DISTRITO NACIONAL, R.D.

El expresidente del Colegio de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), Teodoro Tejada, afirmó que es plenamente constitucional aplicar la Ley 83-24 a todas las obras del Estado cuyos presupuestos se encuentran afectados por el denominado “nudo legal” heredado de administraciones anteriores, con el fin de modificar los contratos y permitir la continuidad de sus ejecuciones.

Tejada explicó que dicho “nudo legal” abarca obras ya inauguradas durante el gobierno de Danilo Medina, pero que quedaron con cubicaciones finales pendientes, debido a que los costos reales superaron el 25 % del monto contratado, violando la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones.

Recordó que el presidente Luis Abinader sometió una modificación a la Ley 118-21 con el propósito de permitir la terminación de obras paralizadas —o no iniciadas— por falta de partidas presupuestarias, precisamente porque los incrementos en sus costos excedían el porcentaje legal permitido.

Argumento constitucional

Tejada sostuvo que aplicar la Ley 83-24 a todas las obras públicas que superaron el 25 % de incremento presupuestario es legítimo, necesario y constitucional, ya que protege el interés general.

“De lo contrario, se estaría incurriendo en violación a derechos fundamentales consagrados en la Constitución, como el artículo 39 sobre igualdad, el artículo 50 sobre libertad de empresa, el artículo 62 sobre derecho al trabajo y el artículo 75, numeral 1, relativo a los deberes fundamentales”, afirmó.

Defensa del interés público

El también exsubsecretario de Obras Públicas destacó que el propósito de estas modificaciones legales es otorgar a las instituciones contratantes la facultad de ajustar de manera excepcional ciertas condiciones de los contratos de obras públicas, cuando sea necesario para salvaguardar el interés público y evitar la paralización de proyectos esenciales.