El gobierno no permite ni música en Navidad

Buenos días.

El pueblo no quiere acuerdos.
El pueblo quiere justicia.

Los ladrones de cuello blanco, los responsables de desfalcos al Estado, deben enfrentar la cárcel, y la Procuraduría General de la República tiene el deber de solicitar al Poder Judicial la incautación de bienes obtenidos de manera ilícita.

Mientras sigan los “acuerdos”, seguirá la corrupción. Mientras haya pactos, la impunidad seguirá reinando en la República Dominicana.

Es una vergüenza nacional que personas señaladas públicamente por graves irregularidades en el manejo de fondos de SENASA, que habrían dejado a miles de dominicanos sin acceso oportuno a medicamentos, hoy estén tranquilamente en sus casas, sin mayores consecuencias visibles. Eso no fortalece la justicia: envía el mensaje de que robar vale la pena.

Esto confirma lo que muchos temen: el “cambio” prometido por el presidente Luis Abinader llegó de reversa… y sin menudo.

La transparencia que tanto se proclamó terminó siendo solo un color de campaña. La impunidad que se prometió combatir resultó ser, para muchos, un cuento para entretener incautos.

El PRM y su gobierno exhiben hoy un saldo alarmante:

• no hay seguridad ciudadana,
• no hay confianza institucional,
• y la violencia crece mientras la gente muere no solo por la carestía de la vida, sino también por los tiros policiales.

Estamos en Navidad, tiempo de recogimiento y esperanza, pero lo que domina las calles es el miedo:

• miedo a la delincuencia
• y miedo a sectores de la Policía Nacional.

No a la institución como tal, sino a los mandos responsables de operativos abusivos, señalados reiteradamente por excesos, maltratos y hechos de sangre que exigen respuestas claras.

Y hay algo aún más grave que no puede seguir ocultándose: denuncias reiteradas de extorsión contra ciudadanos haitianos indocumentados.

Agentes los detienen, los suben a unidades, los pasean durante horas y les exigen “fianzas” que comienzan en 20 mil pesos o más, bajo amenaza de entregarlos a Migración.

Eso no es control migratorio: eso es robo y extorsión.

Peor aún: se han reportado operativos donde, de madrugada, agentes tocan viviendas de haitianos ofreciendo supuestas “cajas navideñas” en nombre del presidente, para luego apresar a los residentes y, en algunos casos, saquear las casas. Y eso no es autoridad. Eso es abuso de poder. Y eso hay que investigarlo y debe haber consecuencia.

Circulan versiones —que ojalá no sean ciertas— sobre supuestas protecciones políticas en los altos mandos policiales. Se habla hasta de «socios». Y están poniendo a correr la versión de que el presidente Abinader y el director de la Policía son «socios». Pero, «socios» ¿de qué? No queremos creerlas, pero el silencio oficial alimenta la sospecha. A esto se suman declaraciones públicas de figuras políticas y religiosas que comparan el escándalo de SENASA con uno de los mayores fraudes bancarios de nuestra historia: el hoyo de BANINTER.

Que se diga eso, sin consecuencias claras, es otra señal del deterioro institucional.

También resulta preocupante que figuras del pasado político, como Hipólito Mejía, reaparezcan promoviendo a su hija para la Presidencia, mientras barrios enteros del Distrito Nocional, donde ella es alcaldesa, siguen abandonados entre basura y miseria.

Hoy, incluso, la vicepresidenta Raquel Peña, cuya imagen pública había sido sólida, aparece mencionada en debates y rumores vinculados a SENASA. No se trata de condenar, sino de exigir investigaciones completas, creíbles y sin vacas sagradas. Noventa y cinco mil millones de pesos no son pajas de coco.

Presidente Abinader, investigue a fondo lo de Banreservas. No repita el error de negar lo evidente para luego improvisar explicaciones cuando el daño ya está hecho. Ejemplo: Caso Senasa.

Explique también por qué se aplicaron descuentos de hasta 13 mil pesos a incentivos de miembros de la Policía. Eso es un golpe directo a agentes que viven con salarios limitados, mientras la cúpula, supuestamente, no se toca. Y basta ya del engaño de la llamada reforma policial.

Así como Marcha Verde terminó en frustración, esa reforma hoy luce como otro espejismo.

Mientras tanto, un comunicador enfrenta grillete y procesos por decir lo que muchos callan, y personas señaladas por desfalcos multimillonarios cumplen prisión domiciliaria, en lugar de estar en Najayo o La Parras.

Eso no es justicia. Eso es desigualdad ante la ley.

No se puede matar jóvenes, reprimir barrios y prohibir hasta la música en Navidad, mientras el pollo sube, el dólar aprieta y la vida se vuelve insoportable.

Presidente Abinader, el país no necesita más discursos. Necesita ley, justicia real y consecuencias.

Recuerde: cuando la impunidad se vuelve política de Estado, la Navidad se apaga, la esperanza muere, y la gente deja de creer. Y eso es lo que está pasando.