, en un gobierno realmente transparente, ya estarían acorralados por auditorías serias y consecuencias judiciales.

Según denuncias internas, a policías de todos los rangos se les aplican descuentos irregulares de 4, 6, 8, 10 y hasta 12 mil pesos, tanto al sueldo como a la regalía pascual. Algo histórico, nunca visto y no contemplado en la ley, más allá de los descuentos normales. Nadie explica el porqué. Nadie rinde cuentas.

Pero eso no es todo. También se habla de la venta de “incentivos de lujo” a personas que no desempeñan ninguna función real, con un objetivo claro: que al momento de ser pensionados esos incentivos inflen la pensión junto al sueldo base. Negocio redondo… pero para unos pocos.

A esto se suma el proyecto de reforma a la ley policial que se discute actualmente. De confirmarse estas prácticas, estaríamos ante una bomba financiera que el Estado simplemente no podrá sostener.

Las denuncias incluyen algo aún más grave, que debe ser investigado, pero con seriedad, con responsabilidad y sin dejar cabo suelto, como son:

–  venta de ascensos por adelantado,
–  cobros para colocar incentivos de RD$40,000,
– otros que ascienden a RD$350,000 y más.

Todo de forma escalonada y sistemática.

Las miradas apuntan más allá del titular de la institución. Asistentes, financieros y anillos cercanos aparecen señalados como parte del engranaje. Lo alarmante es que estas denuncias no son nuevas: se han presentado, se han repetido y no se ha hecho nada.

Desde que ese señor llegó a la Policía —dicen quienes conocen el terreno— la corrupción se siente por todos los pasillos. Y aun así, el presidente lo mantiene, incluso violentando la propia ley orgánica. Luego no vale decir “no lo sabíamos”, cuando están a la vista las construcciones, los bienes y el crecimiento patrimonial de ayudantes y asistentes.

Un ejemplo concreto, y ojo con esto: en el listado de pensiones, el número 407 corresponde al segundo teniente Rubén Darío Puello, persona de confianza del jefe policial. La pregunta es obligada:

• ¿por qué fue pensionado con RD$160,000 mensuales?
•  ¿Cómo se justifica esa cifra?
• ¿Bajo qué criterio legal?

Esto amerita una investigación con lupa, pero sin la transparencia que enarbola el presidente Abinader, pues de ese modo, todo quedará reducido a una simple cábula.

Según las denuncias, no fue un caso aislado. Se colocaron pensiones infladas a oficiales subalternos e incluso a alistados, sin explicación técnica ni legal.

• Esto no es chisme.

• Esto no es politiquería.

• Esto es una advertencia.

Y lo informamos para cuando la tapa salte, que no digan que nadie habló. Ya se habló. Y fuerte. Investiguen. Todo indica que los múltiples problemas de personas vinculadas al PRM —incluidos dirigentes, legisladores, alcaldes y regidores señalados o solicitados en procesos judiciales— han puesto al presidente Luis Abinader en estado de alerta.

El mandatario ya no disimula su incomodidad, muestra disgusto, evasivas y evita el contacto cercano con muchos de los suyos, especialmente en actividades públicas en el interior del país.

Cuentan que la seguridad presidencial ha cerrado el cerco y ya no permite que dirigentes y miembros conocidos del partido de gobierno se acerquen con la facilidad de antes. Eso tiene a más de uno molesto. Es cierto que siempre han pululado buscadores de cargos y vividores del poder, pero desde hace un tiempo los controles son más estrictos. Algo cambió.

También se comenta que personas con serios cuestionamientos buscan desesperadamente una foto con el presidente, usando imágenes viejas para aparentar cercanía y protección. Varios de esos rostros, según se dice, están bajo investigación del Ministerio Público por corrupción, lavado de activos o vínculos con el narcotráfico. La foto ya no salva.

En el ambiente político flota una gran incógnita. Dirigentes del gobierno y del propio PRM están, como cantaba Fernando Villalona, confundidos. Aún no se explican por qué, por orden del Palacio Nacional, se cambió a última hora el lugar de la inauguración de la carretera El Cercado–Hondo Valle, originalmente pautada en Hondo Valle. El traslado dejó muchas preguntas sin respuesta.

Lo cierto es que el presidente Abinader parece decidido a poner distancia, a todos los niveles, de personas señaladas por conductas impropias, incluidos funcionarios. Esa actitud alimenta con fuerza los rumores de cambios en el tren administrativo. Ay, mi madre…

Y hablando de cambios, se da casi por seguro que el presidente va a remenear la mata. Algunos dicen que antes de terminar el año; otros, que en enero. Hay quienes aseguran que los primeros en salir serán los dirigentes del PRM con aspiraciones presidenciales. En el caso de Tony Peña Guaba, ni siquiera habrá que empujarlo: él mismo anunció que renunciará en enero.

Circula con fuerza la versión de que Eduardo Sanz Lovatón (Yayo), bien valorado en Aduanas, sería movido del cargo, no por su precandidatura, sino —según se comenta— para asumir el Ministerio de Turismo. De confirmarse, habría movimientos importantes en ambas instituciones.

Uno que debería estar con las barbas en remojo es Milton Morrison. Profesional bien formado, sí, pero cuestionado por improvisaciones. En Edesur fue criticado por cancelar personal con años de servicio; ahora, en el Intrant, la colocación de reductores de velocidad sin señalización provocó accidentes y malestar generalizado. Una travesura peligrosa.

Sigue pendiente una explicación pública: ¿de dónde salió el dinero —cerca de un millón de dólares— para la compra de una vivienda en Miami? Preguntar no es ofender.

El caso Senasa sigue picando y extendiéndose. Siete implicados cumplirán 18 meses en Najayo Hombres; tres empresarios lo harán en arresto domiciliario. Ellos sí celebrarán Nochebuena en familia. Así cualquiera.

Para subirle sazón, el procurador adjunto Wilson Camacho anunció la “Operación Cobra 2.0”, con nuevos implicados. Vuelve una vieja advertencia: duerman con ropa.

Y ya que hablamos de instituciones, una pregunta al Tribunal Constitucional: ¿para qué existe la Unidad de Seguimiento de Ejecución de Sentencias (USES)? Sería sano que informe cuántas sentencias ha logrado hacer cumplir.

No estaría mal revisar las decisiones del TC desacatadas por órganos del Estado. Esa revisión podría empezar en el Palacio Nacional. El presidente dio instrucciones claras, pero parece que el consultor jurídico Antoliano Peralta Romero no se ha dado por enterado.

Dicen que una cosa piensa el burro… -y otra muy distinta, el que lo apareja.